La Fiscalía que inves­tiga la denuncia rea­lizada en 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmanda­tario Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, enriqueci­miento ilícito y con­trabando, no halló elementos y solicitó desestimar la causa. “No existen elemen­tos que permitan concluir en forma positiva”, señala el escrito fiscal.

“Esta represen­tación fiscal considera que, acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obte­nido indicios suficientes que permitan señalar la existen­cia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual corresponde la deses­timación de la misma”, rati­fica la conclusión del docu­mento elaborado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor.

Primeramente, la causa tuvo su origen en la exposi­ción de Arnaldo Giuzzio ante la Cámara de Diputados, el 26 de enero de 2022, fecha en que formuló su denuncia ante la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero no ante el Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía pidió una copia autenticada de la denuncia a la Seprelad y dio apertura a la causa n.° 15/2022, caratulada “inves­tigación fiscal s/lavado de dinero y otros”, dando inicio a las diligencias por un equipo especial de fiscales.

La Fiscalía se enfocó en tres ejes: a) Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá; b) las declaracio­nes juradas de bienes presen­tadas tendrían indicios de inconsistencias patrimonia­les; y c) la masiva comercia­lización ilegal de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este SA (Tabesa), siendo Cartes un socio mayorita­rio. Según el criterio del extitular de la Senad y de Interior estos serían indi­cios, pero él mismo no pre­sentó una sola prueba con­creta, según los fiscales.

Seguidamente, la Fisca­lía describe 26 diligencias desarrolladas, incluyendo la citación de Giuzzio para una declaración testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar docu­mentación; sin embargo, el denunciante presentó “un pedido de suspensión y negándose a prestar decla­ración en la segunda opor­tunidad, presentando el tes­tigo una recusación contra los fiscales”.

Ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicitó informe al Congreso Nacio­nal sobre la presentación rea­lizada por Arnaldo Giuzzio, y el Poder Legislativo informó que el exministro expuso ante el pleno de la Comisión Per­manente del Congreso Nacio­nal “en forma oral, sin dejar material por escrito”. Por ello, también se solicitó a TV Cámara la grabación íntegra de la exposición para inten­tar fundar las acusaciones de Giuzzio.

El Ministerio Público con­vocó a una reunión de tra­bajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Sepre­lad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrativos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determina­ción de la retención del IVA.

Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clien­tes nacionales, planillas con número de despacho y de fac­turas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de fac­turas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.

En cuanto a las declaraciones juradas de Horacio Cartes, la Contraloría General de la República remitió al Minis­terio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la Repú­blica Horacio Manuel Car­tes Jara”, describe el docu­mento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandata­rio, supuestamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.

Los investigadores anali­zaron los documentos pro­veídos por la Contraloría, comparando las declara­ciones juradas de Cartes del 23 de agosto de 2013, del 31 de julio de 2014 y del 29 de agosto de 2018, al iniciar y concluir su mandato. A fin de evaluar la conformación y evolución patrimonial de Cartes, la Fiscalía tuvo acceso a documentaciones de una veintena de insti­tuciones como Hacienda, Tributación, Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Ande, Registro de Automo­tores, Comisión Nacional de Valores, Superintenden­cia de Bancos, Superinten­dencia de Seguros, Incoop, Conajzar, Dinac, Dinapi, Ministerio de Industria, Seprelad y Club Libertad, entre otras.

“Se ha hecho un releva­miento en todo el sector financiero, comercial y registrable de los activos que conformarían el patri­monio del señor Hora­cio Cartes Jara”, señala el documento fiscal, así como “una verificación del paquete accionario y evolu­ción de todas las sociedades anónimas informadas por el Ministerio de Hacienda”.

Además, se puntualizan indagaciones aclaradas sobre casos concretos de fideicomisos, capitaliza­ción de acciones y présta­mos atribuidos a Cartes, así como la rectificación en DD. JJ. sobre acciones de la sociedad Dominicana Acquisition, constituida en Panamá. “El examen realiza a su vez el aumento patrimo­nial que significó las diferen­cias cambiarias entre las dis­tintas declaraciones juradas, tomando en consideración que en su mayoría las cuen­tas se encuentran operativas en moneda extranjera y en las declaraciones son expre­sados los valores en guara­níes”, se explica.

Respecto al presunto con­trabando de cigarrillos que señalaba Giuzzio, los fiscales indagaron causas a la Unidad Especializada contra el Con­trabando sobre incautacio­nes. Mientras que Tributación remitió documentación reque­rida en este punto, y refiriendo: “Se menciona que no es posible determinar la trazabilidad de los mismos, puesto que no se cuenta con las facturas físicas”.

En tanto, la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT) informó sobre las actividades principales y secundarias declaradas por Tabesa, confirmado que la actividad principal es la ela­boración de productos de tabaco y la actividad secunda­ria es el comercio al por mayor de otros productos.

Finalmente, se solicitó mediante cooperación internacional un informe a la República Federativa del Brasil acerca de causas donde se pudieron realizar incauta­ciones de cigarrillos de origen paraguayo. “Se informó sobre el estado de las causas seña­ladas y que no se han identi­ficado a personas o estructu­ras criminales paraguayas”, expresa el documento sobre la respuesta remitida por las autoridades brasileñas.

El documento fiscal con­cluye: “Realizado el pro­ceso técnico-analítico de constatación de la relevan­cia penal de las conductas presumiblemente aconte­cidas, el proceso de subsun­ción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta no es típica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expues­tos en el Código Penal y en las leyes complementarias. Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constan­cias de autos, este equipo de investigación advierte que la figura procesal de Deses­timación de la denuncia se encuentra ajustada a dere­cho, según los argumentos previamente expuestos”.

“Esto es así ya que, de los hechos mencionados en la denuncia que motivo la aper­tura de la presente causa no existen elementos que per­mitan concluir en forma positiva sobre la existen­cia del hecho y la partici­pación de los denunciados en el mismo; sin embargo, existe la obligación de pro­nunciarse conforme a los elementos existentes, esto atendiendo al derecho de los procesados o investiga­dos de tener una respuesta del órgano investigador en un tiempo determinado y oportuno y la necesidad de que el órgano jurisdiccio­nal ejerza su rol de control y supervisión de las activida­des procesales (…)”.

“Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos, esta representación fiscal considera que acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obtenido indicios sufi­cientes que permitan seña­lar la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual, corres­ponde la desestimación de la misma, previsto en los Art. 301 Requerimiento Fiscal, inc. 1.° y 305 Desestimación del Código Procesal Penal, con los efectos previstos en el artículo 306 del mismo cuerpo legal”.

El Ministerio Público requirió la desestimación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requerimiento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.

La denuncia fue formulada el 26 enero del 2022 ante la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público. En ese momento, el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había alegado que decidió presentar la acusación ante la primera institución debido a que tiene facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.

Asimismo, había señalado que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y que si encuentra elementos sospechosos puede solicitar más datos y, de última, comunicar a la Fiscalía. Cabe recordar que la Seprelad fue instrumentalizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecución política contra sus adversarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas de los exfuncionarios abdistas.

Israel lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, informó el viernes el ministro de Defensa israelí, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que Tel Aviv podría decidir atacar las instalaciones nucleares de Irán.

“Después del ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, declaró el ministro Israel Katz. Anunció también la declaración de estado de emergencia en su país.

El ejército israelí informó el viernes que completó una “primera etapa” de ataques contra objetivos militares y nucleares de Irán.

“Hace poco, decenas de aviones del IAF (Fuerza Aérea Israelí, en inglés) completaron la primera etapa que incluyó ataques contra decenas de objetivos militares, incluidos objetivos nucleares en diferentes áreas de Irán”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, destacó la resiliencia de la economía paraguaya ante la volatilidad global durante un panel organizado por Central Banking en Londres, Inglaterra, junto con gobernadores de los bancos centrales de Croacia y República Checa. En la víspera, recibió un premio en reconocimiento de los logros del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) sobre inclusión y digitalización financiera.

En el panel denominado “La banca central en medio de la incertidumbre política de la administración estadounidense”, el presidente del BCP, señaló las fortalezas de la economía paraguaya, que mostró resiliencia y previsibilidad pese al escenario global incierto, sosteniéndose en políticas fiscales y monetarias prudentes.

Carvallo reafirmó frente a los presentes el compromiso del BCP con una inflación baja y estabilidad financiera, elementos que consideró claves para sostener un entorno previsible y confiable para la inversión. Además, señaló que el grado de inversión y el acceso fluido a mercados internacionales son el reflejo de la confianza en el modelo macroeconómico del país.

En el marco del programa Che Róga Porã, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, supervisó el proyecto Cecilia 1 en Guarambaré, donde constató que las viviendas están terminadas al 100% y listas para ser entregadas a las familias beneficiarias.

El proyecto, ubicado en una zona estratégica a solo 30 minutos de la capital, cuenta con 28 viviendas, equipadas con dos dormitorios, sala-comedor, cocina, baño y lavadero, además de infraestructura esencial como agua potable, energía eléctrica y calles empedradas. Este avance representa un paso crucial hacia la entrega de viviendas diseñadas para brindar comodidad y calidad de vida a las familias paraguayas.

El precio de las cuotas es de Gs. 1.700.000 y las familias iniciarán el pago una vez se muden a su nueva casa. El impacto social se refleja en la creación de un entorno seguro y solidario que fortalece la comunidad local, promoviendo bienestar entre los futuros vecinos.

El único superviviente de las 242 personas a bordo de un avión con destino a Londres que se estrelló en la ciudad india de Ahmedabad declaró el viernes que incluso él no sabe explicar cómo salió milagrosamente con vida. “Todo sucedió delante de mí, e incluso yo no podía creer cómo conseguí salir vivo de ahí”, contó desde su cama del hospital el británico Vishwash Kumar Ramesh, que habló en hindi a la cadena nacional DD News.

El Boeing 787-8 Dreamliner de Air India, que iba cargado de combustible cuando emprendió un vuelo con destino a Londres, explotó como una bola de fuego el jueves por la tarde justo después de despegar.

Ramesh, que según la prensa ocupaba el asiento 11A, fue el único de los ocupantes del avión que no perdió la vida. Al menos otras 24 personas murieron en tierra. Su hermano también viajaba en el mismo vuelo, informó a la prensa su familia en Reino Unido.

La Cámara de Senadores tendrá una sesión extraordinaria este viernes, a fin de tratar dos proyectos que modificarán el Código Electoral en cuanto a la inscripción en el padrón y en cuanto al financiamiento político.

A las 10:00 de la mañana está convocada la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, en cuyo orden del día figuran dos proyectos. El que modifica el artículo 130 de la ley que Establece el Código Electoral y el que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B, de la misma ley.

El primero guarda relación con el Registro Cívico Permanente y permitirá que el TSJE pueda realizar un corte técnico en julio de este año, a fin de facilitar que todos los ciudadanos que se inscribieron desde el 1 de marzo del 2025 hasta el 31 de julio, puedan participar de las internas partidarias de junio del 2026. Por otro lado, el que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B. Aquí, el TSJE recomienda no aprobarlo hoy, ante posibles errores en el contenido.

En el marco de la causa abierta contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros, sobre cohecho pasivo y tráfico de influencias, se logró la detención del empresario Enrique Ignacio Vázquez García, quien contaba con orden de detención fiscal.

El mismo habría pagado millonarias sumas de dinero al equipo de Prieto en concepto de coima, para beneficiarse con licitaciones. El aprehendido está detenido en la oficina de guardia del destacamento, ubicado en el Congreso Nacional, Asunción.

Vázquez García deberá ser trasladado hasta el Ministerio Público para declarar ante un representante fiscal. Además, tendrá que brindar su versión sobre los hechos investigados por la Fiscalía, como presunta corrupción que salpica al actual intendente de Ciudad del Este, así como a Pedro Acuña, hoy día concejal municipal de la mencionada ciudad y Hugo Benítez, actual asesor de Prieto.

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Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este anunciaron que presentarán ante el Ministerio Público otras seis nuevas denuncias contra el intendente esteño, Miguel Prieto. Los pobladores impulsaron la denuncia número 43 contra el jefe comunal.

Señalaron que las mismas incluyen casos de nepotismo y tráfico de influencias. La presentación se dará en medio del pedido de intervención contra la administración de Prieto, realizado el pasado viernes por la Contraloría General de la República (CGR), tras la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.

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La Fiscalía requirió que en el juicio oral y público que enfrenta el exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado, sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue reali­zado ayer al Tribunal de Sen­tencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planas, Matías Gar­cete y Yolanda Morel.

El requerimiento surge teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien contaba con la intención de contratar con el Estado paraguayo durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, valién­dose de su amistad con Giuzzio.

“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solici­tamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valo­rarse dentro del marco de este juicio”, mencionó el fis­cal de la unidad anticorrup­ción Jorge Arce, al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente que impulsó junto a su colega Diego Arzamendia la imputación contra el tam­bién extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) señaló que el requerimiento fue realizado a la Justicia bra­sileña vía exhorto. “Solicita­mos esta información para que pueda ser valorado por el tribunal. Lo que esperamos es que se pueda revelar cierta información que haga también a la participación del acusado”, manifestó.

Reges Furtado fue detenido en enero en un condominio ubicado en Recreio dos Ban­deirantes, un lujoso barrio de Río de Janeiro, Brasil. En su contra pesa una orden de cap­tura emitida por Paraguay en febrero de 2022, luego de que el investigado por nexos con el narcotráfico lograra fugarse de las autoridades tras una intervención de la Senad y la Fiscalía en el Paraná Coun­try Club.

Se sospecha que Giuzzio reci­bió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido operativo Turf. La solicitud realizada por los agentes fiscales deberá ser estudiada por el Tribu­nal de Sentencia.

El exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez se sentó finalmente ayer en el banquillo de los acusados.

El juicio oral y público con­tra el exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio se inició ayer martes, pese a las múlti­ples acciones dilatorias pre­sentadas por su defensa. El Ministerio Público lo inves­tigó por cohecho pasivo agra­vado (coima), luego de reu­nir múltiples elementos en que lo vinculan con el narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

A lo largo de 2024, Giuzzio presentó una serie de chica­nas con el objeto de pospo­ner el juicio. Hasta la fecha, el abogado que encabeza su defensa, el también exmi­nistro Emilio Fuster, no ha presentado elementos que desacrediten la acusación de la Fiscalía y las acciones planteadas solo apuntaban a seguir posponiendo el inicio de la audiencia.

Y esta misma estrategia se repitió antes del inicio del juicio, cuando su defensa solicitó la suspensión por un plazo de 10 días, argumentando que el pedido de declaración para que pueda declarar Vinicius no había sido aprobado, lo cual fue rechazado por el Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planas, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

En el pedido de posposición de la audiencia también se fundamentó en que Giuzzio no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de un traductor, y ante este hecho, el Tribu­nal de Sentencia fue categó­rico al manifestar que si el exministro carece del dinero necesario se solicitará a la Corte Suprema de Justicia a que designe un perito matri­culado.

De esta forma, las artimañas de Giuzzio quedaron deshe­chas ante la firmeza del tri­bunal y se dio inicio al juicio, donde el agente del Ministe­rio Público Jorge Arce realizó el pedido de incluir como ele­mentos probatorios los datos extraídos del sindicado nar­cotraficante, Lindomar Regis Furtado, quien fue detenido en Brasil en enero de este año. Cabe mencionar que Lindomar está vinculado al esquema delictivo de Vinicius.