El diputado Rodrigo Gamarra, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), se pronunció respecto al interés de la bancada opositora por eliminar este órgano. El legislador cuestionó el discurso de dicho sector y recordó que en el periodo pasado esta misma comisión no fue considerada por ellos como “garrote”.

“Ahora se suman los pedidos de eliminar la Comisión Bicameral de Investigación bajo el argumento de que es una “comisión garrote”, pero curiosamente cuando ellos dirigieron una comisión en el periodo pasado, que sí era destinada a perseguir colorados y en especial a Horacio Cartes, todo era perfectamente legítimo”, expresó Gamarra.

A esto añadió que la comisión anterior estaba respaldada y fomentada por los mismos actores que hoy critican la existencia de la misma. “La doble vara, una vez más, en su máxima expresión”, sentenció. Asimismo, indicó que no deja de sorprender la creatividad de la oposición para encubrir los escándalos de corrupción que los envuelven.

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“Este show de hipocresía es digno de un aplauso. Son tan rigurosos cuando se trata de otros, pero al mismo tiempo, tan creativos al esquivar sus propias verdades y ahí están, ahora encubriendo a Salyn Buzarquis”, expuso. “¿Corrupción en sus filas?, un simple malentendido, ‘ayuda a un pobre camionero’. Aquí se justifica todo con un tono casi poético, maquillando perversidades con excusas del tipo ‘errores humanos’ o ‘ataques de Honor Colorado’”, aseveró.

Igualmente recordó el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien incluso fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles en el sonado caso “Tía Chela”, licitación que fue direccionada y se habría causado un perjuicio millonario a la comuna, según el propio relato de la Fiscalía, sin embargo, este hecho para la oposición es una simple “persecución política”.

“Para rematar y como la cereza de la torta, los mismos que se la pasan hablando de dictadura en Paraguay son los adoradores de Nicolás Maduro, de Fidel Castro y de todos esos líderes dictatoriales de izquierda. Posan felices en fotos con ellos, les alaban en redes sociales y hasta les rinden comunicados oficiales. Curioso, ¿no?, mientras señalan a los demás con el dedo acusador, aplauden con fervor a los que han instaurado verdaderas dictaduras”, afirmó.

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El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) ahondó una problemática que incide en el sector a nivel nacional respecto a los sobrecostos que enfrentan a la hora de ingresar productos al país por su mediterraneidad, lo cual termina impactando en el consumidor final. Los excesos de costos solo en el año 2023 fueron de un 33 % del valor del transporte de las importaciones.

Pero este porcentaje puede ser revertido en beneficios directamente proporcionales para la mejora de precios de los productos y, por ende, para los compradores, si se eliminan, reducen, simplifican y automatizan varios procesos en diversas instituciones. El porcentaje indicado de sobrecostos se traduce en unos USD 355 millones.

Los datos fueron expuestos en una presentación de resultados del Estudio de Costos y Sobrecostos a la Importación realizado por el CIP, que mide los avances obtenidos en dicho aspecto tras el último informe similar realizado en el 2014, y en conmemoración a los 85 años de vida institucional.

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“Lo que buscamos a través de este estudio, que ya lo presentamos ayer (lunes) a las autoridades, es que se pueda mejorar nuestra condición de mediterraneidad, y eso sería mediante la inversión en infraestructura, por un lado. Porque estos sobrecostos que estamos pagando, lo hacemos todos y eso se puede revertir para no tener que trasladarlo a los precios finales”, expresó Iván Dumot, presidente del CIP.

El referente explicó que también impactan las trabas arancelarias con burocracias excesivas que, en el peor de los casos, inciden en los productos más afectados con hasta 10 o 15 % de los costos, y si se resuelven estos aspectos, que sí serían acciones a corto plazo, redituará en una baja importante de los precios de los productos al consumidor.

El estudio fue presentado por el economista y exviceministro de Comercio, Pedro Mancuello, quien explicó que las importaciones tienen sobrecostos institucionales en Aduana, en Tributación, por licencias, por permiso, así como por el factor tiempo. Con esto se pretende mostrar cuáles son esos cuellos de botella y proponer las soluciones para reducir, eliminar o simplificarlos.

“Al ser un país mediterráneo tenemos de por sí un sobrecosto de importación importante, lo revela el estudio en relación al resto de los países de Sudamérica porque a Paraguay le sale 3 % más, a nosotros nos cuesta 9,3 % y el promedio es de 6,3 %. Tenemos que asumir esa realidad geográfica y compensar reduciendo los costos”, remarcó.

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En cuanto a las soluciones planteadas como alternativa, a corto plazo citaron que es preciso mejorar la infraestructura de cargas en el aeropuerto, realizar trabajos de dragado que sean sostenidos en el tiempo para garantizar la navegabilidad, así como la duplicación de la ruta PY01 para facilitar ingreso de productos que viene de la Argentina.

En tanto que, a mediano plazo, serán igualmente importantes la diversificación de la modalidad de transporte con nuevas conexiones que bien pueden ser ferroviarias, así como el postergado plan maestro de la Hidrovía Paraguay-Paraná, atendiendo las situaciones cíclicas de sequía que impiden una navegación al 100 %.

Con relación a los avances respecto al anterior estudio, realizado hace 10 años, encontraron 7 aspectos relacionados a los sobrecostos a la importación, de los cuales 3 ya fueron eliminados en el último año tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno. El arancel consular, una tasa del 7 % sobre el arancel consular destinado al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y tarifas portuarias de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en áreas de control integrado fueron las que se lograron eliminar.

Pero todavía se puede seguir reduciendo los sobrecostos de importación eliminando la tasa de intervención ANNP y la anterior Dirección Nacional de Aduanas (DNA, hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - DNIT), una diferencia de pesaje en DNA, fotocopias y Licencias Previas de Importación (LPI). Es por eso que el reporte pretende instalar una mirada retrospectiva de, en qué medida se viene avanzando en un mercado cada vez más globalizado, de modo a mejorar los instrumentos de políticas públicas, lo cual no pretende ser solo un beneficio para el sector sino para la sociedad en sí, acotó Hugo Royg, director ejecutivo del CIP.

El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, presentó un pro­yecto de ley en el cual propone eliminar cargos vacantes en el Poder Legislativo, surgidos tras la aplicación del programa de retiro incentivado para fun­cionarios permanentes, bus­cando elaborar una reingenie­ría en la sede legislativa.

El retiro voluntario de los fun­cionarios implica alrededor de G. 900 millones para el Con­greso, representando un costo financiero de 47 % menos que los programas generales de retiro voluntario aplicados por otros organismos y enti­dades del Estado, en el marco de una reorganización.

Dentro de la explicación de los motivos del proyecto, Ovelar manifestó que se buscará pro­mover la eficiencia en el funcio­namiento institucional, espe­cialmente de la Cámara de Senadores, apelando a una rein­geniería del capital humano, diferente a los programas tra­dicionales de retiro voluntario.

A decir del presidente del Con­greso, el proceso que se viene aplicando ya ha permitido la promoción interna de funcio­narios para cubrir determi­nados roles dentro de la sede legislativa, aparte de desem­peñarse en los cargos ocupa­dos por los funcionarios que se acogieron al programa.

El próximo lunes 27 de noviem­bre termina la suspensión del cobro del peaje en el río Paraná que impuso ilegal­mente la Argentina. Y a partir de ese día el vecino país volverá a cobrar el impuesto a las naves que pasen por ese tramo con todo lo que ello implica en perjuicios económicos y molestias a las empresas que exportan desde Paraguay o traen mercaderías del exterior. El breve respiro que se tuvo debe servir para intensificar las accio­nes a fin de excluir esa traba que va contra las normas internacionales de libre navegación.

El 27 de setiembre pasado se había con­seguido un acuerdo con el Gobierno argentino por el que se suspendía el cobro del peaje en la hidrovía Para­guay-Paraná y las retenciones de las embarcaciones que pasaran por el sitio por un plazo de 60 días. Se había anun­ciado que en esos dos meses se evaluaría la legalidad de la tasa mencionada por parte del comité compuesto por miem­bros de varios gobiernos, que en sus ins­pecciones ha encontrado deficiencias en los trabajos realizados por el vecino país. Eso aparte de la ilegalidad medular de la traba fluvial.

Fuentes de los armadores fluviales de nuestro país refirieron que en la ins­pección técnica que se realizó reciente­mente en el tramo del Paraná afectado por el impuesto hay gran cantidad de falencias en los trabajos que los argenti­nos dicen haber realizado en la zona. La revisión que estuvo a cargo de los repre­sentantes de los países miembros de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) sirvió para constatar y documentar las deficiencias. Una de las personas que integró la delegación que realizó las inspecciones, el titular del Centro de Armadores Fluviales y Marí­timos (Cafym), Raúl Valdez, manifestó: “Estamos con una perspectiva con­cluyente que desarma la intención de Argentina de justificar el peaje por ser­vicios que ellos dicen realizaron, porque en el recorrido del tramo de la hidrovía se pudo verificar eso in situ. Encontra­mos muchas deficiencias en el sistema de navegación que no se trasladan en beneficios como quisieron argumentar”.

El empresario relató que en el recorrido nocturno por la hidrovía encontraron deficiencias muy importantes, como que todo el sistema de señalizaciones, como boyas y torres que deben servir de guía a las embarcaciones no estaban en condi­ciones adecuadas.

Hay que destacar firmemente que, al margen de lo que haya realizado o no en el Paraná, la Argentina no tiene dere­cho a poner ningún impuesto ni traba. La conclusión final del CIH no es más que una constatación que será muy útil para conocer lo realizado, pero que no incide en las garantías que rigen para la libre navegación del río. El derecho esta­blecido por las normas internacionales para que no haya trabas en la navegación del río está por encima de cualquier otro detalle. El cumplimiento de las leyes no se discute.

El Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la hidro­vía Paraguay-Paraná es muy claro en sus disposiciones para la libre navega­ción. En su artículo 5 dice: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gra­vamen, tributo o derecho sobre el trans­porte, las embarcaciones o sus carga­mentos, basado únicamente en el hecho de la navegación”. Lo que quiere decir que Argentina ni ningún otro país fir­mante de esta norma puede poner peaje como ha puesto, sin acuerdo previo de las naciones involucradas.

En el mismo documento se consigna que: “Los países signatarios se recono­cen recíprocamente la libertad de nave­gación en toda la hidrovía de las embar­caciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de terceras banderas” (Art. 4). Si se reco­noce la libertad de navegación en toda la hidrovía, no se puede impedir la circu­lación de las naves por no haber pagado peaje ni ningún canon ilegal. Para el cumplimiento de esta norma no inte­resa si la Argentina haya hecho obras o no, porque el acuerdo es bastante claro y contundente en ese punto.

La postura del Gobierno nacional es muy precisa sobre el peaje en la hidrovía: no corresponde y, por consiguiente, hay que eliminarlo. Por eso debe insistir con sus acciones legales, como el arbitraje, hasta la solución definitiva del caso.