Lima, Perú | AFP.
Perú intentará revivir el turismo habilitando el ingreso gratuito a reservas naturales y sitios arqueológicos, incluida la ciudadela inca de Machu Picchu, a empleados públicos, niños y ancianos nacionales entre julio y diciembre, anunció el gobierno este martes.
El ministerio de Comercio y Turismo, al frente de la iniciativa, intenta impulsar de este modo una de las actividades más afectadas por la pandemia de coronavirus, que impidió la llegada de visitantes extranjeros.
“Para reactivar la actividad turística, afectada por el avance del Covid-19, debemos adaptarnos a las nuevas formas de turismo”, señaló la cartera.
Perú se encuentra confinado, con aeropuertos cerrados y comercios restringidos, desde el 16 de marzo y hasta el 24 de mayo.
La medida que regirá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre tiene a Machu Picchu, la joya del turismo en Perú, como principal atractivo. Hasta el cierre por la emergencia sanitaria, los peruanos pagaban 112 soles (30 dólares, la mitad de lo que abonan los extranjeros) para ingresar al lugar, que se levanta sobre la cima de una frondosa montaña.
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En 2019, un millón y medio de turistas -la mayoría extranjeros- visitó Machu Picchu y Cusco, según cifras oficiales.
Además de 55 sitios arquelógicos, serán gratuitos para algunos locales 22 reservas naturales en la región de la Amazonía.
Los sitios turísticos aplicarán un protocolo de bioseguridad cuando empiecen a recibir visitantes. El gobierno destinará a ese fin 5,8 millones de dólares para monumentos incas, y 2,9 millones dólares para áreas naturales.
El golpe de la pandemia representará para el sector turístico una pérdida de 4.000 millones de dólares en el 2020, según la Cámara Nacional de Turismo.
Una de las ciudades más impactadas fue Cusco, otrora capital del imperio incaico y ubicada a 110 kilómetros de la ciudadela de piedra construida en el siglo XV. La cuarentena mermó los ingresos de parte de su población, ya que centenares de guías turísticos quedaron desempleados.
El gobierno reforzó este mes la vigilancia en Machu Picchu, que está cerrada desde hace nueve semanas, por temor a robos arqueológicos en el lugar, considerado Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco desde 1983.
Perú registra hasta ahora más de 68.800 contagios y más de 1.960 fallecidos por Covid-19 desde el primer caso detectado el seis de marzo.
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Flechas contra tractores: guardia indígena vigila el bosque amazónico
- Masisea, Perú. AFP.
Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.
También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).
“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.
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“Falta de terreno”
Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.
La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.
Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.
En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.
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“Meten fuego”
En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.
Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.
Jefes imputados
En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.
Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.
El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.
Contraste
Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.
El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.
Territorio amenazado
Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.
La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.
Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.
A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.
La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.
Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.
Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.
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Trece trabajadores secuestrados son encontrados muertos en mina al norte de Perú
- Fuente: AFP
Trece personas fueron encontradas muertas este domingo en el interior de una mina tras denunciarse su secuestro días atrás en la localidad de Pataz, en la sierra norte de Perú, informó la minera Poderosa, en cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.
“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (...) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, dijo la empresa en un comunicado.
Los obreros presuntamente fueron ejecutados por sicarios en un socavón del yacimiento ubicado en el norte de Perú, según informaron medios locales citando a fuentes del Ejecutivo y a familiares de las víctimas.
Los cuerpos fueron encontrados con disparos en la cabeza y el cuello tras ser maniatados, y los restos son ahora recuperados por la Policía Nacional.
Los familiares de las víctimas, que denunciaron su desaparición hace una semana en la provincia de Pataz, declarada en emergencia por la violencia de la minería ilegal, denunciaron que los 13 trabajadores brindaban servicios de seguridad en la mina Poderosa.
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Hallan restos de una mujer de élite de la primera civilización de América
Arqueólogos anunciaron ayer jueves el hallazgo de los restos de una mujer que vivió hace unos 5.000 años y habría pertenecido a la élite de la civilización Caral, una de las más antiguas del mundo que se asentó en el norte de Perú.
El hallazgo interesa especialmente a los científicos porque demostraría que las mujeres tuvieron un papel destacado dentro de la cultura Caral, dijo a la prensa David Palomino, director del equipo de investigadores a cargo del descubrimiento.
La momia fue localizada en diciembre en la antigua ciudad pesquera de Áspero, que por años funcionó como botadero de basura antes de ser declarada sitio arqueológico. Palomino exhibió un video y fotografías de los restos bien conservados de la mujer, con parte del ajuar funerario.
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“Lo que se ha mostrado corresponde a una mujer que al parecer tendría un alto estatus, sería una mujer de élite”, dijo el científico a la AFP al término de una presentación en Lima. Palomino resaltó que la momia “ha preservado su piel, parte de las uñas, el cabello y el propio envoltorio”.
Análisis
El entierro fue hallado en la Huaca de los ídolos, en el marco de la exploración que desde 1996 realizan arqueólogos dirigidos por la peruana Ruth Shady. Los análisis bioantropológicos preliminares indican que los restos recuperados corresponden a una mujer de entre 20 y 35 años, de 1,50 metros de estatura y que portaba un tocado en la cabeza que representaría su estatus alto.
El cuerpo estaba envuelto con varias capas de tejidos diversos y con “un manto de plumas de guacamayo”, un ave de la Amazonía, dijo Palomino. Junto a la mujer se encontró un ajuar funerario de pequeños objetos, como un pico de tucán, un cuenco de piedra y una cesta de paja que se exhibieron este jueves en la sede del ministerio de Cultura en Lima.
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Desarrollada entre los años 3000 y 1800 antes de Cristo, la civilización Caral es considerada la cultura madre de América. Está ubicada en el valle de Supe, 182 km al norte de Lima y a unos 20 km del océano Pacífico. Caral fue declarada patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco en 2009.
Fuente: AFP
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Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
- Fuente: AFP
La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).
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Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Dictan prisión para su esposa
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.
La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.