Un documento filtrado revela el plan de acción que pretenden llevar adelante algunas organizaciones no gubernamentales para boicotear el proyecto de ley que busca establecer mayor control y transparencia a las mismas. De hecho ya se dieron algunos de los pasos establecidos en la hoja de ruta que no escatima maniobras al punto de generar un terrorismo de Estado.
El 4 de julio de 2024, a las 15:30, una reunión convocada por la Fundación CIRD y liderada por Agustín Carrizosa reunió a 73 representantes de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que se sienten amenazadas por la nueva ley que exige mayor control, transparencia y rendición de cuentas. Esta normativa, actualmente en tratamiento y ya revisada por varias comisiones, ha generado una fuerte oposición entre varias entidades. La pregunta que surge es: ¿Defienden realmente estas organizaciones el bien común o están protegiendo intereses particulares?
Un documento filtrado tras la reunión revela el plan de acción que buscan establecer los referentes de estas organizaciones para tratar de frenar el proyecto de ley.
Estrategias para bloquear la ley
La reunión, realizada vía Zoom, incluyó a prominentes figuras del ámbito como Marta Ferrara, Óscar Charotti, un representante de los indígenas que en el pasado asesoró al Congreso en temas de pueblos originarios, Miguel Ángel Rivarola de la Fundación Paraguaya y el secretario de la Pastoral Social. El objetivo central del encuentro fue delinear estrategias para impedir la aprobación de la ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las OSFL.
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Entre las acciones decididas, se resolvió iniciar un lobby directo y personal con senadores y diputados del Partido Colorado disidentes. Entre los nombres mencionados como posibles aliados se encuentran Blanca Ovelar, Lilian Samaniego y Luis Pettengill. No obstante, se optó por no acercarse al grupo del Frente Democrático para evitar afectar la percepción ciudadana.
Un plan de acción controversial
Estos son algunos de los puntos que resaltan en el documento filtrado.
- Lobby directo: iniciar de inmediato contactos individuales con senadores y diputados, tratando de convencer a los disidentes del Partido Colorado de oponerse a la ley antes de la votación prevista para el 9 de julio.
- Intercesión del cardenal: solicitar la intervención del cardenal con el senador Gustavo Leite, aprovechando su influencia para retrasar el tratamiento de la ley.
- Solicitada conjunta en medios: publicar un comunicado conjunto en medios de prensa favorables para alertar a la ciudadanía sobre las implicancias de la ley, calificándola de inconstitucional y confiscatoria.
- Delegación para el 9 de julio: formar una delegación diversa, incluyendo representantes indígenas, estudiantes y miembros de la Iglesia católica, para ejercer presión durante el tratamiento de la ley en el Congreso.
- Prensa internacional: contactar a medios internacionales, como CNN, para proyectar una imagen negativa del país y presionar al presidente de la República a vetar la ley.
- Acciones legales: en caso de aprobarse la ley, presentar una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar para suspender sus efectos hasta que se resuelva la cuestión legal, lo cual podría tardar años.
- Modificaciones específicas: convencer a algún senador aliado para proponer modificaciones a los artículos 1, 2 y 3 de la ley durante la plenaria, buscando reducir su impacto sobre las OSFL.
- Campaña en redes sociales: desarrollar un eslogan o discurso persuasivo para una campaña masiva en redes sociales, actuando como bloque y no de manera individual.
- Financiación colectiva: crear una cuenta común para financiar las acciones propuestas, ya que ninguna organización dispone de fondos suficientes por sí sola.
- Documento marco: las organizaciones con asesores jurídicos redactarán un documento marco para presentar la acción de inconstitucionalidad, compartiéndolo con las entidades más pequeñas sin recursos para contratar abogados.
Intereses en juego
La preocupación principal expresada en la reunión fue la imposibilidad de contratar libremente al personal considerado más comprometido e idóneo debido a las nuevas restricciones contra el nepotismo incluidas en la ley. Esta preocupación pone en evidencia una posible contradicción: mientras se presentan como defensoras del bien común, muchas de estas organizaciones parecen estar más preocupadas por mantener el control sobre sus recursos y operaciones.
El enfoque en contactar a medios internacionales para proyectar una imagen negativa del país también sugiere una estrategia agresiva que podría tener consecuencias adversas para la imagen nacional, independientemente de la legitimidad de sus reclamos. Además, la insistencia en realizar un lobby personal y directo con ciertos senadores revela una intención de influir en el proceso legislativo de una manera que podría considerarse poco transparente.
La reunión plantea serias dudas sobre las verdaderas intenciones de las OSFL que se oponen a la nueva ley de transparencia. Si bien es cierto que algunas organizaciones cumplen con sus obligaciones y desempeñan un papel crucial en la sociedad, la resistencia a una mayor rendición de cuentas y transparencia sugiere que hay intereses particulares en juego. El esfuerzo coordinado para bloquear la ley, utilizando tácticas de lobby, influencia religiosa, presión mediática y acciones legales, pone en entredicho la sinceridad de su compromiso con la transparencia y el bien común.
Esta situación destaca la necesidad de un debate público más amplio y transparente sobre el papel y la regulación de las OSFL en Paraguay. La ley propuesta, con sus medidas de control y transparencia, podría ser un paso importante hacia una mayor responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados destinados a estas organizaciones.