Pedidos de copias de convenios y detalles de gastos solicitados siguen pendientes de respuesta desde julio por parte de varias entidades del Estado.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Una llamativa resistencia vienen teniendo varias instituciones del Estado en la provisión de rendiciones de cuenta y copias de convenios sensibles ejecutados con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
Un periodista de nuestro equipo de investigación tiene pedidos de informe realizados al Ministerio del Trabajo, de Industria y Comercio, Interior, Salud Pública, que datan de julio pasado, es decir, desde hace tres meses, pero no son proveídos de forma completa. Las pocas remisiones a los que hemos accedido vienen incompletas. También se pidió información a la Presidencia de la República en los primeros días de agosto último, pero hubo desentendimiento, pese a la infinidad de promociones que se puede ver en páginas del CIRD como en redes sociales de proyectos ejecutados entre ambos.
Con Salud Pública se ejecutan proyectos muy sensibles que son administrados por el CIRD y que demandan millonarios presupuestos como el HEFA (Salud para todos) financiados con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) firmados por el exministro Julio Mazzoleni y Agustín Carrizosa. También proyectos covid, de lucha contra el sida, Desarrollo Infantil Temprano, cuyos detalles de gastos se guardan bajo 7 llaves.
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Plataforma Retsa busca facilitar exportación sin burocracia y sobrecostos, destaca el MIC
El Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (Retsa) es una plataforma que está siendo desarrollada por diferentes instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El objetivo es que esta herramienta esté al servicio del exportador, eliminando todo tipo de sobrecostos y burocracia.
Esta mañana se llevó a cabo una reunión preparatoria con los técnicos encargados de lo que será la plataforma, donde el ministro de Industria, Javier Giménez, manifestó que se debe trabajar de cerca con los gremios, atendiendo que el sector agroindustrial es la fuerza más grande del país, por lo que el segundo encuentro, será con los actores del sector privado.
“Nuestra tarea es crear un sistema que facilite al exportador sus gestiones para que pueda cumplir con los requisitos de trazabilidad socioambiental, la herramienta a ser desarrollada será un sistema ágil, sencillo, eficaz, sin sobrecostos, ni burocracia”, expresó Javier Giménez.
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Según el cronograma presentado, luego de reunirse de manera general con ambos sectores, se iniciarán las reuniones con las mesas de trabajo las cuales serán semanales y abordarán temas puntuales sobre cada requisito específico de la normativa europea 1115 y otras reglamentaciones similares.
“Buscamos competitividad y mercado. Queremos darle al sector privado las herramientas necesarias para que pueda exportar a los mercados que tienen requisitos ambientales. Paraguay ya tiene un plan B. Nosotros como MIC debemos abrir nuevos mercados “, indicó el ministro de Industria y Comercio.
También recordó que si bien el porcentaje de exportación directa a Europa es bajo, nuestros socios comerciales más grandes como Argentina ya trabajan en trazabilidad y también la exigirán como importadores. Dijo también que la implementación de la norma 1115 está en un proceso de construcción, donde nada es definitivo. “Está en proceso en todo el mundo, pero debemos iniciar, para no quedarnos atrás”, puntualizó.
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Representantes de ONG están en contra de la transparencia, señaló senador
El senador Basilio Núñez sostuvo que los representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) alegan persecución con el proyecto de ley que busca mayor control sobre las mismas, cuando en realidad se oponen al establecimiento de mayor transparencia en torno al manejo de las oenegés.
“Esto no tiene color. Pueden ser colorados, no colorados, opositores, pero ellos (representantes de ONG) están en contra de la transparencia. Hay una propuesta para tratar el proyecto ya en julio”, señaló Núñez en el programa “Arriba Hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El periodo fijado para el estudio del plan se debe a que la propuesta ya alcanzaría los seis meses de presentación, siendo enriquecida por las respectivas comisiones que han analizado su redacción. Enfatizó así en la importancia de materializar el proyecto de control.
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“Algunas ONG reciben fondos para propiciar la transparencia, pero paradójicamente ellos no quieren transparencia y llegan al extremo de mezclar las cosas y decir que estamos en época de dictadura, cuando solo queremos control y trazabilidad”, expresó el congresista.
Cuestionó así el manejo de Agustín Carrizosa, presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), teniendo en cuenta que pregona a través de su ONG por mayor ciudadanía y menos corrupción, pero instalando un esquema multimillonario en la organización para beneficiar únicamente a su cúpula familiar.
“Esta organización tiene el tinte de estar completamente ideologizada; trabaja y opera directamente en contra del Partido Colorado porque solo investiga hechos de corrupción de administraciones coloradas, cuando todo debería ser igualitario”, dijo Núñez.
Puntualizó además que con la iniciativa del proyecto de ley sobre las ONG únicamente se pretende establecer un contexto del dinero que entra y sale de las organizaciones privadas. Por otra parte, adelantó que el exsenador Sergio Godoy sería uno de los asesores del Congreso, teniendo en cuenta su ayuda para la redacción del proyecto de ley.
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El millonario esquema del CIRD que lo lleva a rechazar proyecto de control
Desde la Cámara de Senadores se busca estudiar un proyecto de ley que busca ejercer un mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), manteniendo un sistema de rendición de cuentas más efectivos sobre sus fondos y gastos.
No obstante, representantes de dichas organizaciones han salido al paso para manifestar su descontento. Tal es el caso de la ONG Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), de donde su presidente Agustín Carrizosa ha manifestado un supuesto ataque sobre las ONG.
Sin embargo, el CIRD había sido expuesto por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización, instalando un esquema de repartija de millones de dólares a nivel familiar.
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La Unidad de Investigación de Nación Media había detallado en una serie de publicaciones acerca de cómo entes estatales destinaron la millonaria suma de G. 6.093 millones para el CIRD.
De acuerdo a datos corroborados, la fundación actúa como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, otro de los proyectos encarados por la ONG.
Ante este tipo de esquemas desarrollados por organizaciones como el CIRD, se busca aplicar el proyecto de ley de control a las ONG. El proyecto alcanzará a aquellas organizaciones que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas, quienes deberán registrarse ante el Ministerio de Economía, además de presentar un registro de sus fuentes de financiamientos, entre otros controles.
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“Le digo al exintendente que no tema al control”, responde Basilio Núñez a Martín Burt
El senador Basilio Núñez se refirió acerca del proyecto de ley que busca aplicar mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), teniendo en cuenta que el exintendente de Asunción y titular de la ONG Fundación Paraguaya, Martín Burt, es uno de los principales oponentes al plan.
“Como proyectista, me parece una exageración esto porque solo queremos transparentar los fondos que reciben las ONG desde el Presupuesto de Gastos de la Nación y de presupuestos departamentales”, indicó el congresista ante los medios de prensa en la Cámara Alta.
“Le digo al exintendente que no tema al control”, sentenció Núñez, ejemplificando que en países de la región como Argentina y Brasil se cuenta con este tipo de reglamentaciones, apelando a un mayor control. Ante la necesidad de este tipo de iniciativas, recordó el caso del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (Cird).
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Esto, teniendo en cuenta que desde la mencionada fundación habían rapiñado fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización, lo cual había sido expuesto por la Unidad de Investigación del equipo de Nación Media.
Negando que el rechazo hacia el proyecto de ley sobre las ONG provenga de la sociedad civil, para el senador corresponde a un grupo de actores políticos organizados. “Alma Cívica, por ejemplo, quería poner observadores electorales en los comicios, recibiendo fondos del exterior”, subrayó.
Núñez remarcó que con la propuesta de control solo se busca impulsar una mayor transparencia en torno a los fondos y los gastos de la ONG, descartando toda posibilidad de persecución sobre las organizaciones, de la manera en la cual expresan algunos detractores de la propuesta.
Martín Burt había manifestado ante los medios de prensa que con la iniciativa planteada solo se busca censurar a los críticos. “Burt tuvo una de las peores administraciones (como intendente), entonces él hablando de transparencia, no creo que sea lo más adecuado”, sentenció.
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