Las autoridades egipcias ejecutaron el martes a 11 presos condenados por delitos comunes, mientras los defensores de los derechos humanos han denunciado decenas de ejecuciones en 2020, indicaron fuentes de seguridad.
Las nuevas ejecuciones tuvieron lugar en la prisión de Borg Al Arab, cerca de Alejandría (norte), según la misma fuente, que afirmó que los detenidos ejecutados “habían sido condenados por asesinatos cometidos en los últimos años en las gobernaciones de Alejandría y Beheira (norte)”. El sábado, otras cinco personas, entre ellas tres mujeres, fueron ejecutadas en Ismailía (noreste), también por delitos comunes.
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En diciembre, Amnistía Internacional había denunciado un “frenesí de ejecuciones” en Egipto, con decenas de detenidos muertos en los últimos meses de 2020. “Las autoridades egipcias se han embarcado en un horrible frenesí de ejecuciones en los últimos meses” dijo Philip Luther, director de la oficina de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
La organización también denunció las condenas obtenidas tras “‘confesiones’ contaminadas por la tortura”. Por su parte, Human Rights Watch afirmó en octubre que se habían llevado a cabo 49 ejecuciones en diez días de ese mes y pidió el “cese inmediato” de las mismas. La organización considera que bajo la presidencia de Abdel Fatah al Sisi, elegido en 2014, Egipto se ha convertido en uno de los diez países con mayor número de penas de muerte.
La sharía, o ley islámica, es la principal fuente del derecho egipcio, según la constitución de 2014, y legitima la aplicación de la pena capital. Las ejecuciones afectan a presos comunes, pero también a opositores acusados de terrorismo y otros delitos. Desde la destitución por el ejército en Egipto en 2013 del presidente islamista Mohamed Morsi y la llegada al poder al año siguiente de Abdel Fatah Al Sisi, aumentó la represión sobre todas las formas de oposición, islamista o liberal.
Fuente: AFP.
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Congreso sobre Derechos Humanos se realizó en Encarnación
El XII Encuentro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales se realizó los días 8 y 9 de mayo, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales (FCJHS) de la Universidad Autónoma de Encarnación (Unae), a través de las carreras de Derecho y Psicopedagogía. El evento reunió en Encarnación a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales en espacios de análisis, debate e intercambio científico.
La apertura estuvo a cargo del decano de la FCJHS, el doctor Yonny Hernán Flick, y contó con una destacada intervención artística de la Escuela de Teatro de la UNAE, con una puesta escénica centrada en los derechos humanos, la vulnerabilidad y las realidades sociales contemporáneas.
El encuentro se desarrolla en torno al lema “El estado actual de los Derechos Humanos en Latinoamérica” y cuenta con la participación de reconocidos especialistas nacionales, entre ellos el doctor Juan Martens, la doctora Elba Núñez, la doctora Shirley Franco, el doctor Pablo Villalba Bernié, el licenciado Gustavo Silvero, el licenciado José Domínguez y la licenciada Liliana Álvarez.
La programación de la última jornada del sábado incluyó seminarios, talleres y presentación de comunicaciones científicas, en modalidad presencial y transmisión en vivo a través de Conecta UNAE desde el Campus Urbano de la UNAE. en la ciudad de Encarnación. El evento fue declarado de interés institucional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay; y dde interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). Programa completo: https://info.unae.edu.py/3VJRqJ8.
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Estado paraguayo impulsa acciones para cumplir compromisos con pueblos originarios
El vicepresidente y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, destacó que la protección y restitución de los derechos de los pueblos originarios son un compromiso fundamental del Gobierno del Paraguay y el eje central de la gestión en la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI).
Al respecto, desde la Vicepresidencia de la República informaron que el Estado paraguayo coordina acciones para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en las comunidades Yakye Axa y Xákmok Kásek. En ese marco, se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la directora general de Derechos Humanos, María Teresa Peralta, y el director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, Santiago Ammatuna.
El encuentro reunió a representantes convencionales de las comunidgdes indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek, junto con referentes estratégicos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Durante la reunión, se definieron pasos críticos para garantizar los derechos territoriales y la calidad de vida de las comunidades, destacándose los siguientes puntos:
- Titulación de tierras: avances técnicos en los trabajos de mensura, paso fundamental para la seguridad jurídica de sus territorios. Infraestructura y acceso: gestiones para asegurar la transitabilidad permanente del camino de acceso a la comunidad Yakye Axa.
- Conectividad: acuerdos sobre el reglamento interno para el uso de caminos de interconexión.
- Reparación simbólica: revisión de la propuesta estatal para la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“El objetivo central es articular de manera efectiva las acciones del Estado para honrar los compromisos asumidos ante los organismos internacionales y asegurar el bienestar de las familias indígenas", señalaron las autoridades durante el cierre de la jornada.
Compromisos a corto plazo
Como conclusión de la mesa de trabajo, las instituciones presentes resolvieron potenciar la capacidad de gestión del Indi en coordinación directa con los ministerios competentes. Esta sinergia busca eliminar trabas burocráticas y dar cumplimiento efectivo a los puntos acordados, reafirmando la voluntad del Estado de saldar las deudas históricas con ambas comunidades.
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Paraguay presenta ante la ONU avances históricos y desafíos en derechos humanos
En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.
El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.
Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.
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Cumplimiento de recomendaciones
En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.
Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.
Desarrollo social y reducción de la pobreza
Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.
Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.
Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.
Justicia, salud y seguridad social
En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.
Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.
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Transformación del Sistema Penitenciario
El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.
Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.
Protección de grupos vulnerables
En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.
En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.
Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.
Desafíos y compromiso final
Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.
“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.
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Paraguay garantiza soberanía ante la recepción de 25 migrantes no admitidos en EE. UU.
El presidente de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, informó que Paraguay recibirá a migrantes en el marco del memorándum de entendimiento con los Estados Unidos. Señaló que está previsto para este jueves el arribo al país de un grupo de 25 personas, en el marco del instrumento de cooperación internacional suscrito entre Paraguay y el gobierno norteamericano.
En conferencia de prensa, Vera explicó que este acuerdo establece un mecanismo para el traslado ordenado y seguro de nacionales de terceros países de habla hispana que se encuentran en territorio estadounidense y que no han sido admitidos en suelo norteamericano. Cada caso ha sido evaluado de manera individual, en pleno respeto a la soberanía nacional, las leyes migratorias y el derecho internacional.
“Paraguay, en ejercicio de su soberanía, retiene en todo momento la facultad de aceptar o rechazar cada caso de manera individual, previa revisión de la información correspondiente”, manifestó.
Sin costo para el Estado paraguayo
Asimismo, señaló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia humanitaria inmediata, incluyendo alojamiento, alimentación y atención médica, sin costo para el Estado paraguayo, facilitando posteriormente el retorno de estas personas a sus países de origen.
Vera destacó que este proceso se desarrolla con estricto respeto a los derechos humanos, la dignidad y la seguridad, reafirmando el compromiso de Paraguay con la cooperación internacional.
Aliado importante
Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, destacó que Paraguay es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en el mundo.
“Esta colaboración en el campo de migraciones es otro elemento de esa alianza estratégica que hemos venido construyendo durante los últimos tiempos”, manifestó.
Agradeció la colaboración del Gobierno paraguayo y aclaró que las personas incluidas en este mecanismo no tienen solicitudes de asilo pendientes en su país, y que el objetivo no es que lleguen a Paraguay para iniciar procesos de asilo, sino facilitar su retorno seguro y ordenado a sus países de origen.
En tanto, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, enfatizó que Paraguay no ha renunciado ni renunciará a su soberanía en la toma de decisiones respecto a cada caso, y que se realizan todos los controles de seguridad correspondientes dentro de la potestad migratoria.
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