La senadora Esperanza Martínez, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, cuestionó a las autoridades de la Conajzar, que por la Resolución 34/2020 autoriza a la empresa privada Icrop SA realizar trabajos que le competen al ente regulador. El esquema montado para el supuesto control de las máquinas de juegos que operan en las calles se presta para un presunto sistema de lavado de dinero, afirmó la legisladora. Piden al ente regulador dejar sin efecto la cuestionada resolución.
- Jorge Torres. “La caja negra”. Unicanal.
Según la legisladora, se trata de una suerte de tercerización por parte de la Comisión Nacional de Juegos de Azar de la fiscalización, el control y la explotación de los juegos de máquinas de azar y se plantea una situación bastante complicada, compleja y aparentemente no correcta, puesto que se autoriza a esta empresa privada al censo, al catastro y la autorización en lugares que no corresponden.
“Así como se plantea podríamos estar incluso ante la posibilidad de un esquema que permita lavado de dinero en el país y evidentemente, hay mucha preocupación sobre esto, por lo que estamos en el camino de verificar, analizar e investigar de qué se trata esta situación bastante llamativa”, declaró la senadora Martínez. Agregó que iniciaron un proceso de investigación sobre la situación irregular de las máquinas tragamonedas distribuidas en todo el país al alcance de menores.
Las objeciones según mencionó apuntan principalmente a la delegación de la Conajzar de una competencia, que podría colisionar con la autonomía municipal; la transferencia o cesión de derechos, obligaciones y facultades que le corresponden al ente regulador a una empresa privada. Insistió en que “todo esto es un plan para lavado de dinero porque se miente en cantidad de máquinas, se miente en recaudación. Una empresa digitada, creada hace menos de un año, sin ningún informe técnico y que no es especializada en el ramo”.
Sobre la concesión o autorización directa a esa empresa sin una licitación que contemple una participación amplia, y una legalización de la ludopatía infantil al habilitar y regularizar la colocación de máquinas de tragamonedas en locales abiertos. Además de otros cuestionamientos relacionados con la misma materia que hacen al desorden jurídico normativo que regula los juegos de azar. “Tenemos que ser muy claros en que esto tiene que estar lejos de niños y adolescentes”, expresó. La senadora Esperanza Martínez solicitó al titular de la Conajzar, José Ortiz Báez, a que suspenda esa Resolución que favorece a la firma Icrop SA hasta conocer toda la información correspondiente de la Contraloría que en los próximos días daría a conocer un dictamen sobre el tema. “Necesitamos parar hasta tanto tengamos información”, remarcó.
Asimismo, anunció que solicitaron reunirse con la fiscala general del Estado, para conocer más sobre este tema, además, piden información sobre la empresa Icrop SA con el objetivo de dar seguimiento a esta situación. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Hacienda se excusaron de intervenir afirmando que la Conajzar cuenta con autonomía funcional derivada de la ley la que le otorga independencia en sus decisiones, por lo que son las autoridades de esta comisión las que deben asumir las responsabilidades.
ANTECEDENTE
La Conajzar, a través de una resolución y sin licitación previa, otorgó a una empresa privada la facultad de censar, catastrar, explotar y cobrar un canon mensual por la explotación de máquinas callejeras de juegos de azar que operan en la clandestinidad. El caso fue revelado por una investigación del Grupo Nación la semana pasada.
La resolución número 34 de fecha 8 de octubre del 2020 del ente regulador, que beneficia a la empresa Icrop SA, autoriza la “nueva modalidad” de explotación con intervención en la operación del juego de azar de máquinas electrónicas de calle en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar. Se calcula que la firma Icrop SA mueve alrededor de US$ 1 millón por mes por la recaudación del canon, de los cuales el 30% cede a la Conajzar.