“La oposición termina muy mal este 2024″, afirmó el exsenador Adolfo Ferreiro tras lamentar que los partidos y movimientos de la oposición aún no hayan logrado constituirse como una opción de alternancia en el panorama político.

“El problema de la oposición, es que nadie sabe a qué se opone y, menos aún, qué propone”, dijo el abogado mediante sus redes sociales oficiales. Desde el fracaso electoral en las presidenciales del 2023, el sector político no ha logrado superar las divisiones y el individualismo para la construcción de una sola agenda nacional y actuar como un contrapeso al gobierno del colorado Santiago Peña.

“No hay una oposición en la cual pueda cifrarse algo que es fundamental en el proceso político que es el fortalecimiento de las instituciones y la existencia de alternativas y alternancias posibles”, mencionó en una entrevista con la 1020 AM.

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Asimismo Ferreiro acotó: “No se crea ni existe una alternativa frente a las grandes cuestiones que después tiene que transformarse en movilización política”. Agregó que este conflicto no solo se observa en el panorama político, sino también en otros sectores de la sociedad que simpatizan con la oposición.

“Si tomamos un caso, uno de los grandes problemas que tiene el Paraguay en su presente y futuro es la educación, pero en la sociedad no hay una dinámica que esté pidiendo una educación diferente y que se expresa por los movimientos estudiantiles, culturales, los sindicatos docentes y finalmente por una propuesta política diferente que diga vótenme a mí porque haré una mejor educación que la que hacen lo que están gobernando”, dijo.

Siguió sosteniendo que “Todo esto desapareció en este momento en la vida social, entonces hay una enorme decadencia general por la falta de alternativas, no se producen opciones y no solo en la política, sino en el mundo intelectual, académico, periodístico, religioso. Esto no es solo un problema de la política, sino de toda la vida colectiva”, indicó.

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En medio de un allanamiento en el barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, las autoridades policiales procedieron a la captura de Javier Brítez Barrios, alias Kaloru, quien estaría implicado en el último asalto a la sucursal de Bancop en Naranjal.

Según las informaciones preliminares, este hombre no solo sería el líder del grupo de atracadores que perpetró el golpe a la sucursal bancaria, sino que también estaría ligado a otros asaltos a entidades bancarias de la zona.

Además de Javier Brítez Barrios, quien ya contaba con una orden de captura vigente, fueron aprehendidas otras cinco personas, entre ellas el propietario de la vivienda allanada. Los detenidos fueron identificados como Arnaldo Andrés Maciel Acevedo, Nelson Centurión (dueño de la vivienda), Jazmín Violeta Jara Pesoa, Mariela Sánchez Vázquez y Luna Aylin Rodríguez Díaz, de nacionalidad argentina.

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Hay que destacar que los celulares incautados en el lugar serán peritados con el fin de buscar mayores indicios respecto al esquema de trabajo de los delincuentes y saber si existirán más implicados en el caso, especialmente teniendo en cuenta los aparentes nexos con otros robos.

La intervención estuvo a cargo la agente fiscal María del Carmen Meza, con el acompañamiento del personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Alto Paraná, sede donde serán trasladados los detenidos junto con los indicios incautados para ser puestos a disposición de Ministerio Público.

Desde la entidad bancaria de Naranjal habían confirmado que los delincuentes lograron alzarse con G. 2.800 millones, dejando tirados dentro del local cerca de G. 700 millo­nes. En cuanto a los daños materiales debido al impacto de los explosivos en la estructura edilicia, no se descarta que se deba realizar más que una reconstrucción de la fachada, una nueva sede.

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Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos con­tra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.

“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.

La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.

“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.

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Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hema­to-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.

Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.

La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.

“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.

Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.

“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.

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Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.

“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).

El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.

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