El conflicto que surge sobre cómo cancelar la deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) suma una nueva propuesta. El asesor de la previsional, Carlos Pereira, planteó utilizar la figura jurídica de la dación en pago, mediante la cual el Estado transferiría hospitales públicos a la entidad en compensación por parte de la deuda acumulada, evitando recurrir a una nueva emisión de bonos.

Esta alternativa nace en medio de la discusión sobre el saneamiento financiero de la previsional. Días atrás, la institución anunció que busca reprogramar parte de su deuda financiera a diez años con el objetivo de liberar recursos para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar la disponibilidad de insumos en los servicios de salud.

En ese contexto, Pereira sostuvo que el Estado dispone de bienes que podrían utilizarse para cancelar sus obligaciones con la previsional. “Soy partidario de no pedir emisión de bonos por parte del Estado. Hay que buscar otros mecanismos”, afirmó a la 1020 AM.

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Como alternativa, propuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) transfiera al IPS los hospitales que actualmente utiliza y que pertenecen al Estado, siempre que el valor de tasación de esos inmuebles represente el monto de la deuda histórica.

La dación en pago es un mecanismo previsto en el derecho civil mediante el cual un deudor extingue una obligación entregando un bien distinto al dinero originalmente adeudado, siempre que ambas partes acepten esa modalidad de pago.

En este caso, implicaría que el patrimonio inmobiliario sustituya parcialmente el desembolso de recursos financieros. Según Pereira, una vez regularizada esa deuda histórica, podría establecerse una nueva relación financiera entre el IPS y el Estado, basada en reglas claras y coordinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Está propuesta abre un nuevo debate sobre las alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS sin incrementar el endeudamiento público mediante emisiones de bonos, y al mismo tiempo, busca dar una salida a una obligación que se arrastra desde hace años.

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La ampliación de la pensión universal para adultos mayores no solo beneficia a ciudadanos paraguayos, ya que la legislación vigente también contempla la incorporación de extranjeros residentes en el país, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

De acuerdo con la Ley N.º 7.322, promulgada en diciembre de 2024, los ciudadanos extranjeros pueden acceder al beneficio económico estatal si acreditan al menos 30 años de residencia permanente en Paraguay, certificada por la Dirección Nacional de Migraciones. Este requisito se suma a las condiciones generales exigidas para el ingreso al programa.

Actualmente, la pensión universal forma parte de una de las principales políticas de protección social del Estado y busca garantizar un ingreso mínimo para personas mayores que no cuentan con cobertura jubilatoria ni otras fuentes formales de ingresos.

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La edad mínima para acceder al beneficio es de 65 años, aunque el proceso de incorporación se realiza de manera gradual. La última etapa ejecutada por el Gobierno incluyó a personas de 68 años cumplidos hasta junio de este año, mientras continúa avanzando el cronograma para abarcar progresivamente a los demás grupos etarios.

Entre los requisitos establecidos se encuentra no percibir salario en el sector público o privado, no ser aportante activo del Instituto de Previsión Social (IPS) y no figurar como contribuyente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). En los casos de personas que anteriormente fueron contribuyentes, deberán presentar la certificación correspondiente que acredite la baja de dicha condición.

Asimismo, los potenciales beneficiarios no pueden poseer más de 30 cabezas de ganado, criterio utilizado por el Estado para focalizar el programa en sectores con menores recursos económicos.

El monto de la asignación equivale actualmente al 25 % del salario mínimo legal vigente hasta junio, lo que representa G. 724.762 mensuales. Este valor será ajustado el próximo año conforme al nuevo salario mínimo que comenzó a regir desde el 1 de julio.

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El Ministerio de Salud Pública informó que la vacuna actualizada contra el covid-19 ya se encuentra disponible en los vacunatorios de todo el país, en el marco de la Campaña de Vacunación de Invierno 2026. Están disponibles 57.000 dosis de las 100.000 vacunas que recibirá el país y la inmunización va dirigida a poblaciones priorizadas.

En ese sentido, en el grupo de alto riesgo se encuentran los adultos mayores de 60 años y más, quienes deben aplicarse una dosis. Asimismo, adultos con comorbilidades, es decir, con enfermedades de base como diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, entre otras dolencias. También deben ponerse una dosis.

Los de medio riesgo corresponden a niños de 6 meses a 4 años con comorbilidades. Los que no cuenten con vacunación previa deberán aplicarse dos dosis con intervalo de 8 semanas.

Los que tengan vacunación previa, solo deben ponerse una dosis. Los niños y adolescentes de 5 a 17 años con comorbilidades, una dosis, independientemente de antecedentes de vacunación. Los adultos sanos, una dosis única, independientemente de antecedentes de vacunación.

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Por otro lado, están las poblaciones especiales, como el personal de salud. A ellos les corresponde una dosis, independientemente de antecedentes de vacunación.

También están las embarazadas, quienes deben aplicarse una dosis en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación, independientemente de las dosis recibidas anteriormente.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación continúa siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir formas graves de la enfermedad, reducir hospitalizaciones y complicaciones.

La vacuna disponible es la Spikevax LP.8.1 (Moderna), una vacuna de ARN mensajero monovalente actualizada, indicada para la inmunización activa contra el covid-19.

La vacunación debe posponerse en personas que presenten una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. Las personas que hayan padecido recientemente covid-19, dengue o chikungunya deben esperar al menos cuatro semanas antes de recibir la vacuna contra el covid-19.

Se recomienda a las personas pertenecientes a los grupos priorizados acudir oportunamente a los vacunatorios habilitados para fortalecer su protección durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

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• Por Benjamín Livieres
• Analista político

Acostumbrado a las declaraciones altisonantes, pero de muy poca profundidad y menor efecto práctico, el presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, ahora nos comunica que la entidad tiene un déficit de G. 150.000 millones/mes, unos 25 millones de dólares, solo para cubrir los gastos de medicamentos, a los que apenas se destinaron G. 42.000 millones, equivalentes a 7 millones de dólares.

Fue al término de una reunión en el Senado, con miembros de la Comisión de Hacienda, ante quienes expuso la necesidad de declarar “estado de emergencia” aclarando, sin embargo, que esto solo serviría en términos administrativos y no financieros. O sea, reconoce no tener respuesta –y si tuviera, no lo dice– sobre cómo cubrir el enorme déficit, de más del 75 % que según él tiene el IPS en el rubro fármacos, uno de los más sensibles, pero no el único.

Acto seguido preguntó dónde va el resto del dinero (que queda tras el pago de esos G. 42.000 millones) y se respondió a sí mismo: “Para pagar deudas”. Sin embargo, durante la reunión con los legisladores se expusieron otros datos que generan alarma, al no estar en concordancia con dicha afirmación. El Fondo de Salud correspondiente a mayo, dijeron, alcanzó guaraníes G. 462.432 millones, de los cuales 170.617 millones correspondieron a obligaciones financieras.

Los números “no cuadran”. Si se usaron G. 42.000 millones para la compra de medicamentos y se pagó G. 170.617 millones en concepto de deuda, el monto erogado es de G. 212.617 millones, en cuyo caso quedarían G. 219.815 millones. Seguramente habrá alguna explicación y probablemente sea que la diferencia tan grande obedezca la existencia de otras obligaciones que debe conocer cualquier ordenador de gastos, como insumos, salarios del personal de blanco y múltiples adquisiciones. Pero sabemos que el titular del IPS, desde el día 1, se desentendió de las cuestiones administrativas más elementales, que admite desconocer.

Recordemos que hace tres semanas, en plena conferencia de prensa, se vanaglorió de haber logrado un incremento de las recaudaciones del 60 % en solo un mes, atribuyendo el hecho a la credibilidad de la que gozaría su gestión. Pero la realidad es que el aumento fue del 0,6 %, 100 veces menos. Por eso, a la hora de analizar cualquier proyecto emanado de la previsional, sea la “declaración de emergencia” u otro, corresponde “examinar con lupa”, como bien dijo el titular del Congreso, Basilio Núñez.

Mientras los asegurados siguen sometidos a innumerables padecimientos, que no se resuelven con cambios cosméticos ni la permanente exposición ante los medios de prensa. En tanto no se aborden los problemas estructurales que afronta la previsional, sus consecuencias seguirán afectando a los asegurados, que sufren la falta de medicamentos, insumos e insuficiencia de profesionales médicos.

Estos son los aspectos que deben ser resueltos urgentemente, pero bajo ningún punto de vista por medio de la contratación de nuevos préstamos, como algunos ya insinúan, pues por esa vía, aunque se cancelen ciertas deudas, aumentaría el déficit del Fondo de Salud y se dispondría de menos recursos para hacer frente a las demandas de una cantidad de asegurados que seguirá creciendo.

De nada sirve decir, como Fretes, “ivaí la ore porte”. Lo feo en realidad es que los actuales administradores no muestren idoneidad para capear tormentas y diseñar una hoja de ruta para llevar la nave a buen puerto.