• San Salvador, El Salvador. AFP.

Estados Unidos calificó a El Salvador como un país seguro para que lo visiten sus ciudadanos debido a una drástica reducción de la violencia, una decisión celebrada por el presidente Nayib Bukele. El cambio es consecuencia de la guerra contra las violentas pandillas lanzada hace tres años por Bukele, que permitió que los homicidios bajaran de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2024.

Y se produce luego de que la Casa Blanca anunciara que Trump recibirá a Bukele la próxima semana. La administración de Donald Trump redujo el nivel de alerta para los viajes al país centroamericano, pues “la actividad de pandillas, los delitos violentos y los asesinatos en El Salvador han disminuido significativamente”, informó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la red X.

“Mantener seguros a los estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad”, agregó Rubio, quien aseguró que el “liderazgo” de Bukele ha sido crucial para mejorar la seguridad en el país. “El Salvador acaba de recibir la estrella dorada de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nivel 1: el más seguro”, se congratuló Bukele en X.

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Bukele mantiene presos a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, que asegura sin dar pruebas que son criminales. Sin embargo, el gobierno de Caracas y sus familias afirman que eran apenas migrantes. El 27 de marzo de 2022, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que se financiaban con el cobro de extorsiones y venta de drogas.

El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, acumula más de 86.000 detenidos, de los cuales 8.000 han sido liberados por ser inocentes. Organismos de derechos humanos denuncian abusos bajo el régimen de excepción y afirman que hay muchos inocentes tras las rejas.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el 14 de abril en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuya cooperación “se ha convertido en un modelo para otros”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt. Bukele es un gran aliado de Trump, prestándose a recluir a deportados en sus prisiones, sobre todo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros.

En esa prisión fueron recluidos 238 venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, acusados sin presentar pruebas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Venezuela lo considera un secuestro.

“Hablarán sobre la colaboración de El Salvador para usar su prisión de máxima seguridad para los pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13″, afirmó Leavitt en rueda de prensa. En esta “visita de trabajo oficial” Trump tendrá la oportunidad de agradecer a Bukele su cooperación. Lo ha hecho varias veces públicamente. “Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente (Nayib) Bukele, por su comprensión ante esta horrible situación” (...) ¡No lo olvidaremos!”, escribió en marzo.

Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83.000 personas han sido detenidas. Unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes. Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.

• Caracas, Venezuela. AFP.

El gobierno de Venezuela anunció ayer domingo la reducción de la jornada laboral en la administración pública debido a la “emergencia climática” reflejada en el descenso de los embalses, vitales en la producción de energía eléctrica en el país. La medida, que comenzará el lunes 24 de marzo, recuerda a las aplicadas durante los años 2016 y 2018 por el presidente Nicolás Maduro, que alertó entonces sobre la reducción del caudal en la hidroeléctica Guri, que genera 80% de la energía al país, por la sequía.

“Producto de la emergencia climática que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina”, indicó el gobierno en un comunicado.

Por ello, “se ajustará el horario laboral desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm durante las próximas seis semanas”. Además, “se declara el 1×1, que consiste en un día laborable por un día no laborable”. De esta forma, la atención en las oficinas públicas se reducirá a tres días a la semana con jornadas de cuatro horas y media. Los organismos a cargo de servicios esenciales quedan exceptuados.

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El gobierno llamó a la población a acompañar estas acciones con medidas como el “ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23°C, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos” cuando no se estén utilizando.

En 2019, luego de un apagón masivo, también se redujo la jornada laboral y se suspendieron las clases. Los racionamientos eléctricos son habituales desde hace más de 15 años en los estados del interior. Entre 2019 y 2024 el país ha quedado a oscuras por días debido a apagones que expertos atribuyen a falta de mantenimiento y el gobierno achaca a sabotajes.

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• San Salvador, El Salvador. AFP.

El Salvador recluyó ayer domingo en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador.

“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, informó en la red social X el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien precisó que también fueron enviados 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos dos cabecillas.

Bukele publicó un video que muestra el operativo de traslado “inmediato” de los detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, 75 km al sureste de San Salvador, donde, dijo, permanecerán por “un período de un año (renovable)”. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero en El Salvador, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a “peligrosos criminales” que enviara el gobierno de Trump.

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Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, de origen venezolano; a la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, y a seis cárteles mexicanos. Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declararlos “enemigos extranjeros” bajo la ley de hace más de dos siglos.

Ante esa decisión, el gobierno venezolano consideró este domingo que Trump “criminaliza” a migrantes de la nación sudamericana usando esa antigua ley que calificó de “anacrónica”. “Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana”, reza un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro.

Los tres aviones con los presos aterrizaron en el aeropuerto internacional de El Salvador. En los videos divulgados por el gobierno salvadoreño se ve a los militares cuando bajan de los aviones a los detenidos encadenados, y los suben a autobuses para llevarlos al Cecot. A su llegada a la cárcel de máxima seguridad, fueron arrodillados mientras decían sus nombres a los agentes penitenciarios, quienes les raparon sus cabezas. El video mostró también cómo fueron ingresados a sus celdas vestidos con pantalón corto, camiseta y calcetines blancos.

“Estamos ayudando a nuestros aliados, haciendo autosostenible nuestro sistema penitenciario”, agregó en X Bukele, al señalar que “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta” para El Salvador. Este domingo, en su plataforma Truth Social, Trump agradeció a Bukele. “Estos son los monstruos que el corrupto (expresidente) Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país”, escribió Trump.

Bukele lanzó el Cecot hace tres años en el marco de su cruzada contra las pandillas, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por permitir arrestos sin orden judicial. Miles de inocentes fueron detenidos. El criminólogo salvadoreño Misael Rivas opinó que para Bukele es una oportunidad de mostrar su “capacidad de ayudar” a un “socio importante”. “No llegan a pasear (los presos), estarán bajo un régimen severo”, dijo a la AFP.

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Considerada la prisión más grande de América Latina, fue inaugurada el 31 de enero de 2023. Está diseñada para 40.000 presos, pero hasta ahora estaban recluidos unos 15.000 miembros de la MS-13 y la pandilla rival Barrio 18. “Es un enorme negocio para Bukele, va a sacarle la plata a Estados Unidos alquilándole el Cecot sin rendirle cuentas de eso a nadie y sin tener una ley que lo respalde”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

En su cuenta en X, Rubio informó también del envío a El Salvador de 23 miembros de MS-13 y de “más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua”. Esa cifra difiere de la anunciada por Bukele. El Tren de Aragua se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte). Está vinculado a asesinatos, secuestros, robos, venta de drogas, prostitución, extorsión y trata de personas.

Sus actividades se expandieron a varios países del continente, entre ellos Estados Unidos, y en Sudamérica a Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia. Tres países centroamericanos -Guatemala, Panamá y Costa Rica- han aceptado servir de “puente” para migrantes deportados por Washington, pero El Salvador es el único que acepta presos.

• Montevideo, Uruguay. AFP.

El nuevo gobierno de Uruguay justificó el pasado miércoles su cambio de postura sobre la situación en Venezuela, donde dejó de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo, pero tampoco valida a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

La administración del izquierdista Yamandú Orsi, que acaba de iniciar un periodo de cinco años, difiere así de la anterior, encabezada por el centroderechista Luis Lacalle Pou, quien recibió en Montevideo a González Urrutia días antes de que Maduro asumiera en enero un tercer mandato hasta 2031.

Según el canciller de Orsi, Mario Lubetkin, esto no significa “lavarse las manos” sobre el resultado de los comicios de julio. Entonces, Maduro se proclamó ganador sin divulgar detalles del escrutinio, mientras que la oposición publicó copias de actas electorales con las que reclama la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde septiembre.

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“Estamos de acuerdo en que (esa elección) no se puede reconocer. Ahora, tampoco nosotros podemos ser la corte electoral de Venezuela”, declaró Lubetkin a radio Sarandí. El canciller dijo que el nuevo gobierno no es “insensible” a lo que ocurre en ese país y a su impacto en la región. Según la ONU, más de 7 millones de venezolanos abandonaron su país en la última década, la mayoría a países latinoamericanos.

“Nosotros tenemos que ayudar a que esos escenarios de inestabilidad de alguna manera se transformen en escenarios de estabilidad”, apuntó Lubetkin, y estimó que “un camino” puede ser realizar nuevas elecciones.

Para el gobierno de Orsi, Venezuela no es una “prioridad”, añadió, pero sí le preocupa proteger a los uruguayos que están en Venezuela y a los venezolanos que están en Uruguay, que estimó en unas 50.000 personas.

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“Si hay un objetivo 2025 en el tema de Venezuela, es ese”, afirmó. “Para eso hay dos aspectos fundamentales: tener diálogo con el gobierno venezolano y tener diálogo con la oposición venezolana. Lo tenemos con ambos”.

Desde fines de julio, ni Uruguay ni Venezuela tienen personal diplomático en sus embajadas respectivas, luego de que el gobierno de Maduro expulsara a los representantes uruguayos de Caracas y exigiera el regreso de los delegados venezolanos en Montevideo.

La última funcionaria administrativa uruguaya que estaba en la misión diplomática en Caracas, que oficiaba de enlace con el gobierno de Maduro, debió abandonar Venezuela en noviembre. La embajada uruguaya sigue abierta con personal local, pero con actividad restringida.