Al menos diez personas quedaron atrapadas este viernes por un derrumbe de tierra ocurrido en una mina artesanal del sur de Nicaragua, informaron medios oficialistas.
“Unidades de rescate de los compañeros Bomberos Unificados están trabajando para atender la emergencia”, dijo la vicepresidenta y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, a la página oficial El 19 Digital.
La también la primera dama relató que el accidente se produjo en una mina ubicada en la comunidad La Esperanza, en el sureño departamento de Río San Juan de Nicaragua, más de 200 kilómetros al sureste de la capital.
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Murillo no dio detalles sobre el número de mineros artesanales, personas que excavan por cuenta propia en busca de oro, conocidos como “güiriseros”, que trabajaban en esa mina o de si había heridos o muertos. “Esperamos no tener mayores desgracias”, agregó únicamente.
Dicho medio ya informó de que el alud, ocurrido en la mañana del viernes, “dejó soterrados a 10 güiriseros que estaban dentro del túnel”. Las tareas de rescate se suspendieron hacia el anochecer para reanudarse el sábado, añadió la emisora.
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El diario La Prensa informó, por su parte, que testigos de la zona indicaron que hay al menos 15 personas atrapadas. Un video difundido por medios locales muestra lo que serían los alrededores de la mina accidentada, con hombres tratando de rescatar a los caballos que lograron salvarse del derrumbe.
Se estima que en Nicaragua hay unos 3.000 mineros artesanales y cerca de 5.000 que trabajan formalmente en empresas mineras establecidas en el país.
Fuente: AFP.
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Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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El Gobierno lanzó novedoso plan para cuidar la salud mental de las personas
En un hecho que puede considerarse de gran valor ciudadano por su trascendencia en la calidad de vida de muchas personas, el Gobierno lanzó programas sanitarios que abarcan el bienestar mental en general y el tratamiento de las adicciones. Con ellos se espera iniciar de manera orgánica la ayuda del Estado en un tema muy delicado que afecta a la sociedad paraguaya, cuya incidencia va creciendo por diversos factores y que anteriormente no tenía la atención que corresponde debido a su importancia. En ese sentido se trata de un hecho de relevancia en un asunto de mucho cuidado, que merece la atención especial de los organismos estatales.
En un acto presidido por las autoridades sanitarias se lanzó la aprobación de la Política y el Plan Nacional de Salud Mental 2024-2030, además del Manual Organizacional de la Red de Salud Mental y Adicciones. Con estos documentos el Estado pretende avivar y transformar el abordaje de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que sufren las diferentes formas de trastornos mentales. Hasta la actualidad en nuestro país no se contaba con documentos oficiales actualizados que unifiquen y den suficiente rigor al tratamiento de las personas que sufren las mencionadas afecciones. Situación que tendrá un cambio importante con las nuevas disposiciones.
Con los tres elementos: la política general, el plan nacional de salud mental y el manual organizacional respectivo, se espera poder abordar adecuadamente los problemas que afectan a la gente del país en la mencionada especialidad. La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, quien presidió el acto del lanzamiento, destacó la trascendencia de los mencionados documentos explicando que son “una herramienta clave para construir un sistema de salud mental sólido, accesible y cercano a las comunidades”.
La secretaria de Estado admitió que todavía queda mucho por avanzar y que con este plan se podrá brindar una atención más integral. “Falta muchísimo por hacer, pero si no se comienza a construir este sistema de salud mental que todos los paraguayos nos merecemos, no se podrá avanzar”, reconoció. En medio de las explicaciones que brindó, dijo que, con los tres documentos apuntados, de ahora en más se contará con una herramienta para continuar en la tarea de mejorar la salud. Apuntó que uno de los propósitos del Ministerio de Salud es brindar la atención a la gente dentro de las redes de los servicios que ofrece.
Hay que resaltar las disposiciones adoptadas por Salud Pública para buscar la atención a estos problemas muy delicados que afectan a muchas familias y que condicionan a cada vez mayor número de personas. La sociedad paraguaya requiere de un buen cuidado de la salud mental y sus conexiones de parte del Gobierno nacional, porque es un requerimiento que se hace cada vez más fuerte. En ese sentido es un gran acierto de la administración sanitaria, que requiere el apoyo de la ciudadanía.
La salud mental nunca ha sido la prioridad de los gobiernos anteriores y en esta ocasión, la administración actual está tomando cartas en el tema para cubrir esa falencia. No hay que olvidar que el cuidado y la promoción de la salud están entre las obligaciones fundamentales del Estado. El artículo 68 de la Constitución Nacional establece que: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, y que por ello “Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana”.
Lo realizado por el Ministerio de Salud está dentro de lo que pide la Carta Magna cuando dice que el Estado debe articular programas de bienestar social con estrategias basadas en la educación sanitaria y en la participación de la comunidad.
Por ello en la tarea emprendida por la secretaría de Estado se requiere la activa participación de la ciudadanía, pues su colaboración hará que fructifique el trabajo encarado oficialmente. Como el cuidado y la preservación de la salud afectan directamente a los individuos, todos están obligados a procurar ese propósito partiendo de la protección adecuada de su persona particular para extenderse hacia los otros miembros de la sociedad. Solo así se puede llegar al alcance social que se requiere.
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Crisis diplomática entre Brasil y Nicaragua
Brasil y Nicaragua se sumieron en una crisis diplomática después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expulsara el jueves pasado a la embajadora nicaragüense en respuesta a la misma medida contra su representante diplomático por parte de la administración de Daniel Ortega. Antes de este impase, las relaciones entre ambos gobiernos se habían enfriado desde hace meses. Pero un evento reciente desató la crisis.
La ausencia del embajador brasileño, Breno de Souza, en un acto oficial reciente en Managua generó “descontento” en el gobierno nicaragüense, aunque “él no fue el único representante diplomático que faltó” a la cita, dijo a la AFP una fuente diplomática brasileña. El evento fue la conmemoración el 19 de julio del aniversario de la revolución sandinista, destacan medios opositores nicaragüenses editados en el exilio.
Ante la reacción de molestia de Managua, “Brasil respondió diciendo que ese no era un camino productivo”, que “condujera a resultados positivos”, de acuerdo con la misma fuente. Aun así, Nicaragua optó por la expulsión y Brasilia, acorde al principio de “reciprocidad”, pidió la salida de la embajadora Fulvia Castro.
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“Ningún embajador de ningún país está obligado a estar presente en los eventos”, dijo a periodistas el jefe de gabinete del gobierno brasileño, Rui Costa. “Es una agresión” al “estándar internacional de respeto a las embajadas y embajadores”, agregó.
La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, por su parte, señaló que ambos diplomáticos ya habían dejado los respectivos países, sin dar más detalles. El representante diplomático de Brasil “ha salido de nuestro país, de nuestra Nicaragua, e igualmente nuestra embajadora (...) está en ruta hacia nuestra patria”, dijo el jueves Murillo a medios oficialistas.
Enfriamiento
La relación entre Brasilia y Managua se deterioró meses atrás, después de que Ortega ignorara los intentos de Lula para mediar, a pedido del papa Francisco, en la liberación de un obispo encarcelado. “Daniel Ortega no atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces nunca más hablé con él”, dijo Lula el 22 de julio en una conferencia de prensa con agencias internacionales, entre ellas la AFP.
El gobierno de Nicaragua excarceló en enero a dos obispos católicos, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, y a otros religiosos y los envió a Roma, según medios y opositores nicaragüenses en el exilio. Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
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En 2018, masivas protestas antigubernamentales en las que se registraron más de 300 muertos, según la ONU, fueron calificadas por las autoridades nicaragüenses como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La crisis con Brasilia “es un duro golpe para la dictadura de Nicaragua porque se va quedando más aislada y sola en América Latina, pero sobre todo aislada y solitaria dentro de este grupo de la izquierda latinoamericana”, dijo a la AFP Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien se exilió en Estados Unidos tras abandonar el gobierno de Ortega.
Fuente: AFP.
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Detienen a cuatro personas que estafaban vendiendo cesiones de derecho de terrateniente brasileño
Una comitiva fiscal y policial liderada por el agente fiscal, Itálico Rienzi, de Mariano Roque Alonso, en una entrega vigilada, detuvo a Carlos Noguera, Catalina Bogado, Gloria Noguera y Daniel Noguera, en el marco de la investigación por el hecho punible de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal.
De acuerdo a los primeros datos del Ministerio Público, una de las víctimas habría entregado aproximadamente G. 200 millones desde el año 2019. Con una cámara oculta y vigilada, se hizo entrega de unos G. 9.200.000, suma autenticada bajo orden del Juzgado de Paz.
El detenido Carlos Noguera sería parte de un esquema delictuoso que estafaba a sus víctimas pidiéndoles sumas cuantiosas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos y acciones hereditarias de un terrateniente de origen brasileño.
Según los datos, Carlos Noguera trabajaría en conjunto con un ciudadano argentino identificado como Guillermo Ameri, hoy prófugo de la justicia por varias causas de estafa. Ellos solicitaban la suma de USD 1.000 para el ingreso a un grupo de mensajería instantánea, donde se encuentran más de 280 personas víctimas, a fin de acceder a las documentaciones pertinentes para la compra de carpetas de cesiones de derechos y las transferencias hereditarias de una sucesión intestada de Domingo Faustino Correa, de Río Grande Do Sur.
El hecho habría ocurrido aproximadamente desde el 30 de mayo de 2019 hasta la actualidad, tanto en Asunción y Ciudad del Este y en otros lugares como también se presume en el extranjero, como Uruguay y Brasil.
Noguera Amarilla estaría vendiendo carpeta de herencia de una empresa presumiblemente ficticia denominada “The First National Bank Group”, sobre derechos sucesorios supuesto de un terrateniente o comendador brasilero que falleció en la época de los años 1.800. Para acceder a la carpeta (cuotas de derechos) se debía abonar la suma de USD 6.000 para la tramitación de la herencia dejada por el terrateniente.
La víctima ingresó en el 2019 al grupo e iba abonando diversos montos hasta alcanzar la suma de G. 200 millones para adquirir las carpetas de herencia. En tanto, Noguera Amarilla expedía el recibo de pagos con diferentes firmas; y en cada oportunidad que se realizaban los pagos a las víctimas, les llegaban diferentes correos electrónicos supuestamente de los bancos autorizados.
Asimismo, Noguera intimidaba y amenazaba a sus víctimas en caso de que algún integrante del grupo realice algún tipo de reclamo. En ese contexto, se formada un grupo de WhatsApp de unas 200 personas, donde se enviaba una lista de las personas habilitadas para el cobro del dinero y en el listado en general estaban más de 700 personas. Se solicitaba la suma de entre 1.000 y 5.000 dólares americanos.
El procedimiento fue coordinado entre la Unidad Penal a cargo del fiscal Itálico Rienzi y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional a cargo de Crio. Luis López, subjefe comisario Pedro Lesme y el subcomisario Óscar Cáceres.
Del sitio en el barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso -donde se realizó la entrega vigilada- se logró incautar varios elementos que guardan relación a la investigación como documentos varios y el dinero producto de la entrega vigilada y otros elementos.