Este miércoles, pobladores en la ciudad de Luque denunciaron que desde hace dos semanas están sin agua porque unos hermanos decidieron bajar la llave del motor del tanque que les proveía del vital líquido a más de 300 usuarios. La propiedad fue cedida por un hombre que ya falleció y sus herederos no permiten el acceso a los pobladores, por lo que piden intervención de la comuna.

Se trata de vecinos del barrio 8 de Diciembre, que desde hace dos semanas no tienen acceso al agua potable y que eran proveídos por la aguatera comunal. Esta fue construida dentro del programa “Ñamopu’ake”, pero atendiendo a que en la zona el agua es salada un vecino accedió ceder parte de su propiedad para instalar el tanque.

“Se instaló en una propiedad privada con una autorización que firmó el dueño del terreno Miguel Ángel Romero Duarte para la perforación del pozo. Se hizo eso hace casi 4 años y todo iba bien hasta que falleció el señor. Los hermanos quedaron como herederos y ahí comenzaron los problemas”, confirmó Graciela Balmaceda, una de las afectadas, en La Nación/Nación Media.

Explicó que se cedió una parte del terreno con una medida de 16 metros cuadrados que eran abiertos para los pobladores. “Cuando falleció el dueño sus familiares alambraron el lugar y bajaron la llave del motor. Hasta ahora no podemos ingresar para alzar la llave y que podamos acceder al agua”, refirió.

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Graciela indicó que los nuevos propietarios del terreno les indicaron que ya no dejarán que tengan acceso al tanque porque la conexión era directa y que desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) los multaron por conexión clandestina.

“El motor que funciona dentro del terreno donde está el pozo no tiene medidor y estaba conectado en forma directa. Entonces, dicen que la Ande ya vino en tres ocasiones a cortarles y multarles por robo de energía, por eso se enojaron y nos dejaron sin agua”, señaló.

Agregó que como condición los nuevos dueños pidieron que se coloque un medidor independiente en el lugar, pero no quieren que se ponga a nombre de ellos. “El problema es que no nos permiten poner a nombre de la aguatera ni de ellos y ya no hay caso”, refirió.

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La afectada indicó que estas personas ya no quieren negociar con los usuarios, pese a que ya subieron el costo para mantener el servicio. “El dueño anterior nos cobraba G. 500.000 mensuales para mantener arriba la llave para cargar el tanque como el mantenimiento general del sitio, que serían de unos 15.000 guaraníes por casa y su familia ya nos subió a un millón”, indicó.

Pidió a las autoridades de la Municipalidad de Luque para que intervengan en el caso y si es posible que los 16 metros cuadrados de la propiedad pasen a nombre de la comisión 8 de Diciembre para que pueda administrar el servicio de agua potable. “Necesitamos ayuda de las autoridades especialmente de Territorio Social, no podemos seguir sin agua”, puntualizó.

Actualmente, como medida de urgencia una aguatería privada les habilitó una canilla en una plaza desde donde juntan agua en recipientes y llevan hasta sus casas. “Hay agua, pero no nos dejan usar porque ellos cerraron la propiedad y no permiten que entremos para subir la llave del motor”, concluyó.

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Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.

“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.

Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.

La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.

“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.

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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.

Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.

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En el barrio San Ramón de la ciudad de Capiatá una familia fue víctima de un grupo de delincuentes que ingresó a su vivienda en la madrugada de este martes con la intención de robar el lugar.

Los malvivientes actuaron con suma violencia amenazando en todo momento a los integrantes de la familia. El actuar de los delincuentes quedó grabado en imágenes de circuito cerrado

En las imágenes se observa que si bien son seis los que ingresan a la casa, uno más queda afuera para vigilar. Los sujetos primeramente cortaron una reja de hierro y posteriormente rompieron una puerta de blindex para ingresar.

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“Al escuchar los ruidos me acerqué a la puerta a mirar y le llamé a mi hermano y ahí ya nos encontramos con los hombres, rompieron la puerta y ya nos amenazaron, en todo momento. Yo les dije que llevaran todo, pero que no nos hagan nada en especial a mi hijo de 9 años al que le apuntaban también con un arma”, indicó la víctima del hecho en conversación con El canal de noticias NPY.

La misma aseguró que finalmente los asaltantes se habrían alzado con la suma de 2.000.000 de guaraníes que tenía guardada su madre en un mueble además de otros objetos pequeños, ya que no contaban con más efectivo.

Destacó además que era la primera vez que eran víctimas de algo similar. Tras percatarse de lo que estaba ocurriendo en la vivienda una vecina llamó a los efectivos de la comisaría más cercana, pero cuando llegaron ya los asaltantes se habían dado a la fuga. Horas más tarde en medio de un trabajo de rastrillaje por la zona dieron con un sujeto que sería parte de la banda y recuperaron parte del botín.

La principal hipótesis de los investigadores es que los autores del hecho serían habitantes de un asentamiento de la zona y que ya habían estado vigilando los movimientos de la familia para perpetrar el hecho.

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Este martes, desde el Centro de Adopciones del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) hicieron un llamado especial para aquellas parejas que deseen adoptar a tres hermanos, que necesitan de una familia, amor y cuidados. Son dos niñas y un niño, el pedido especial es que vayan juntos a una misma familia.

Estos pequeños de 9, 8 y 6 años, respectivamente son hermanos que requieren de una familia, con unos padres que estén dispuestos a brindarles amor y un hogar definitivo. Además, de que tengan una capacidad de adaptación, flexibilidad y empatía con estos pequeños que pasaron por un mal momento.

Otro de los requerimientos para poder adoptar a estos pequeños es que tengan la posibilidad de sostener y acompañar los tratamientos médicos continuos con profesionales de varias especialidades, así como del acompañamiento pedagógico para adecuación curricular inclusiva. Por sobre todo que tenga apertura de diálogo y tiempo para compartir momentos familiares.

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“Uno de los requisitos básicos que se pide por Ley en el Centro de Adopción son los antecedentes policiales, judiciales, vida y residencia; y tener un certificado de no poseer algún trastorno mental. Todo los demás requisitos están en la página web del Ministerio de la Niñez”, explicó David Aquino, director del Centro de Adopciones, en Unicanal.

Manifestó que lo principal es que tengan la posibilidad de dar amor y una familia estable a estos hermanos. “Tienen que tener esa condición de dar amor y querer formar una familia. También, brindar atención y cuidado que se le debe dar a estos niños”, confirmó. Los interesados pueden llegar hasta el Centro de Adopciones ubicado en Ayolas esquina Oliva, de Asunción, o llamar al (021) 228-777 internos 1055/1057.

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