El gobierno interino de Venezuela iniciará un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición en agosto, siete meses después de la caída del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, anunció el martes el presidente de la Asamblea Nacional. Apenas unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que ha dejado más de 4.700 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Durante su visita relámpago, Figuera, que cuenta con el respaldo de Washington, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores. En un comunicado difundido por la plataforma Telegram, Jorge Rodríguez escribió el martes: “A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto”.

Figuera encabeza desde 2023 una comisión que representa a esa legislatura, que estuvo bajo control de la oposición, pero fue marginada por Maduro y es reconocida por Washington como el órgano legislativo legítimo de Venezuela.

En respuesta al anuncio de Rodríguez, Figuera dijo en un mensaje en X que asumía “el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (...) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”.

Según un comunicado de los exparlamentarios opositores del que se hizo eco Figuera en X, la agenda priorizará “el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”.

El Parlamento retomó el martes sus sesiones en una sede alterna debido a que el Palacio Legislativo “sufrió daños importantes” por los terremotos, informó Jorge Rodríguez, antes de los debates.

Durante esta sesión, el líder parlamentario dio a conocer el fallecimiento de una diputada y su hija durante los sismos. “Rindo homenaje a Jessica Carolina de León, nuestra diputada” que murió con su hija en la tragedia, dijo Rodríguez.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el exilio desde finales del año pasado, no se ha referido a los avances de Figuera iniciados el mes pasado. Machado reivindicó la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en los cuestionados comicios de 2024, en los que Maduro fue declarado vencedor entre denuncias de fraude.

Tras la captura de Maduro en enero, actualmente preso en Nueva York por cargos de narcotráfico, tanto Machado como González Urrutia han pedido nuevas elecciones presidenciales. La líder opositora había manifestado a fines de mayo su “determinación” a negociar una transición democrática con el gobierno de Rodríguez.

En plena crisis por los terremotos, Machado acusó a las autoridades de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para impedirle volver al país, de donde salió de forma clandestina a recoger el Nobel en Oslo en diciembre.

Expertos señalan que la insistencia de Machado en regresar va en “contracorriente” con los intereses de Washington.

Esto “la ha marginado más en el proceso de transición” política, indicó a la AFP Juan Manuel Trak, profesor de la Universidad de Salamanca en España.

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, asumió el poder de forma interina en enero luego la caída de Maduro.

Desde entonces ha liberado a presos políticos, aunque aún hay más de 370 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.

La mandataria impulsó reformas en el sector minero y petrolero para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, así como yacimientos de oro, bauxita y coltán, a capitales extranjeros.

En marzo, Washington y Caracas acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, tras siete años de ruptura bajo Maduro.

La mandataria designó el lunes como su nuevo canciller a Félix Plasencia, quien fungía como su representante diplomático en Estados Unidos, y fusionó la cartera de Relaciones Exteriores con la de Comercio Exterior. El martes, nombró al ministro de Comercio Exterior, Johann Álvarez Márquez, como su nuevo jefe de misión diplomática en Estados Unidos.

Fuente: AFP.

El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó ayer martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados. Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la “guerra” antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.

El proceso inició contra 485 imputados el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado. La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.

Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.

Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.

Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.

El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.

“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.

Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida. Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

Publicista de 44 años, el mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo. “Ha sido un cambio significativo, antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlo los cinco, diez, 15 años que quiera permanecer. Es el único que puede darnos esta tranquilidad”, dijo el lunes a la AFP Julio Flores, de 40 años, dueño de una venta de comidas de San Salvador.

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales fue a costa de violaciones a los derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una “muerte de la democracia”.

“Aunque ha habido un avance en la seguridad, no es bueno para la democracia que Bukele vaya nuevamente como candidato”, declaró el lunes a la AFP Miguel Hernández, transportista de 35 años, quien resiente además el aumento del costo de vida.

Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa.

En las internas, el partido también designó a sus candidatos a diputados y alcaldías.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

Pese a su popularidad de más del 85 % según encuestas, Bukele es señalado por sus críticos de autócrata al controlar el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un “dictador cool” y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.

Leal a su “amigo” el presidente Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a la megacárcel que construyó para pandilleros. Al ser liberadas, esas personas denunciaron torturas y abusos.

Afianzado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo hace un año a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental y restricción de libertades.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y otros locales como Cristosal y Socorro Jurídico -ahora en el exilio- aseguran que Bukele usa el régimen de excepción para silenciar a sus críticos.

Fuente: AFP.

El gobierno interino de Venezuela y una exparlamentaria opositora iniciaron el jueves un diálogo sobre una transición democrática, con el respaldo de Estados Unidos, anunció el Departamento de Estado. El encuentro ocurre a casi seis meses de la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense. Delcy Rodríguez asumió en enero la presidencia interina de Venezuela y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

La exparlamentaria Dinorah Figuera, que llegó a Venezuela el jueves tras ocho años en el exilio, dijo a la prensa que regresó invitada por Estados Unidos para negociar con el gobierno interino la constitución de una autoridad electoral “creíble”. Unas horas después de su arribo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, la recibió para sostener una primera reunión “en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015 a 2020”, indicó la Asamblea Nacional en un comunicado.

El Departamento de Estado respaldó el encuentro y lo describió como una ocasión para “debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”, según un comunicado. La agenda incluirá “temas clave” como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política, añadió.

Figuera se desvinculó de la líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, que recientemente lanzó junto a otros dirigentes políticos su “manifiesto de Panamá” para negociar la transición.

“En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos (...) en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble”, dijo Figuera a la prensa a su llegada en el aeropuerto.

En abril, Figuera se había reunido con un funcionario del Departamento de Estado “para conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada”, según un mensaje en español publicado entonces por la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, dijo a principios de junio en una audiencia en la Cámara de Representantes que Venezuela necesita “un nuevo comité electoral”, para poder “celebrar elecciones con garantías”.

Machado ha pedido el acompañamiento de Estados Unidos para “impulsar una negociación política” que permita “recuperar la democracia en Venezuela”.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó reelecto en medio de denuncias de fraude.

En 2023 Figuera asumió, desde el extranjero, la presidencia de una comisión parlamentaria simbólica.

Los diputados opositores que la conforman habían sido electos para el período legislativo 2016-2020, y marginados por Maduro. Desde entonces, Estados Unidos reconoció la legitimidad de estos parlamentarios.

Figuera, médico de 65 años, se exilió en España tras denunciar “amenazas y acosos” por haber sido vocera oficial en el caso de la muerte en prisión de su compañero en el partido Primero Justicia, Fernando Albán, quien falleció el 8 de octubre de 2018.

Fuente: AFP.