Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.

La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.

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Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.

Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.

En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.

Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.

El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.

El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.

El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.

La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.

“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.

Fuente: AFP

El ministro de Relacio­nes Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, conversó con el presidente electo de los EE. UU., Donald Trump, en Mar-a-Lago; opor­tunidad que sirvió para ana­lizar la situación política en América Latina, donde convi­ven países democráticos con los regímenes dictatoriales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El canciller paraguayo va consolidando poco a poco su candidatura como secreta­rio general de la Organiza­ción de los Estados America­nos (OEA), con los principales líderes mundiales.

La información se dio a conocer a través de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exte­riores del Paraguay, en las cua­les resaltan que este encuentro da continuidad al diálogo tele­fónico que mantuvo el presi­dente Santiago Peña con el pre­sidente electo Donald Trump la semana pasada, estando en la ciudad de Río de Janeiro, Bra­sil, participando de la Cumbre del G20; permitirá avanzar en la agenda bilateral, en el forta­lecimiento de las relaciones y en el desarrollo económico de ambos países.

Luego de la charla con el presi­dente electo de los Estados Uni­dos, Ramírez Lezcano también dialogó con el empresario Elon Musk, quien se ha transfor­mado en una figura muy influ­yente en la transición política rumbo a la Casa Blanca.

De hecho, se ha visto muy seguido a Musk acompañar a Trump en su agenda coti­diana, y fue clave durante toda la campaña electoral del Partido Republicano. El can­ciller Ramírez aprovechó para saludarlo y conversar sobre las oportunidades que ofrece Paraguay para el desarrollo del ecosistema tecnológico.

Al respecto, el portal digital Infobae destacó en su publi­cación que las reuniones de Ramírez Lezcano con Trump y Musk son una señal política respecto a la futura adminis­tración republicana y su pers­pectiva sobre el candidato que debería suceder a Luis Alma­gro en la Secretaría General de la OEA, que vence su mandato en 2025.

“El presidente electo de Esta­dos Unidos no recibió al adver­sario de Ramírez Lezcano – propuesto por Surinam– y es muy probable que nunca lo haga por ciertos antecedentes que complican su propia candi­datura”, resalta la publicación.

El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.

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En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.

Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.

Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.

Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.

“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024″, dictaminó Merchan en un auto.

Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.

Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.

El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia.

El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.

El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.

Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.

Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.

Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos.

Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral.

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Sin embargo, como presidente, podría intervenir para dar un carpetazo a todos esos casos.

Fuente: AFP

La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este jueves en Viena una resolución que critica a Irán por su falta de cooperación en materia nuclear y que Teherán acusó de estar “políticamente motivada”.

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La moción, presentada por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, fue adoptada por 19 de los 35 países de la junta de esa organización de Naciones Unidas, indicaron a AFP dos fuentes diplomáticas.

Rusia, China y Burkina Faso votaron en contra, mientras que 12 países se abstuvieron. Venezuela no pudo participar.

Estados Unidos y sus aliados europeos tomaron previamente la palabra para denunciar la escalada de la República Islámica.

Sus actividades nucleares son “profundamente preocupantes”, declaró la embajadora estadounidense, Laura Holgate.

Alemania, Francia y Reino Unido insistieron en este punto, señalando que Irán ha acumulado suficiente uranio altamente enriquecido para “cuatro armas nucleares”. “Su comportamiento supone una amenaza para la seguridad internacional” y “el sistema mundial de no proliferación”, según su declaración conjunta.

Tras la votación, el representante de Irán, Mohsen Naziri Asl, declaró a AFP que la medida estaba “políticamente motivada y recibió poco apoyo en comparación con resoluciones anteriores”.

El documento, de carácter simbólico por el momento, recuerda a Irán sus “obligaciones legales”, en virtud del Tratado de No proliferación (TNP) ratificado en 1970.

“Es esencial y urgente” que Irán dé “respuestas técnicas creíbles” sobre la presencia de restos de uranio inexplicados en dos sitios no declarados, escriben los autores de la resolución, reclamando al OIEA “un informe completo” para la primavera de 2025.

Desde 2021, Irán restringió significativamente su cooperación con la agencia nuclear de la ONU, desconectando cámaras de vigilancia y retirando la acreditación a inspectores experimentados.

Teherán niega tajantemente que busque desarrollar el arma atómica, pero su programa nuclear no hace más que crecer.

Esta vez, la resolución llega en un contexto particular, con una brecha entre la posición occidental y la del jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi.

Durante una visita a Irán la semana pasada, Grossi obtuvo el acuerdo de la República Islámica para comenzar los preparativos para detener la expansión de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

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“Es un paso concreto en la buena dirección”, insistió el miércoles, y lo es “por primera vez” desde que Teherán se liberó de sus compromisos establecidos en el acuerdo firmado en 2015 en Viena.

Fuente: AFP