El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitieron al Directorio partidario y autoridades parlamentarias el informe de auditoría financiera en el que constatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de auditoría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitaciones que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documentos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

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Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denuncia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con documentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Guggiari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni ninguna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detectaron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurídica del instituto que está destinado a brindar capacitaciones, cursos, talleres, así como llevar adelante investigaciones; que son las áreas en las que se pueden utilizar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratificaciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del instituto. Hay faltas administrativas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rector. Mencionó que llamó además la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igualmente no cuentan con documentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que respalden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar respaldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.

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La paraguaya Giselle Ramírez, fundadora de Más Money, fue seleccionada para participar de YLAI 2025, el programa insignia del Departamento de Estado de EE.UU. que impulsa a emprendedores emergentes y líderes empresariales del hemisferio Occidental. Mientras se prepara para una experiencia de inmersión única, la convocatoria para YLAI 2026 ya está abierta y se presenta como una oportunidad imperdible para más paraguayos con visión emprendedora. Fecha tope para postularse: 15 de mayo.

Una joven paraguaya está a punto de vivir una experiencia única que, sin dudas, cambiará su proyección profesional destacándola aún más en el ecosistema emprendedor. Se trata de Giselle Ramírez, fundadora de la plataforma de educación financiera Más Money, quien fue seleccionada para participar de YLAI 2025 (Young Leaders of the Americas Initiative), una beca impulsada por el Departamento de Estado de EE. UU. que busca potenciar el talento emprendedor del continente.

“Fui seleccionada para formar parte del programa YLAI 2025, una iniciativa del Departamento de Estado de EE.UU. que impulsa a emprendedores de toda América”, compartió con gran emoción Giselle, cuya innovadora plataforma digital promueve el bienestar financiero a través de contenidos y soluciones basadas en neurofinanzas, facilitando una mejor toma de decisiones económicas en la región.

La fundadora de Más Money contó, además, que durante las últimas semanas, junto a otros líderes de la región, participó de un intenso programa de formación virtual en liderazgo emprendedor, estrategia, sostenibilidad e impacto social avalado por la Arizona State University. “Cada módulo me desafió a seguir creciendo con Más Money”, explicó Giselle.

Pero la gran noticia no termina ahí. La convocatoria para YLAI 2026 ya está abierta, y cualquier emprendedor paraguayo con un proyecto en marcha, visión clara y compromiso social puede postular.

Una red que ya genera impacto. YLAI es mucho más que una beca. Es una inmersión completa en el ecosistema emprendedor de EE. UU. Solo por mencionar algunos ejemplos, los beneficiados con este programa acceden a mentorías personalizadas, prácticas profesionales en empresas, cursos en la Arizona State University, talleres de liderazgo, y la creación de una red continental de jóvenes

Desde 2016, más de 1.500 emprendedores de América Latina y el Caribe han pasado por YLAI, formando alianzas internacionales, escalando sus negocios e impulsando cambios en sus comunidades. De hecho, Paraguay ya cuenta con alumni en sectores como tecnología, moda sostenible, educación, innovación financiera y más.

“Hoy me llena de orgullo ser una de las cinco personas que representa a Paraguay en esta edición tan especial, la número 10”, señaló Giselle, quien ahora también pasa a integrar la red de Alumni del gobierno de EE.UU.

Además del prestigio, esta red ofrece acceso continuo a oportunidades de desarrollo, financiamiento, conexiones estratégicas y visibilidad internacional. “Formar parte de esta red me abre puertas a nuevas oportunidades, conexiones y posibilidades de seguir generando impacto. ¡Dios siempre, siempre fiel!”, concluyó.

¿Quiénes pueden postular a YLAI 2026? Emprendedores con al menos 2 años liderando un proyecto, Ciudadanos paraguayos de entre 25 y 35 años, con dominio del idioma inglés y visión de impacto económico o social

La convocatoria está abierta hasta el 15 de mayo de 2025. El proceso es competitivo, pero accesible. Solo se necesita una buena historia, un plan claro y la convicción de que tu idea puede llegar lejos.

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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