Un proyecto de ley que será estudiado en el Senado podría poner fin al millonario negocio montado por algunos sectores a través de organizaciones que se dicen sin fines de lucro, pero que en la realidad equivalen a empresas que manejan millonarios fondos. Entre los casos más escandalosos que trascendieron en los últimos tiempos están la red de oenegés de los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez, que mueven millones y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) que rapiñaron fondos públicos en pandemia con sueldos para clan del presidente de la organización.
- Unidad de Investigación Nación Media
En los próximos días deberá iniciar el recorrido legislativo del proyecto de ley que establece el control del financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
El proyecto generó ya molestias en algunos sectores incluso antes de su presentación. Varios de esos sectores están directa o indirectamente vinculados con personas que están ligadas a verdaderas redes de oenegés que manejan millonarios fondos, como los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez.
DEBERÁN REGISTRARSE
Como primer punto, el proyecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organismos no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la república y demás personas jurídicas extranjeras, así como cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica, que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados o de alguna manera guarden relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, de los entes autárquicos, autónomos.
Es decir, el proyecto alcanzará a aquellas organizaciones que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas. Todas estas organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.
MÁS CONTROLES Y TRANSPARENCIA
Un punto resaltante del proyecto de ley es que las OSFL deberán registrar en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, además de su objeto, sus fuentes de financiamiento como también con un libro de registro del financiamiento nacional o extranjero, público o privado.
También deberán registrar detalladamente el uso y destino de los fondos que reciban con sus correspondientes facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, personal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extranjeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vinculados al uso y destino de los fondos que reciban las OSFL.
Otra obligación será la de la presentación de informes semestrales ante el Ministerio de Economía. Y los organismos y entidades del Estado, las municipalidades o entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.
MILLONARIOS NEGOCIOS
Un claro ejemplo de las redes que se han generado con las OSFL pare recibir millonarios fondos es la dupla de excandidatos de la Concertación, compuesta por Soledad Núñez y Bruno Defelippe.
La pareja inició su camino como voluntarios, pero con el tiempo tejieron una extensa red de negocios que operan bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas por la empresa de Defelippe, bajo la apariencia de “alianzas”, y que cuentan con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta intrincada red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, alimentando proyectos millonarios que generan lucrativos financiamientos destinados a consultorías y emprendimientos, mayormente dirigidos hacia los miembros de esta influyente élite.
Lo que en sus inicios fue un modesto voluntariado, evolucionó rápidamente hacia un próspero esquema de negocios, aprovechando proyectos públicos relacionados con áreas como el emprendedurismo, la tecnología, la innovación e incluso la contratación de personal docente. Todo ello, presentado bajo la apariencia de promover la “gobernanza” y la “democracia”, permitió a la pareja de candidatos consolidar su base política, siempre amparados en el manto de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El epicentro de esta expansión de las oenegés que operan alrededor de proyectos públicos, movilizando sumas millonarias de guaraníes, se encuentra en Koga Impact Lab, empresa fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga se desprenden múltiples entidades, como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), responsable de presionar préstamos y promover iniciativas polémicas como las bicisendas en Asunción, entre otras.
La red de organizaciones derivadas de Koga, como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directamente a su círculo cercano.