• Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

El sur del país enfrenta una delicada situación hídrica por el drástico aumento en el nivel del río Paraná, impacto que afecta de manera directa a los municipios de la zona de Colonias Unidas.

Los distritos de Bella Vista, Hohenau y Obligado, departamento de Itapúa se encuentran seriamente afectados por la subida del río.

La crecida de las aguas provocó el anegamiento de importantes infraestructuras costeras, accesos bloqueados y pérdidas en establecimientos locales.

Entre las principales afectaciones registradas se destacan el cierre del acceso a Puerto Obligado, donde la invasión del cauce hídrico imposibilita la circulación normal.

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La gravedad del panorama queda expuesta en Puerto Bella Vista, donde el río experimentó un repunte extraordinario al alcanzar una altura de 6,80 metros, cifra que contrasta sustancialmente con el promedio habitual registrado en la zona, el cual suele oscilar únicamente entre los 3 y 3,50 metros.

Este desborde ya deja inundados los sectores del destacamento, el atracadero y el apostadero de la balsa, donde las oficinas locales se encuentran cubiertas por casi dos metros de agua, mientras la línea del cauce se ubica a escasos centímetros de sobrepasar la calle principal.

La zona ribereña de Puerto Hohenau también se ve gravemente afectada, con el agua subiendo a las casillas.

Asimismo, las instalaciones costeras de los clubes de caza y pesca de Bella Vista y Hohenau se vieron completamente sobrepasadas por el agua. El río avanza sobre las playas, carteles, parrillas y bancos de las áreas de recreación, y aún temen que pueda empeorar.

Dado que los monitoreos confirman que el nivel del cauce hídrico continúa en constante ascenso, las autoridades y pobladores de las comunidades afectadas se mantienen en estado de alerta máxima ante el posible agravamiento de la situación en las próximas horas.

La Séptima Región Sanitaria y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Encarnación impulsan acciones interinstitucionales para actualizar y fortalecer el plan de contingencia ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño en el departamento de Itapúa. Se pondrá énfasis en la prevención de inundaciones, la continuidad de los servicios de salud y la seguridad de la población.

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Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.

El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.

Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.

El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.

Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.

Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.

Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.

Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.

El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.

El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.

“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.

El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal

Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

La crecida del río Paraná afectó distintos puntos de Itapúa y también puertos que conectan a Paraguay con la frontera de Argentina, obligando a suspender el cruce fluvial en siete puertos por 10 días ante el riesgo que implica el cruce por el caudaloso cauce hídrico.

La medida fue adoptada por la Armada Paraguaya en conjunto con la Prefectura Naval Argentina, las cuales decidieron cerrar temporalmente siete pasos, impidiendo la circulación de personas y de balsas que trasladan vehículos.

Esto se debe al riesgo que implica para las embarcaciones cruzar las aguas del río en estas condiciones. También hay una alerta para todos los navegantes de la zona para evitar circular en estos días de crecida del río, informó Rocío Gómez, corresponsal del canal GEN.

Por el momento, el tránsito fronterizo entre ambos países queda limitado al puente internacional San Roque González de Santa Cruz, en Encarnación, mientras persistan las condiciones de riesgo para la navegación y el desembarque de pasajeros.

“Con la crecida, el caudal del río Paraná aumenta y afecta a la velocidad de la correntada; también, al subir las aguas, se ve afectada la operatividad de los puertos y se decide suspender el paso transversal fronterizo, más que nada por una cuestión de seguridad de las embarcaciones y, principalmente, en salvaguarda de la vida humana en el río”, explicó el capitán de navío Livio Duarte.

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La restricción alcanza a las tres balsas y a las demás embarcaciones que realizan el transporte internacional de pasajeros. Sin embargo, las operaciones de barcazas y remolcadores continúan con normalidad.

Duarte recomendó a los navegantes evitar desplazamientos innecesarios, atendiendo también a la inestabilidad climática y a la presencia de ramas y otros objetos arrastrados por la corriente.

“Son siete los puertos que están con la suspensión del paso trasversal fronterizo y otros puertos menores, donde también se verifica el paso migratorio”, precisó.

Además de las dificultades para el tránsito fronterizo, la crecida afecta a sectores comerciales y a familias ribereñas.

“Desde la Prefectura Naval están asistiendo a personas que viven en zonas ribereñas; principalmente se están enfocando en asistir a familias de San Rafael del Paraná y de San Cosme y Damíán, donde hay más de 120 familias afectadas”, refirió la corresponsal.

En ese sentido, están trabajando con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el municipio y otras entidades para llevarlas a albergues habilitados debido a que las viviendas fueron anegadas por el avance de las aguas.

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En el distrito de San Cosme y Damián, ubicado en el departamento de Itapúa, la crecida del río Paraná ya afecta a más de 120 familias.

Este fenómeno natural mantiene en alerta a esta localidad donde más de un centenar de familias resultaron afectadas por las inundaciones.

La situación alcanza a Atinguy, Puerto Carrizal, la zona alta, San Pablo y la isla Yacyretá, mientras las autoridades advierten que la contingencia podría prolongarse hasta el próximo año, según reporta la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

El concejal y comandante departamental de los Bomberos Amarillos, Ramón Ferreira, informó que la emergencia superó las estimaciones iniciales y requiere una respuesta coordinada entre las instituciones para asistir a los damnificados.

Explicó que la situación no responde únicamente a las lluvias locales, sino también al vertido de agua por la apertura de compuertas de la represa de Aña Cuá y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Es así que el vertido de agua afecta a varias comunidades.

En Atinguy, las inundaciones están relacionadas con el aumento del caudal aguas abajo de Aña Cuá. En tanto, en la isla Yacyretá y otros sectores, como la isla Paloma, los pobladores comenzaron a sufrir anegamientos tras la reciente apertura de compuertas de la central hidroeléctrica.

Por otra parte, siete familias dedicadas a la pesca en la isla San Pablo reciben asistencia con carpas para continuar con sus actividades, ya que cuentan con viviendas fuera de la isla. La situación mantiene en alerta a las comunidades ribereñas, que deben adaptar sus actividades a las condiciones del río.

Uno de los principales desafíos es garantizar un lugar seguro para las familias que viven en las zonas más vulnerables. En Puerto Carrizal, se trabaja junto al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la EBY para gestionar soluciones habitacionales definitivas en la zona alta, con el objetivo de reducir los riesgos ante futuras crecidas.

En el marco de estas gestiones, los pobladores se comprometieron a no trasladar a niños ni a menores de edad a la franja baja, que será utilizada exclusivamente para las tareas relacionadas con la pesca.

Actualmente, funcionan cerca de 35 albergues construidos con chapa y terciada, donde se refugian unas 80 personas. Ante la necesidad de trasladar a otros 20 a 40 pobladores, se solicitaron 20 módulos adicionales a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). El envío fue coordinado por el ministro Arsenio Zárate para reforzar la asistencia a las familias damnificadas.

La crecida también genera preocupación por el estado de la infraestructura vial. La ruta D022 volvió a presentar grietas después de los trabajos de bacheo realizados anteriormente, debido a las nuevas lluvias y la humedad.

Ferreira explicó que una resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deslinda la responsabilidad de la institución sobre el tramo hasta la barrera, por lo que la transitabilidad depende de la EBY. Como alternativa de contingencia, se contempla utilizar el talud de protección pavimentado para realizar evacuaciones o brindar asistencia en situaciones puntuales.

Otro punto crítico es la escuela Martí de Costaño, ubicada sobre un terreno arcilloso a orillas del río, que quedó al borde del agua. Ante el riesgo de posibles fallas estructurales, se prevé gestionar reparaciones por vía de excepción ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a fin de preservar la infraestructura y garantizar condiciones seguras para la comunidad educativa.

En el ámbito sanitario, el puesto de salud de Atinguy dispone de una sola profesional enviada por el Ministerio de Salud, quien brinda atención de lunes a viernes. Sin embargo, la disponibilidad resulta insuficiente ante el aumento de las necesidades de la población durante la emergencia.

A esta situación se suma la aparición de reptiles y otros animales silvestres que buscan refugio en las zonas altas para escapar de las aguas. El rescate y la protección de estas especies se coordinan con el Refugio Faunístico de la EBY y especialistas locales. Entre los casos recientes se encuentra el hallazgo de una cría de guazú.

Ante este escenario, la Municipalidad articula acciones con la Gobernación de Itapúa, la Séptima Región Sanitaria y los representantes de Acción Social de la Entidad Binacional Yacyretá. Las mesas de trabajo buscan implementar ollas populares, fortalecer la atención médica y garantizar el resguardo de las familias afectadas.

Mientras la crecida continúa condicionando la vida cotidiana de las comunidades ribereñas, las autoridades mantienen las gestiones para ampliar los albergues, concretar soluciones habitacionales permanentes y responder a las necesidades más urgentes.

La posibilidad de que la contingencia se prolongue hasta el próximo año refuerza la necesidad de sostener la asistencia y avanzar en medidas de prevención para reducir la vulnerabilidad de la población ante futuras inundaciones.

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