El actual ministro de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, salió al paso de las declaraciones que realizó Arnaldo Giuzzio, extitular de la Senad, a través de sus redes sociales, quien cuestionó los resultados de la actual administración.

En comunicación con el pro­grama “Tarde de perros” que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, el minis­tro Rachid señaló que de todo lo declarado por el exminis­tro Giuzzio, comparte un punto con él, pues Giuzzio reconoce que la Senad es hoy una institución totalmente diferente a la que fue bajo su gestión, que estuvo a dispo­sición de estructuras crimi­nales y un arco libre para el narcotráfico.

Giuzzio trató de despresti­giar la gestión actual, que está haciendo frente al cri­men organizado, y desman­telando importantes estruc­turas, olvidando por su parte todas las evidencias y prue­bas que existen en su con­tra. Entre esas evidencias por ejemplo está el desglose de más de 700 páginas de la Fiscalía, que señalan cómo se utilizó la Senad para obte­ner información privilegiada de procedimientos, allana­mientos, eso sin olvidar el levantamiento de los con­troles en los puertos priva­dos, el caso de la camioneta y conversaciones que se conocieron con Marcus Vinicius Espínola, entre otros casos.

Al respecto, el ministro Rachid indicó que él tiene cuestiones verdaderamente serias que atender y de qué preocuparse; y no debería estar ocupándose de algu­nas cifras y estadísticas que están dando desde la Senad, con la actual gestión, y que no son inventadas por la admi­nistración actual.

“Los números que ellos gene­raron o que no generaron en su momento, no es algo que yo inventé, comparando con los números que nosotros estamos logrando en un año de gestión es algo que verda­deramente muestra muchísi­mas diferencias. Esos datos son manejados por la insti­tución, son datos oficiales de la institución. Acá puede salir de la Senad Jalil Rachid en cualquier momento, pero esos datos van a continuar en la institución, sea quien sea el próximo ministro de la Senad”, indicó.

El ministro Rachid ratificó que se toma de esos datos ofi­ciales para dar un informe de gestión y demostrar que en su momento, algunas cosas se dejaron de hacer. Lamentó además que el exministro Giuzzio e incluso el exman­datario Mario Abdo tengan “la tremenda caradurez de cuestionar estos resultados”.

El ministro Rachid ratificó que la gran diferencia que existe actualmente, es que la Senad ha recuperado su visión misional de control y muestra de ello son los resul­tados que se dan por ejem­plo, en el control de puertos y aeropuertos.

“Es abrumadora la diferen­cia entre los controles que estamos llevando nosotros en este primer año, con lo que supuestamente hicie­ron ellos en su momento”, expresó.

Finalmente, señaló que todo este trabajo se llevó a cabo con la reestructuración del organigrama de la institu­ción, poniendo a las perso­nas adecuadas en los cargos para evitar las filtraciones y todo este trabajo de control se llevó a delante con un pre­supuesto heredado, que no es funcional a todo lo que hoy en día se está llevando a cabo desde la Senad.

“Entonces, al primer cuestio­namiento que hace Giuzzio yo le digo, nosotros traba­jamos con el mismo presupuesto que ellos nos deja­ron, pero estamos teniendo mayor rendimiento y mejo­res resultados. Por eso, insisto que extrañamente coincido con lo que dijo en sus redes, que la Senad es una institución completa­mente diferente desde su pasada gestión”, concluyó.

“Hubo una oportuni­dad de captu­rar a toda la banda y tal vez incluso evitar la muerte de Cecilia Cubas”, dijo el exjuez Andrés Casati tras comentar que durante el cautiverio de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau las autoridades de investigación y seguridad manejaban la información del lugar donde se produjo un encuentro entre los cri­minales para tomar la deci­sión final de asesinarla.

“En aquella oportunidad el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio no había dado la autorización para que se produzca el allanamiento en dicha propiedad, donde se estaba realizando la reu­nión. A raíz de esto entiendo que Giuzzio fue desvincu­lado de la investigación y ahí ya prosiguieron otros agentes fiscales”, sostuvo a la 1020 AM.

Casati, quien ejerce la repre­sentación legal de la fami­lia Cubas Gusinky, detalló que la inacción del también exministro del Interior y exministro de la Secreta­ría Nacional Antidrogas (Senad) quedó registrada en los informes judicia­les del caso. A la vez agregó que el hecho también había sido resaltado por el falle­cido abogado Óscar Germán Latorre, quien en ese enton­ces ocupaba el cargo de fiscal general del Estado.

“En aquel entonces, que tenían ubicado el lugar donde se estaba realizando la reunión de punto final, donde se decidió el homici­dio de Cecilia. Es gravísimo. Para los que estudiamos derecho eso fue frustra­ción a la persecución penal que tiene una pena priva­tiva de libertad de hasta 10 años, pero entiendo que no se inició ninguna investiga­ción fiscal y quedó ahí, como una anécdota desgraciada de nuestra historia para­guaya”, lamentó.

Casati sostuvo que “tal vez estaría Cecilia con nosotros, si no había esa reunión y eran todos capturados y presos, nadie iba a decir la muerte de Cecilia. Esto (inacción de Giuzzio) salió hasta en los diarios, se trato en el juicio oral, caso contrario no esta­ría enterado. Nos quedamos todos sorprendidos cuando surgió de la declaración del doctor Latorre. Es muy triste, por lo menos debería tener una condena moral, social”.

Las afirmaciones del abogado surgieron en el marco de la rea­nudación del juicio iniciado este pasado lunes a Lorenzo González, uno de los secues­tradores de Cecilia Cubas Gusinky, quien había sido secuestrada el 21 de setiembre del 2004 por el brazo armado del partido Patria Libre, cuyos miembros se convertirían pos­teriormente en el grupo crimi­nal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Es muy grave la acusación considerando que esta administración se caracteriza justamente por perseguir la sustracción de energía eléctrica”, indicó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, ante la acusación realizada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien señaló que altos directivos y funcionarios de la institución solicitan una supuesta coima a las criptominerías que operan de manera ilegal.

Buzarquis dijo que facturan en promedio la suma de USD 500.000 y que Sosa no puede desconocer la situación, razón por la cual solicitó su renuncia o su interpelación. Sin embargo, el titular de la entidad en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media sostuvo que bajo su administración se logró con el Ministerio Público la apertura de 71 causas penales contra los responsables de la comisión del hecho ilícito.

“Es una difamación a la Ande, principalmente a nosotros, pero estamos muy conscientes de todo lo que estamos haciendo. Lastimosamente este señor Buzarquis, tomó la bandera de que no se tiene que subir (la tarifa a criptominerías), el sabrá los motivos”, sostuvo a la 1080 AM.

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Sosa consideró que la acusación sería una represalia por el reajuste del costo de la tarifa a criptominerías. “Esto surge a raíz de la decisión tomada por la Ande de actualizar las tarifas del grupo de consumo intensivo especial que realiza las actividades de criptominerías en Paraguay, la Ande fue la única institución que le abrió las puertas a esta actividad, creando una tarifa exclusivamente para la minería”, explicó.

El presidente de la Ande siguió sosteniendo que “cuando se estableció este grupo de consumo, ya existía esta actividad en el país. Consideramos que debía pagar la tarifa técnica, no la subsidiada que aplicamos a otros sectores. Por tanto, creamos una tarifa en dólares por encima de la tarifa general”.

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El juicio contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio que debía arrancar el 1 de julio pasó para la segunda mitad de octubre. El exhombre fuerte del Ejecutivo mantenía una cercana relación con el supuesto narco Marcus Vinicius Espíndola.

El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tendrá tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el próximo 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas para el 22 de octubre, confirmaron desde el Ministerio Público.

El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.

Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.

En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”.

A finales de diciembre de 2021, Giuzzio solicitó a Vinicius un vehículo para uso personal durante sus vacaciones en Brasil. Vinicius coordinó la entrega del vehículo, un Kia Carnival blindado, que pertenecía a la esposa de Marqués de Padua.

Según la investigación, en enero de 2022, una vez finalizadas sus vacaciones, Giuzzio reportó de su regreso a Espíndola Marqués para coordinar la devolución del vehículo. El jefe del hampa le dijo que viaje hasta Asunción y que coordinarían luego la búsqueda del vehículo. Algo que lo hizo el mismo capo narco junto a uno de sus socios, quien lo acompañó hasta la casa particular del entonces secretario de Estado.

Gilberto Enciso Flores, quien trabajaba para las empresas de Espíndola, fue interrogado al respecto. Y relató el día que fueron a buscar el vehículo de la casa de Giuzzio.

“Luego de ahí el Dr. Arnaldo viajó a Brasil de vacaciones y volvió nuevamente el 12 de enero de 2022, donde se contacta con el Sr. Marcus para coordinar la entrega del vehículo, que fue unos días después acá en Asunción donde vinimos con el Sr. Marcus hasta la casa del Dr. Arnaldo para retirarlo, me consta que no realizó ningún pago, ni se expidió ninguna factura a nombre de Arnaldo Giuzzio porque el vehículo fue prestado desde el inicio... (sic)”, manifestó ante los fiscales del caso.

El 19 de enero de 2022, Enciso le envió una ubicación GPS a Espíndola. Los investigadores consiguieron descubrir que se trataba del domicilio particular de Giuzzio, donde consiguieron ubicar el teléfono de Espíndola ese mismo día.

En agosto de 2021, Marcus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para realizarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.

En octubre de 2021 continuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una captura de pantalla de una noticia sobre el caso “Lava Jato”, un procedimiento en Brasil. Giuzzio respondió con un “gracias Marcus” y luego añadió: “les hablo”.

En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Marcus hizo referencia, a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofreciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio planeaba vacaciones en Brasil.

Otras conversaciones revelan que Vinicius mostró un video de un vehículo con logo de la Policía Nacional y otros videos donde un vehículo blindado de la Policía Nacional estaba en el mismo lugar que otros vehículos de Vinicius.

La Fiscalía sospecha que Marcus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materiales a estas instituciones.

El acta de imputación menciona al comisario general y viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos, quien, junto a Giuzzio, visitó las oficinas de Black Eagle Group SA - OMBU SA en Ciudad del Este para probar chalecos antibalas. Las pruebas de estos materiales fueron fotografiadas y compartidas por Vinicius con Ríos, con quien mantenía asiduas conversaciones desde agosto de 2021 sobre inversiones empresariales y proyectos de seguridad del Ministerio del Interior.

En noviembre de 2021, se realizó una prueba de chalecos antibalas en la empresa de Vinicius en Ciudad del Este, lo cual Vinicius agradeció y calificó de “demasiado importante”. Una fotografía de Giuzzio con el equipo de Black Eagle se incluyó en el acta de imputación, sin embargo, el proceso vuelve a dilatarse con otra chicana que posterga el juicio oral que debía iniciarse el próximo lunes 1 de julio.