El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) que repartió millones en sueldos y honorarios entre el clan del presidente de la organización, Agustín Carrizosa, mediante jugosos convenios en el gobierno de Mario Abdo Benítez, administra proyecto anticorrupción que articula una “Coalición por la Legalidad” con financiación internacional en el marco de un acuerdo con contrapartida local que, a simple vista, es una concertación anticolorada liderada por políticos y operadores de la oposición. Detrás corren suculentos negocios de consultoría, pero entre un grupo reducido dedicado principalmente a “charlas y capacitaciones”. Quiénes son los que cobran y cuánto son un misterio, pese a que el principal discurso es la transparencia.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
De alguna manera se va develando el misterio y la curiosidad de muchos sobre estas redes de organizaciones capitaneadas por políticos de la oposición y que están aglutinadas en lo que llaman “Coalición por la Legalidad”. Estos grupos que se han convertido en logias detrás del poder forman parte del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción, ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
Las acciones de estos grupos se encuadran al objetivo “potenciar la gobernabilidad democrática y promover un crecimiento económico sostenible de base amplia. El principal Objetivo de Desarrollo que resulta de esta meta es consolidar la cultura de la legalidad para reducir la corrupción en Paraguay”, que refiere uno de los indicadores del convenio de Asistencia para el Desarrollo firmado en setiembre de 2020 entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). De hecho, en las actividades se promociona el apoyo del organismo internacional.
La contribución total estimada de Usaid es de USD 44,4 millones, más USD 5 millones de contrapartida local tiene una vigencia de 5 años (2020-2025). El proyecto contiene 4 indicadores fundamentales como el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Avance de Oportunidades Económicas Formales, Mejora del Control Ciudadano y actividades actuales ya existentes y estamos a la espera de una respuesta de la Cancillería para conocer sobre los gastos, la ejecución, adendas que se hayan incluido.
La mejora del Control Ciudadano refiere que Usaid “apoyará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la academia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno. Usaid también apoyará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. En este rubro, con un rol simulado de representantes de la sociedad civil se ubicó muy bien la concertación de políticos de la oposición y sacaron provecho electoral siguiendo los lineamientos, pero, con la puntería bien dirigida a un sector específico del Partido Colorado al que persiguen como sus “corruptos” favoritos. Todo esto gracias al convenio que se firmó con el gobierno de Abdo.
Como “representantes” de la sociedad civil realizan manifestaciones, escraches, presionan a jueces y fiscales en casos que resultan relevantes para sus banderas políticas. El coordinador del proyecto que aglutina estos grupos es Francisco Alcaraz, del CIRD, ONG donde asegura honorarios por valor total de G. 792 millones hasta el 2025, precisamente año de culminación del programa.
Alcaraz, quien por cierto está siendo investigado por el Instituto del Previsión Social (IPS) por supuesto seguro de favor, el mismo está vinculado a las consultoras que facturan en el marco del citado proyecto anticorrupción y es uno de los lobistas a la hora de presionar por acciones judiciales contra los corruptos que forman parte del objetivo. ¿Cuál es la diferencia de las presiones que se pasan denunciando y atribuyendo a un sector político?, las intromisiones son exactamente iguales, la única diferencia es que se presentan a despachos de jueces y fiscales como representantes de la sociedad civil.
No son representantes de la sociedad civil, son políticos que reditúan con la esperanza de mucha gente que sí quiere combatir la corrupción. De hecho, la connivencia entre el CIRD con el gobierno de Abdo para repartir sueldos y honorarios al clan del presidente de la organización a costa de convenios de reactivación económica en tiempos duros de la crisis sanitaria por el covid-19 y la pospandemia demuestra que están muy distantes de los intereses de la ciudadanía.