La Corte Suprema estadounidense dio el jueves su visto bueno a la ejecución de un hombre condenado a muerte por un crimen federal, después de desestimar varios recursos de sus abogados argumentando que tiene problemas mentales.
Esta decisión significa que Wesley Purkey, de 68 años, será el segundo condenado federal que será ejecutado esta semana, tras la muerte de Daniel Lee el martes.
El gobierno de Donald Trump, partidario de recurrir a la pena capital en Estados Unidos, reanudó sus ejecuciones federales tras 17 años de interrupción. Otras dos ejecuciones están previstas el viernes y el 28 de agosto.
Wesley Purkey fue declarado culpable en el 2003 de haber violado y asesinado a una joven de 16 años, antes de desmembrarla y quemar su cuerpo. Después tiró las cenizas a una fosa séptica.
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Su ejecución ha sido postergada varias veces gracias a los recursos de sus abogados, que dicen que el condenado sufre la enfermedad de Alzheimer y esquizofrenia y ejecutarlo es "inhumano".
"La petición para sobreseer la ejecución de la sentencia de muerte ha sido rechazada", concluyó la Corte. Cuatro de los nueve jueces mostraron sin embargo su desacuerdo con la decisión.
En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques terroristas, crímenes racistas) o cometidos en bases militares.
El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales está a favor de ese castigo para los asesinos.
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Fuente: AFP
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Desalojo en CDE: imputan a cuatro manifestantes por coacción grave y resistencia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alcides Giménez presentó imputación contra cuatro manifestantes, durante procedimiento de desalojo en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Los procesados emboscaron presuntamente a los policías para atacarlos con fuegos artificiales y otros elementos contundentes, negándose en todo momento a abandonar el predio.
Están identificados como Jorge Rodrigo Gamarra Insfrán (28), Víctor Efrén González Ramírez (31), Victoriano Benítez (45) y Cristhian Ariel Villalba Encina (36), quienes fueron detenidos e imputados por los hechos punibles de coacción grave, perturbación de la paz pública y resistencia.
Los hechos ocurrieron ayer lunes 1 de julio, a las 10:00 aproximadamente, durante el desalojo realizado en un inmueble individualizado con matrícula k04/3658, cuenta catastral 26-6347-023, ubicado en el barrio San Antonio de la mencionada ciudad.
El procedimiento se llevó a cabo mediante un mandamiento judicial firmado por la jueza Civil y Comercial, Maricel Meaurio. Durante la mañana, la dotación policial se replegó dejando sin efecto el desalojo, pero en horas de la tarde volvió con más dotación y ejecutó el desalojo con más episodios de violencia.
En el escrito fiscal se relató que, en el momento de ejecutarse el operativo, los citados desobedecieron la orden judicial y también emboscaron a los agentes policiales intervinientes con diversos objetos, fuegos artificiales, honditas con bolitas de cristal, cascotes, palos de madera e incluso hierros.
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Resultaron heridos el comisario principal Jorge Manuel Cardozo Cubas y los suboficiales Vicente González, Alexander Medina Fleitas, Manuel Torres y Pablino Ayala. Todos ellos sufrieron diversas lesiones que requirieron atención médica en el hospital de la Fundación Tesãi.
Igualmente, resultaron lesionados los trabajadores de prensa, Carlos Sánchez y Elvio Florentín, quienes sufrieron heridas y también daños a sus elementos de trabajo. Tras los ataques, los policías aprehendieron a los cuatro citados, siendo incautados del poder de ellos evidencias como honditas, bolitas de cristal y explosivos (cebollones), además de teléfonos celulares.
El fiscal Alcides Giménez, tras recopilar los diversos elementos incriminatorios, decidió imputar a los cuatro manifestantes y solicitó al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención preventiva que pesa contra los mismos. Un menor también fue aprehendido pero luego fue entregado a sus padres.
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Netanyahu autoriza conversaciones para negociar tregua en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, autorizó una nueva ronda de conversaciones en Doha y en El Cairo para negociar una tregua en Gaza, indicó este viernes su oficina, después de que los contactos parecieran estar empantanados.
“Benjamin Netanyahu se entrevistó con el director del Mosad [el servicio secreto exterior] y el director del Shin Bet [inteligencia interior], y aprobó una nueva ronda de negociaciones en los días próximos en Doha y El Cairo (...), para avanzar”, precisó su oficina en un comunicado.
Desde que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el lunes una resolución que pide un alto el fuego inmediato en la Franja, el movimiento islamista palestino Hamás e Israel se han culpado mutuamente de la incapacidad de alcanzar un acuerdo de tregua.
Catar, que ha venido mediando entre Israel y Hamás, dijo el martes que continuaban las conversaciones sobre una tregua y una liberación de rehenes, pero las partes y los mediadores ofrecieron poca información desde entonces.
La guerra arrancó el 7 de octubre con el ataque sorpresa de Hamás en Israel, que dejó 1.160 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes israelíes.
Según Israel, unas 250 personas fueron secuestradas aquel día por Hamás y 130 de ellas siguen siendo rehenes en Gaza, 33 de las cuales habrían fallecido.
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En represalia, Israel prometió “aniquilar” a Hamás y lanzó una vasta operación que dejó al menos 32.623 muertos, en su mayoría mujeres y menores de edad, según el Ministerio de Salud de Hamás.
Fuente: AFP
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Tras manifestaciones y detenciones, Congreso argentino debate sobre reformas de Milei
El Congreso argentino reanudó este jueves el debate del polémico paquete de reformas ultraliberales del presidente Javier Milei, luego de una jornada tensa que dejó cuatro detenidas durante los incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad a las afueras del parlamento.
La Cámara de Diputados, en la que el oficialismo cuenta con apenas 38 de 257 bancas pero suma el apoyo de opositores de centro derecha, reinició la sesión a mediodía tras una maratónica jornada el miércoles.
En el recinto, los legisladores demoraron el tratamiento de la abarcadora “Ley Ómnibus” de Milei porque el foco de sus primeras intervenciones se centró en las manifestaciones de la noche anterior y la respuesta policial, considerada desmesurada por la oposición.
Miles de personas se congregaron hasta la noche anterior frente al Congreso en repudio de la ley. Siguiendo el llamado protocolo “anti-piquetes” del gobierno que prohíbe los cortes de vías, fuerzas policiales federales formaron cordones con escudos, tanquetas antimotines y lanzaron gas pimienta a manifestantes que desbordaron las aceras.
El diputado opositor Leopoldo Moreau detalló el jueves que hubo cuatro jóvenes arrestadas, liberadas este jueves. “Si esas chicas fueran detenidas bajo las reformas, recibirían una pena cuatro meses menor que una condena por abuso sexual. ¿Les parece que este Congreso puede aprobar eso? ¿Queremos suicidar la democracia?”, prosiguió.
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La ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó en la red X que su “protocolo para el mantenimiento del orden público SE CUMPLE”.
Votación de 300 artículos
A través de alianzas, Milei espera tener el apoyo para aprobar “en general” la Ley Ómnibus de reformas económicas, políticas, de seguridad y ambientales de más de 300 artículos, pero el resultado final dependerá de la votación “artículo por artículo” de la norma, que originalmente era el doble de extensa.
La oposición anticipó que el proyecto sufrirá cambios y, de hecho, el debate comenzó con el oficialismo enumerando una larga lista de artículos retirados del dictamen original, cuyo texto aún se desconoce en su totalidad y se sigue negociando mientras se debate.
“No tenemos sobre nuestras bancas el texto definitivo de lo que van a someter a votación”, reclamó Germán Martínez, jefe de la bancada peronista, al iniciarse la segunda jornada de sesiones extraordinarias.
La oposición peronista y la minoría de izquierda (104 diputados) rechazan el proyecto, que incluye otorgar a Milei facultades legislativas “delegadas”, otorgadas antes a otros presidentes pero que alarman a sus críticos en el caso del presidente ultraliberal.
Una vez aprobada, la ley pasará a la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene sólo 7 de los 72 senadores, pero confía en reeditar las alianzas de Diputados.
“El proyecto es polémico, pero sólo para quienes quieren cuidar sus privilegios, que vienen del modelo anterior que nos trajo hasta aquí, a este lugar de miseria, indigencia”, dijo el diputado oficialista ultraliberal, José Luis Espert, al abrir la sesión el miércoles.
“Facultades delegadas”
La semana pasada, el gobierno retiró un “capítulo fiscal” muy cuestionado del proyecto, con el que buscaba asegurar el “déficit cero” en las cuentas fiscales, y cambios en el sistema previsional, pero mantiene el pedido de tomar deuda externa sin pasar por el Congreso, como se exige actualmente.
La oposición objeta en particular la extensión y alcance de las “facultades delegadas” que permite gobernar por decreto y que demandó Milei para introducir reformas que queden excluidas en la Ley.
El texto original de la Ley Ómnibus le aseguraba a Milei un recorte del gasto público de alrededor de 5% del PIB, que ahora promete alcanzar con otras medidas de ajuste.
Desde que asumió, hace 50 días, Milei concentró sus reformas en esta Ley Ómnibus y en un megadecreto con los que pretende refundar el sistema económico y modificar centenares de normas y leyes, para revertir la crisis que mantiene a más del 45% de los argentinos en la pobreza, con una inflación anual de 211% en 2023.
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Milei ya avanzó con una devaluación del peso de 50% y la liberación de todos los precios de la economía, que aceleró la inflación al 25,5% en diciembre.
También reflotó el programa crediticio de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que elogió esos primeros ajustes pero pronosticó una recesión de 2,8% de la economía argentina en 2024.
El miércoles, el FMI aprobó el desembolso de 4.700 millones de dólares -para pago de su propia deuda- en apoyo a las “medidas audaces” de Milei, aunque advirtió que “el camino hacia la estabilización será difícil”.
Fuente: AFP
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No hubo un solo policía que salió con orden de pegar a la gente, aseguró Riera
El ministro del Interior Enrique Riera se refirió al enfrentamiento que se dio este martes entre manifestantes y la Policía Nacional, frente al Congreso Nacional. Aseguró que ningún policía salió de la Comandancia con la orden de agredir a los manifestantes. Mencionó que no hay razón para el enfrentamiento entre paraguayos, si bien se puede protestar, pero se tiene que respetar a las instituciones, y para eso está la Policía Nacional.
El alto funcionario fue entrevistado por MegaTv, donde manifestó que espera que no se vuelva a repetir los incidentes como se dio en inmediaciones del Poder Legislativo. Indicó que la Policía Nacional está recabando los audios que se han circulado en grupos de WhatsApp de los funcionarios de la Ande, donde los dirigentes sindicales dan orden de cerrar las oficinas, las estaciones y subestaciones, lo que pone en riesgo a que la ciudadanía quede sin Luz, como ya está ocurriendo en ciertos puntos del país que se reportan corte de energía.
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“La orden de la Policía es la misma, de proteger a los que tienen que discutir constitucionalmente un proyecto de Ley dentro del Parlamento. Se puede protestar y reclamar, pero respetando las instituciones. Lo que hace la Policía es mantener las instituciones funcionando. No hay un solo policía que salga con la orden de pegar a la gente porque sí nomás, porque tiene ganas”, sostuvo ministro del Interior.
Remarcó que personalmente ha sido muy claro en las instrucciones al comandante de la Policía, de proteger a las instituciones, dejar que se manifiesten, pero si hay agresiones, actuar en base a la legítima defensa, como todos. “Sí hubo excesos, nombres y apellidos, si alguien fue golpeado sin motivo, lo que dudo de los policías, con los disciplinados que son, empiecen a repartir garrote por que sí nomas”, acotó.
El ministro informó además que la Policía logró requisar de entre los manifestantes armas blancas, punzo cortantes, con el que podrían generar heridas graves. “Si alguien va a una manifestación armado, no va con la intención de manifestarse, sino para generar incidentes, si lleva una cadena de hierro, no va simplemente para gritar y tirar 3 x 3, va para agredir. Nosotros tenemos la obligación de mantener el orden interno y ellos tienen la obligación de manifestarse dentro del marco de la Ley”, enfatizó.
Por otra parte, el ministro Riera indicó que son siete las centrales obreras que están a favor de este proyecto de Ley, que están dirigidos por históricos referentes sindicalistas como Bernardo Rojas, quien está a favor de la sanción de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones. “O alguien nos está mintiendo, o estamos todos locos. No puede ser que un grupo de sindicalistas de un sindicato que ha sido eternamente combativo como es Sitrande, que pide un montón de favores, después mienta a mucha gente. No es legal que inste a cerrar las rutas, cerrar las oficinas y dejar sin luz a la gente, por un objetivo puntual”, acotó.
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