El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) cuestionó la decisión unilateral de Argentina de interrumpir los transbordos de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, utilizado por nuestro país desde hace más de cuatro décadas. Afirman que esta medida traería consigo problemas logísticos que podrían disparar el precio del gasoil hasta un 70 %.

Bernd Gunther, presidente de Cafym, explicó a La Nación/Nación Media que la postura de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (Arca) de suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, parte de una interpretación errónea de la Ley 24.093, de actividades portuarias, que podría tener repercusiones en el precio interno del gasoil desde el 26 de julio, fecha en la que la suspensión entraría en plena vigencia.

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Gunther explicó que desde 1981 Paraguay realizó en el lugar las operaciones de alije con el control correspondiente de las autoridades pertinentes del vecino país y que no se explica el motivo por el que resolvieron más de 40 años después modificar un trabajo que consideró que es favorable a ambas partes.

Sin embargo, el cambio de los puntos de alije a los puertos propuestos por Argentina, que son en la zona de Paraná Las Palmas, de aguas menos profundas, canal más estrecho y mayor tráfico naviero, provocarían que estas operaciones de trasbordo se cuadrupliquen alcanzando incluso 12 días, lo que traería sobrecostos logísticos que impactarían en el precio final del combustible en torno al 70 % más.

“Al hablar de un aumento del 70% en la logística, eso se refiere necesariamente al costo final del gasoil en Paraguay, y eso sabemos que afecta al consumidor final”, dijo a LN.

El presidente de Cafym afirmó que no están en contra de modificaciones en el sistema de transbordo siempre y cuando sean para optimizar los tiempos y agilizar el tránsito fluvial, por lo que esperan que desde el Gobierno nacional se establezcan conversaciones con los pares argentinos para resolver la problemática.

De acuerdo con Gunther, el kilómetro 171 es el tramo del Paraná Guazú con un ancho canal y aguas profundas que facilitan y agilizan los trabajos de alije. En el lugar no hay puertos, por lo que la labor se realiza sin afectar el tránsito fluvial.

Estas condiciones hacen que los barcos marítimos y las barcazas que llegan hasta nuestro país puedan transbordar el combustible en un máximo de tres días.

“Esa operativa tiene más o menos un ritmo, una productividad de 12.000 cúbicos al día, o sea, cuatro barcazas por día se cargan, se transbordan en esa modalidad y unos tres días uno está transbordando el combustible y luego sube de vuelta a Paraguay”, explicó.

Debido a la falta de infraestructura portuaria en la zona, el titular del gremio de armadores consideró extraña la interpretación hecha por las autoridades argentinas sobre la Ley 93.093 y recordó que la Prefectura Naval Argentina tiene una resolución que permite que en el kilómetro 171 se realicen operaciones de alije.

“Esta operativa no es nueva, el kilómetro 171 se viene utilizando desde los años 80. Hay una resolución de 1981 de la Prefectura Naval Argentina que habilita el kilómetro 171 como una zona operativa de alige o de transbordo de carga”, explicó a LN.

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La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.

La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.

De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.

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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.

El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.

Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.

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La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, de la Cámara de Senadores, llevó adelante una audiencia pública donde analizó la propuesta de Ley de Protección de Datos Personales.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Patrick Kemper afirmó que está muy satisfecho con la audiencia, porque todos los sectores que participaron quieren que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación.

Al término de la jornada, el legislador explicó que se estará analizando en la comisión todas las propuestas planteadas para emitir el dictamen de aprobación con modificaciones al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados.

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Indicó que durante esta audiencia pública se han escuchado los distintos pareceres de diversos sectores, ya sea del ámbito de la academia, como los representantes de los organismos que tienen como actividad el desarrollo tecnológico del sector privado. Manifestó que también participó el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate con todo su equipo técnico.

“Han participado diferentes sectores de la sociedad civil y público, donde han dado sus pareceres, sugerencias y propuestas de modificaciones al proyecto de ley. Lo importante es que hay un claro interés general de que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación. Ahora nos toca hacer un trabajo minucioso para pulir todas las sugerencias y sacar un dictamen de aprobación con modificaciones”, precisó.

Remarcó que se encuentra muy satisfecho, porque todos los sectores manifestaron que les parece importante contar con una ley de protección de datos personales.

A su turno, el titular del Mitic expresó que es una ley fundamental para la institución a su cargo. Dijo que este proyecto fortalecerá la seguridad jurídica sobre el abordaje de información de las personas.

Agregó que ayudará para atraer mayores inversiones, porque si viene una empresa que trabaja con datos provenientes del exterior necesita una ley que les proteja.

Explicó que esta propuesta ya lleva varios años de estudio, que se ha venido debatiendo en diversas audiencias públicas, ya desde el tiempo que se estudió en la Cámara de Diputados en las distintas comisiones.

“Este proyecto de ley nos permitirá a nosotros fortalecer nuestra seguridad, porque en el proceso de intercambio de información también nos permitirá atraer mayor inversión al país, porque cuando un inversionista viene al país tiene que buscar una ley espejo que complemente la protección de datos”, comentó.

Explicó que cuando una empresa tiene que trabajar con datos provenientes del exterior, tiene que haber una regulación local que precautele eso. De tal manera podamos contar con una ley que permita crecer en cuanto a la inversión internacional.

“También es importante proteger nuestra información de nuestros datos personales, si bien ya contamos con la Ley de Datos Crediticios, que abarca una parte, pero no así la Ley de Datos Personales, que contempla lo que nosotros mismos somos los dueños de estos datos y no una empresa, o una entidad o sociedad. Desde ese punto de vista estamos escuchando las recomendaciones”, acotó.

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Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.