Erwin Tumiri, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo de LaMia del 28 de noviembre del 2016 que le costó la vida a más de 70 personas, entre ellas a casi todo el plantel del equipo de fútbol de Brasil, Chapecoense, salvó su vida por segunda vez tras accidentarse en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, Bolivia.
El técnico mecánico era uno de los pasajeros del bus de la empresa Carrasco que se embarrancó a 150 metros en la zona El Cañadón, donde murieron 21 personas y más de 20 resultaron heridas.
Lucía Tumiri, hermana de Erwin, informó al diario Opinión que él se encuentra estable, pero con una herida en la rodilla y raspones en la espalda.
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Accidente aéreo
Hace cinco años, Tumiri fue uno de los seis sobrevivientes del vuelo 2933 de LaMia, la nave transportaba a 68 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. Entre los pasajeros se encontraba el equipo Chapecoense, que estaba en camino a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana en el 2016 frente a Atlético Nacional.
Junto a Tumiri sobrevivieron los futbolistas Alan Ruschel, el arquero de reserva Jakson Follmann y Hélio Neto, el periodista Rafael Henzel de Rádio Oeste y la azafata Ximena Suárez.
Tumiri fue el primero de los seis en recibir el alta médica. Retornó a Bolivia acompañado de un equipo de médicos y fue internado por 48 horas en observación.
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Brasil suspende una vacuna contra el dengue tras dos muertes sospechosas
El gobierno brasileño anunció el lunes la suspensión temporal de la primera vacuna de dosis única contra el dengue del mundo tras identificar dos muertes sospechosas.
Desde principios de año, más de medio millón de personas, sobre todos los profesionales de la salud, han recibido la vacuna desarrollada en Brasil por el instituto público Butantan y aprobada en noviembre por las autoridades sanitarias.
Transmitido a los humanos por el mosquito tigre, el dengue puede causar fiebre alta, dolores de cabeza, dolores musculares, náuseas y erupciones cutáneas. En casos excepcionales, puede ser mortal.
De las 501.000 personas vacunadas entre enero y mayo, unas 3.700 presentaron síntomas similares a los del dengue, lo que representa el 0,7 % del total. Mientras que 42 experimentaron reacciones más severas, según el ministerio de Salud.
Se identificaron tres casos graves, dos de los cuales resultaron en la muerte de un hombre de 58 años y una mujer, de 48. Una mujer de 38 años fue ingresada en cuidados intensivos, pero ya recibió el alta.
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“No existen datos suficientes para establecer una relación causal entre la vacuna y estos tres casos graves, pero es una señal de alerta”, declaró en rueda de prensa el ministro de Salud, Alexandre Padilha.
“Aunque los 42 casos más graves representan solo 8 casos por cada 100.000, hemos decidido suspender temporalmente la vacunación” por “precaución”, añadió.
El ministro afirmó que estos efectos adversos fueron “totalmente inesperados”, ya que “no se habían observado” durante los ensayos clínicos de la vacuna realizados con más de 16.000 voluntarios, donde se logró una eficacia del 91,6 % contra la forma más grave de la enfermedad.
La única otra vacuna contra el dengue disponible a nivel mundial es la TAK-003, que requiere dos dosis administradas con tres meses de diferencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una sola dosis podría acelerar y facilitar las campañas de vacunación masiva.
En 2024, Brasil registró más de 6.000 muertes por dengue, casi la mitad del total mundial. La situación mejoró significativamente el año pasado, cuando los decesos cayeron a cerca de 1.800, según cifras oficiales.
- Fuente: AFP
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Bolivia: autorizan usar militares para desbloquear rutas cerradas por protestas
El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.
Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Presunción de legalidad
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.
“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.
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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.
El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.
Fuente: AFP
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Desbloquean en La Paz ruta clave para alimentos
- AFP
Policías y militares desbloquearon ayer viernes una ruta vital para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, asfixiadas por más de un mes de protestas sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El mandatario centroderechista, en el poder desde hace seis meses, se apresta a declarar un estado de excepción que le permita un mayor uso de la fuerza militar para levantar los bloqueos que mantienen campesinos y obreros en varias regiones del país.
A la espera de que el parlamento lo habilite para tomar esa medida, policías, apoyados por un grupo de militares, quitaron escombros que cortaban una estratégica vía al sur de La Paz para dejar pasar alimentos, según imágenes del Ministerio de Defensa.
Antes de ese operativo, decenas de personas han tenido que caminar varios kilómetros para abastecerse de verduras y otros alimentos debido al bloqueo de esa ruta que une La Paz con las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo.
El propio ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien asumió el puesto esta semana, encabezó el operativo. En la ruta aún se observan escombros, piedras y palos que complican el tránsito de pasajeros y carga.
Las ciudades de La Paz y El Alto y en menor medida las de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) carecen de alimentos, medicamentos y combustibles, debido al casi centenar de bloqueos extendidos por el país.
El gobierno de Paz, que culpa al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las protestas, recibió un nuevo apoyo de Estados Unidos.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró el jueves en X que Estados Unidos sigue de cerca la situación: “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narcoterrorista en la región vuelva a imponerse”.
Morales, enconado crítico de Washington, aseguró ayer viernes en X que Estados Unidos “recurre nuevamente al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los sectores sociales.
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Países socios del Escudo de las Américas respaldan al gobierno boliviano
El departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que emite con las Naciones Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago; que son Estados socios del Escudo de las Américas por la cual brinda su total respaldo al gobierno democrático y legítimamente elegido de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz.
En dicho pronunciamiento conjunto condenan de manera firme los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y a la vez contravenir la voluntad de los votantes mediante bloqueos de suministros vitales para el pueblo boliviano y la financiación de actividades delictivas deben ser rechazados, y los responsables deben rendir cuentas.
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“Respaldamos al gobierno democrático del presidente Paz mientras enfrenta los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano a través de falsos bloqueos en las carreteras”, expresa parte del pronunciamiento.
Señalan que los grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos.
“Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos. Aquellos que tengan reclamos legítimos deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder”, concluye la declaración conjunta.