Interminables cuestionamientos se escuchan por parte de los políticos de la oposición cuando hablan de su lucha por un Paraguay mejor. Sus críticas y escraches constantes a la corrupción se dan de manera tajante. Sin embargo, cuando se presentan intereses particulares o la posibilidad de ganar cupos políticos, cambian totalmente las cosas.

El romance entre el oficialismo y la opo­sición se reavivó de vuelta dejando como saldo la entrega de la presidencia de la Cámara de Diputados a un liberal.

La oposición aprovechó las circunstancias y lejos que­dan los escraches por la corrupción imperante en el Gobierno cuando se trata de ganar un espacio de poder político. Del lado del oficia­lismo hubo varios premios a los aliados coyunturales, como los supercargos repar­tidos a los mismos.

El Partido Patria Querida es uno de los que más benefi­cios ha sacado del pacto con el sector oficialista. La dipu­tada Rocío Vallejo es filosa en los discursos, pero vulne­rable a los privilegios, en la realidad. Su hija, María Jaz­mín Scappini Vallejo, es fun­cionaria privilegiada de la Corte Suprema de Justicia. Fue premiada con una fun­ción importante en Nueva York.

A través de un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la joven es comi­sionada en la Misión Para­guaya a la ONU en setiem­bre del año pasado.

Igualmente, el ex senador de Patria Querida Alfredo Osvaldo Ratti fue nombrado en el 2019 como embajador paraguayo ante la Santa Sede, en el Vaticano.

No podemos dejar de men­cionar que de parte del sec­tor liberal tenemos a las esposas de los hermanos Salyn y Antonio Buzarquis, quienes se colocaron en el Estado con jugosos sala­rios. Fiorella Forestieri, esposa del primero, en el 2019 ingresó al Tribunal Superior de Justicia Elec­toral. Se acomodó en la ins­titución hasta que logró un lugar en la Junta Municipal de Asunción.

Por su parte, Fátima Lird, la segunda pareja del dipu­tado Enrique Antonio Buzarquis, consiguió un puesto en la Contraloría General de la República y en este gobierno se favo­reció con un importante ascenso salarial mediante un cargo en el Instituto de Previsión Social.

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Costos políticos que pagamos todos

René Fernández: Minis­tro anticorrupción desde el 2019. En casi tres años apenas vio 18 indicios de corrupción en un país donde pululan denuncias de irregularidades. En este gobierno llegaron 5.305 denuncias ciudadanas a su institución, más de la mitad fueron desestimadas con argumentos que no cum­plen con el protocolo de presentación.

Arnaldo Giuzzio: Ex minis­tro del Interior. Desvincu­lado por su vínculo con el narcotraficante Marcus Vinicius. Con una aplazada administración que se vio reflejada en la ola de asaltos que aterró al país, los sica­riatos que no solo se dieron en la frontera, sino también en Asunción y Central, y los secuestros.

Celeste Amarilla se anticipó ante posible filtración de audios

Celeste Amarilla con un pasado muy cuestionado en licitaciones públicas.

La diputada Celeste Amarilla, conocida como “La reina del almuerzo escolar”, se adelantó a la jugada en sesión de la Cámara de Diputados.

A la misma se le atribuyen contratos con el Estado por US$ 45 millones, facturados a través de Pinoty y Arcán­gel SA, gracias al negocio con el almuerzo escolar. Esta situación ella lo había reconocido.

Alegó que fue amenazada por un funcionario de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) y abrió el paraguas ante una posible filtración de audios, y en la sesión de ayer, no negó la existencia de dichos audios, recono­ció que en los mismos se la escucha negociar la venta de merienda escolar.

Durante el 2012 y 2013 prin­cipalmente, la diputada acumuló millonarios con­tratos en gobernaciones y municipios en los que esta­ban sus aliados políticos. No obstante, la firma Arcángel hasta el año pasado siguió alzándose con jugosas adju­dicaciones. En varias oca­siones sus propios colegas la enfrentaron haciéndole recordar que se hizo de plata gracias a las compras públicas.

El año pasado, Celeste Ama­rilla fue sancionada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por eva­dir unos G. 300 millones del IRP.

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