Los padres de un niño de ocho meses que se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron que su bebé habría sufrido quemaduras a raíz de una estufa que las enfermeras dejaron muy cerca de él.

Según la denuncia de los padres, el lunes pasado las enfermeras encargadas de la unidad habían solicitado una estufa para poder resguardar del frío al bebé, atendiendo que aparentemente el sistema de calefacción no funcionaba.

Con el paso de los días los padres se percataron de que la estufa estaba muy cerca del niño y que parte de su rostro y torso se veían más rojos que otras áreas y habrían mencionado esto al personal de blanco, pero no recibieron ninguna respuesta favorable.

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Ya para la noche del viernes, la madre se percató de que la cara de su hijo estaba muy hinchada y que parte del torso y el brazo estaba sumamente enrojecido, por lo que empezaron los reclamos a los médicos de guardia exigiendo que apaguen el artefacto.

El bebé se encuentra internado debido a complicaciones de una operación por una cardiopatía con la que había nacido, y los médicos le aseguraron a los padres que la hinchazón que veían no era a causa de una quemadura, sino consecuencia de la enfermedad del menor, versión que los padres no creen, debido a que vieron la evolución del pequeño de cerca.

“Nosotros sí nos decían que fue una quemadura accidental y nos decían que si comprábamos los remedios no íbamos a llegar a esta instancia, pero que nos nieguen y nos digan que es otra cosa es lo que lamentamos. Nosotros demasiado sentimos porque nuestro bebé seguro está sufriendo de dolor sin poder hacer nada y nos duele eso”, expresó el padre del niño.

La denuncia se hizo formal a través de la línea 147 Fono Ayuda. Intervino el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez para esclarecer el caso, ya que las dos hipótesis, tanto la de la quemadura como la de una posible complicación, son viables hasta el momento.

“La médica forense examinó ya al menor y recabó información para realizar las pruebas. Una vez que la misma dé su dictamen médico, vamos a saber cómo procesar, si como una negligencia o como una complicación médica, pero hasta el momento mantenemos el caso con un seguimiento muy de cerca, ya que se trata de un menor en estado delicado de salud”, explicó la fiscal María Palazón en conversación con el canal de noticias C9N.

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El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, explicó que el proceso de licitación para la compra de las máquinas de votación no llegará a tiempo para organizar unas eventuales candidaturas en los municipios de Ciudad del Este y Asunción.

Ambas municipalidades se encuentran en proceso de intervención y se puede dar la destitución de los intendentes Miguel Prieto y Óscar Rodríguez, una vez que esto ocurra, la Justicia Electoral debe convocar a unas elecciones, sin las máquinas de votación, los comicios se realizarán con papeletas.

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“No (hay tiempo). Estimamos que eso se va a realizar entre diciembre y enero, ahí no va haber todavía máquinas de votación, eso va ser con boletines porque es un cargo uninominal, es una sola persona”, indicó en entrevista para La Nación/Nación Media.

El alto funcionario electoral explicó que no existe ningún impedimento para la utilización de los boletines de votos en este tipo de elecciones, aclarando que las máquinas de votación sí son obligatorias para los cargos plurinominales.

“Las máquinas son obligatorias y necesarias para los cargos plurinominales donde se aplica el sistema de listas desbloqueadas, en los cargos uninominales no hay ningún problema, se pueden hacer con boletines. La 6318 es la ley que obliga con máquinas de votación y dice claramente que es para los cargos plurinominales, convencionales constituyentes, senadores, diputados, Juntas Departamentales y Juntas Municipales. La ley es muy clara”, aseguró Ljubetic.

El proceso de licitación de las máquinas de votación se encuentra paralizado por una medida cautelar por parte del Tribunal de Cuentas, presentada por una empresa. El planteamiento se encuentra actualmente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá tomar la decisión de hacer lugar o no a la medida.

“Ni bien autorice la Corte nosotros vamos a hacer la revisión técnica de las máquinas para ver si cumplen el pliego, y después, con las máquinas que cumplen de las empresas se abre el sobre de oferta económica, luego ya se otorga la venta a la empresa con mejor oferta. Ahí podrían haber otra vez protestas, y puede otra vez prorrogarse, pero nosotros aspiramos recibir las máquinas en noviembre o diciembre”, concluyó.

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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) continúa desplegando un amplio operativo nacional bajo el Plan Sumar, con patrullas preventivas y controles en zonas clave para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad ciudadana.

Los agentes de la Senad implementaron varios controles en la zona de Salto del Guairá, donde realizaron patrullas en la línea internacional, camino a Palmeriña y áreas adyacentes, reforzando la presencia en puntos críticos para prevenir el tráfico de drogas .

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Asimismo se llevó a cabo controles en la zona de Teniente Montanía, departamento de Boquerón, donde se ejecutaron los operativos móviles y fijos en esta zona del Chaco paraguayo, priorizando la disuasión de actividades ilícitas en áreas sensibles.

También se practicaron controles en Concepción, específicamente en San Alfredo y Vallemí, donde se verificaron personas, vehículos y cargas, fortaleciendo la estrategia de presencia activa para detectar microtráfico.

La Senad también desplegó operativos en Alto Paraná, donde se realizaron los controles, además en Presidente Franco, Los Cedrales y zonas portuarias, con énfasis en la prevención y seguridad, en línea con los objetivos del Plan Sumar.

Estas acciones reflejan el esfuerzo coordinado de la Senad, que incluye colaboración con fuerzas armadas y fiscales. La institución reafirma su rol clave en la lucha contra el crimen organizado, con un despliegue territorial sostenido que abarca zonas urbanas, rurales y fronterizas, indicaron.

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La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.