Talentosos. El defensor general de la Itaipú ubicó a dos hijos en la binacional, gracias al amañado concurso que calzó muy bien para el perfil de los retoños. Javier Sebastián Coronel García, hijo del defensor general de la institución, Francisco Javier Coronel, fue favorecido con el cargo de gestor júnior de cumplimiento con perfil jurídico o contable, que tiene prevista una remuneración mensual base de G. 14.623.200.
Los requisitos del puesto fueron ajustadísimos al perfil de Javier Sebastián, hijo del alto funcionario, ya que, según el reglamento específico del Proceso Selectivo Externo, los candidatos deben tener como máximo 30 años, poseer título universitario en Contabilidad o Derecho, y matricula profesional de la Corte Suprema de Justicia para los abogados, perfectamente adecuados al joven abogado que tiene 30 años de edad.
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El otro hijo del jefe de la Defensoría General de la entidad es Fabricio Martín Coronel García, que a sus 20 años y luego de dos meses de su graduación entró como por un tubo a la binacional para el cargo de gestor júnior, con un salario base de G. 14.623.200.
Llama la atención que los dos hijos del defensor general de la entidad hayan quedado seleccionados para incorporarse a la institución, ya que justamente la dependencia bajo su cargo fue una de las involucradas en el proceso de entrevistas como último filtro para las selecciones.
Hay que recordar que el referido concurso viene siendo fuertemente criticado desde sus inicios por la falta de transparencia en sus procesos, y porque en la lista de postulantes fueron identificados familiares y allegados a los altos mandos, además de funcionarios de la propia binacional que utilizaron el concurso para “pasar de nivel” dentro de la hidroeléctrica antes del cambio de gobierno.
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Medidas adoptadas contra las irregularidades refuerzan confianza e imagen del país
La suspensión temporal de una conocida cadena de minimercados que abre las 24 horas debido a irregularidades encontradas ha suscitado reacciones de diversa índole. Muchos consumidores expresaron su complacencia porque la medida se adoptó para proteger a los clientes, en tanto que otros, con intereses políticos, la criticaron porque va contra los intereses de los dueños del diario Abc Color, que son propietarios del comercio. Ese diario, que nació con la bendición del dictador Alfredo Stroessner y fue clausurado por el mismo por fallar a sus intereses, reaccionó en forma airada contra las autoridades acusándolas de persecución e intensificó la campaña política contra el presidente Santiago Peña, lejos de mostrar interés en la protección de los consumidores que están peligrando su salud por las anormalidades sanitarias encontradas en los comercios aludidos.
Luego de detectar la venta de productos alimenticios ya vencidos, en mal estado y que ponen en riesgo la salud en muchos locales comerciales, además de encontrar en varias farmacias medicamentos con alerta sanitaria cuya venta está prohibida, se tomaron drásticas medidas. Las irregularidades se encontraron también en las sucursales del minimercado, donde había mayonesas, quesos, yogures, embutidos, panificados vencidos, carnes envasadas al vacío con etiquetas irregulares y con aspecto de descomposición.
Una de las autoridades de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) manifestó que lo encontrado representa un riesgo para la salud y la vida de los consumidores. “Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las actividades de los locales afectados, hasta que regularicen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, explicó Sara Irún, titular de Sedeco.
La alerta sanitaria es un aviso público sobre un riesgo potencial para la salud o un hecho adverso que exige acciones urgentes para proteger a la gente.
La protección de los consumidores adoptando las medidas requeridas son fundamentales, y no admiten discusión de ninguna laya. Es como vacunar a los niños en forma urgente o llevar a cabo medidas de protección en pandemia para que no se expanda una enfermedad determinada y sus efectos nocivos. La Unión Industrial Paraguaya (UIP) salió a apoyar la medida adoptada por los organismos estatales, resaltando que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo. Apuntó que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortalecer la confianza y promover la competencia. Resaltó que las medidas que se tomen se tienen que hacer con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo. Y que se deben evitar impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inversiones
Por su lado, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) indicó en un comunicado que “aunque los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no comprometer la estabilidad comercial ni generar temor a la arbitrariedad, lo que podría desincentivar inversiones”.
Los centros comerciales tienen la obligación de dar cumplimiento a las normas, además de cuidar la salud de su clientela, de acuerdo con las normas existentes. Por ello cualquier reacción contraria a una medida de corrección no condice con la protección adecuada que deben ejercer. El hecho de que el Estado tome medidas correctivas contra los comercios que cometen irregularidades, antes que asustar a posibles inversionistas, es una garantía de la seriedad de las instituciones y de las autoridades del país.
Es un indicio claro de que se procura el cumplimiento de las leyes y señal de que el bien común está por encima de las simpatías políticas o de cualquier índole. Si los sancionados reaccionan negativamente y recurren a los ataques lo único que se puede pensar es que no les importa la suerte de las personas, sino solo sus intereses económicos, lejos de aceptar las normas vigentes y el cuidadoso respeto de su clientela. Con ese tipo de actitudes contrarias al interés de la ciudadanía no inspiran la confianza que requiere cualquier tipo de comercio de parte de los consumidores.
El mencionado diario, que por muchos años fue amigo de la dictadura –solo hay que mirar sus ediciones de los primeros años–, en lugar de protestar porque se le exige proteger a los compradores de sus supermercados, debería ocuparse de amparar los derechos de la gente.
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Guerin: “Lo que reveló la intervención no me sorprende, lo denuncié por años”
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, el economista Ramón Ramírez, entregó el informe sobre los hallazgos en la comuna, que terminaron dando la razón a los señalamientos de la Contraloría y además incluyen otros hechos como la existencia de una caja paralela; sobre esto, el concejal Ernesto Guerin dio su parecer.
“Lo que reveló la intervención no me sorprende, yo vengo denunciando desde hace años todos estos puntos y sobre la existencia de un esquema de corrupción. Siempre sostuve que Miguel Prieto era un ladrón que debía ser desenmascarado, él es muy hábil en redes sociales y los medios de prensa para hablar de transparencia, pero él no es transparente”, expresó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el edil manifestó que estarán a la espera de lo que resuelva de la Cámara de Diputados, es decir, si deciden destituir o no a Prieto y que aguarda que esto no demore demasiado puesto que la Municipalidad necesita urgentemente la conducción de un intendente y que por sobre todo, lo haga con transparencia.
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“Toda su administración y todo su equipo conforman una gavilla de delincuentes que están en la municipalidad, incluyendo sus concejales que son cómplices de estas irregularidades, era hora de que saliera la verdad. Por eso valoro mucho el trabajo del interventor, porque hizo un trabajo excelente que está sustentado con documentaciones”, añadió.
Los hallazgos del interventor como la existencia de una caja paralela, transferencias irregulares, contrataciones sospechosas, entre otros, terminaron por demostrar que la situación municipal era mucho más grave de lo que había denunciado la Contraloría cuando solicitó la intervención de la comuna.
“No hay que olvidar que él dijo que con su prima se terminaron los hechos de corrupción en la municipalidad, pero el interventor denunció que en ese esquema de corrupción estaba involucrada su prima, o sea, además de cometer un acto de nepotismo, también está involucrada en la caja paralela”, precisó.
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Incan: con recursos de Itaipú, avanza remodelación de las instalaciones
El director de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías, junto con la ministra de Salud, María Teresa Barán, recorrieron las instalaciones del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) de modo a verificar el avance de las obras desarrolladas en el hospital, que apuntan a modernizar y remodelarlo.
El Incan se verá beneficiado con estas obras luego de 40 años, destacaron desde la institución y se trata específicamente de una intervención integral en el pabellón de internados, que tiene por objetivo mejorar el acceso, la calidad y la atención a pacientes oncológicos.
“Si Dios quiere, en seis a ocho meses estaremos entregando la remodelación de la parte de internación del Incan, que sería una primera parte de lo que queremos hacer acá. También tenemos un contrato más grande previsto para la planta de tratamiento de agua y servicios ambulatorios, que son construcciones totalmente nuevas”, explicó el titular de la binacional.
El recorrido incluyó todas las áreas que actualmente están en obras, y las autoridades recibieron los pormenores de los avances en la mismas. Desde el Incan dejaron en claro que los trabajos no interrumpirán los servicios y las atenciones que ofrece el hospital a sus pacientes.
Asimismo, Zacarías indicó que una mejor infraestructura, tanto para pacientes como para el personal de salud, va a mejorar la calidad de los servicios. Los trabajos incluyen, en una primera etapa, la remodelación de unas 60 salas de internación con capacidad de albergar a 120 pacientes, así como la climatización de todos los espacios, modernización de pisos, pintura y sistemas técnicos del edificio.
Los trabajos son financiados con fondos de la Binacional, a través de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY). “La decisión política del presidente Peña de invertir los recursos de la binacional en un área tan sensible, como es el Incan después de 40 años, nos permitirá la transformación del sistema de salud”, refirió la ministra.
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Vuelven a encontrar productos vencidos en sucursales del minimercado suspendido
El director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, confirmó que luego de hacer varias reinspecciones en locales del minimercado suspendido, volvieron a encontrar productos vencidos en las góndolas, además de promociones en 2x1 (de productos vencidos).
“En la reinspección volvimos a encontrar irregularidades en varios locales. Aunque no tenemos un informe definitivo, porque los controles siguen realizándose, todos los documentos que tenemos está evidenciado y rubricado por el responsable técnico del sector”, explicó el director de Dinavisa a la 1020 AM.
Sobre lo último, volvió a reiterar que la suspensión de algunas sucursales de la cadena de minimercados fue porque se constató en una intervención, que contaban con un único proveedor que abastece todos esos productos reetiquetados a todos los locales. Además, el Dr. Illou confirmó que la empresa se expone a un cierre y multa pecuniaria por 1.000 jornales.
Ayer en horas de la tarde, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, habló con medios locales y asumió el error que se cometió luego de la sanción que recibió por parte de Dinavisa y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).
“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional. Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, manifestó.
Indicó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.
Otras empresas también fueron intervenidas por la Dinavisa, tales como plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas, y se confirmó tras los análisis microbiológicos realizados, que el producto no era apto para el consumo.