El Reino Unido se prepara para aumentar de seis meses a cuatro años la pena de prisión para los migrantes que traten de entrar ilegalmente en el país, que vive un récord de llegadas por el canal de la Mancha.
También quiere elevar de 14 años de cárcel a cadena perpetua la pena máxima aplicable a quienes pasan clandestinamente a estos migrantes.
Estas modificaciones anunciadas por el Ministerio del Interior se incluirán en un proyecto de reforma del sistema de asilo que llega el martes al Parlamento británico en pleno repunte de la llegada de migrantes clandestinos.
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En el primer semestre de 2021, Reino Unido batió un récord de migrantes llegados en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha, que separa la isla de Gran Bretaña del continente europeo.
Casi 6.000 migrantes cruzaron ilegalmente el canal entre enero y junio y pronto podrían superarse los 8.417 registrados en todo 2020.
El gobierno conservador propuso en marzo reformar el “desbordado” sistema de asilo para priorizar a quienes llegan al país legalmente.
Según el ministerio de Interior, los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha deberían pedir asilo previamente en países de la Unión Europea que transitan, pero “van de compras” al “escoger el Reino Unido como destinación preferida a otras, utilizando vías ilegales para llegar”.
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Es una ley “justa pero firme”, dijo la ministra Priti Patel. Steve Valdez-Symonds, responsable de Amnistía Internacional en Reino Unido, acusó al gobierno de “expandir deliberadamente mitos y mentiras sobre el asilo y la inmigración” y le pidió establecer “vías seguras” para estas personas.
Fuente: AFP
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Elevar penas a jóvenes infractores: “No debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.
“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.
“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.
Expectativa punitiva
Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.
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“Debemos identificar al psicópata”, dice Iramain sobre aumento de penas para adolescentes
El senador Ignacio Iramain planteó la necesidad de abrir un debate amplio y multidisciplinario sobre el régimen penal juvenil y la eventual elevación de penas para adolescentes que cometen delitos graves. Esto, tras ser consultado sobre la posibilidad de aumentar las penas a los menores infractores.
Tras el crimen que conmocionó al país, en el que perdió la vida la adolescente María Fernanda, de 17 años, y cuyos presuntos responsables son un joven de su misma edad y una amiga de 19, además del asesinato perpetrado por otro menor en el barrio San Francisco, donde perdió la vida un repartidor, muchos pidieron condenas más firmes para delincuentes juveniles.
“Debemos identificar al psicópata. Es fundamental hablar sobre el trastorno de personalidad psicopática. Hay componentes biológicos y ambientales en juego que no tienen una sola causa”, explicó, mencionando factores como la predisposición genética, el maltrato, la sobreprotección y la pobreza extrema como posibles condicionantes.
Iramain explicó que es necesario apoyarse tanto en los avances científicos como en las ciencias sociales, jurídicas y filosóficas para comprender y abordar estos comportamientos. En ese sentido, remarcó que la neurociencia ha aportado elementos clave para entender el trastorno de personalidad psicopática, que, según indicó, podría describir el accionar de los jóvenes involucrados en el asesinato.
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“Creo que son oportunidades para un gran debate”, expresó el legislador. “Tenemos que ponerlo dentro de un marco teórico en donde definamos qué es lo que queremos como sociedad. Este no es solamente un problema en nuestro país, es un problema mundial”, sostuvo ante la 780 AM.
El legislador consideró que, ante casos de esta naturaleza, se debe discutir si corresponde o no una condena más severa: “Cuando hacen el daño que provocaron estos dos jóvenes, da para pensar que es una situación más grave y difícil de tratar. Se merecen o no una condena mayor, es lo que deberíamos empezar a discutir con racionalidad, sin sesgos ideológicos, porque debemos buscar el mayor beneficio y justicia para la gente”.
Finalmente, advirtió que el debate también debe incluir el sistema penitenciario. “Tenemos que pensar qué se les ofrece a estas personas en las penitenciarías, que terminan siendo una universidad del crimen. Salen mejorados. Tiene que haber un mejoramiento desde el punto de vista carcelario”, concluyó.
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Constitucionalista alega que no es eficiente elevar penas a menores
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte se refirió sobre los proyectos impulsados en el Poder Legislativo que pretenden elevar las penas y bajar el grado de imputabilidad para adolescentes que cometan crímenes, luego de la conmoción generalizada por el caso de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo y el asesinato del delivery Alfredo Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción.
“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es que reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado“, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
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Duarte argumenta que “para lo que sí ha servido el aumento de las penas es para aislar a los condenados minimizando el riesgo de la reincidencia, pero en el caso de los menores se debe ser mucho más cuidadosos por el impacto que puede causar en sus vidas e insistir en su reinserción social“.
Para sustentar sus declaraciones, el abogado constitucionalista citó el artículo 20 de la Carta Magna el cual refiere que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”.
“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución“, comentó Duarte.
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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.
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Constitucionalista alega que no es eficiente elevar las penas
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte habló de los proyectos impulsados en el Poder Legislativo para elevar las penas carcelarias y bajar el grado de imputabilidad a adolescentes criminales. Los proyectos surgieron tras los asesinatos de un trabajador delivery en el barrio San Francisco de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, hecho ocurrido en Coronel Oviedo.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un crimen es de 8 años y en el Código Penal, se establece que un menor de edad no puede ser imputado hasta que no tenga 14 años de edad.
“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.
Duarte explicó que el aumento de las penas sirvió “para aislar a los condenados, minimizando el riesgo de reincidencia, pero en el caso de los menores, se debe tener mucho más cuidado por el impacto que puede causar en sus vidas. Además, hay que insistir en la reinserción social”, aseguró.
Actualmente, existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años, el segundo fue presentado por José Oviedo, y plantea aumentar las penas de 8 a 20 años y la presentada por el diputado Rubén Rubin.
“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución”, comentó Duarte.