Tras viralizarse la imagen de un instructor de gym con COVID-19 caminando por las calles asuncenas, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación sobre la supuesta violación de la cuarentena por parte del entrenador de un gimnasio ubicado en el microcentro capitalino.
El hombre fue visto, incluso, recorriendo algunos sitios públicos y comerciales, pese a que debía estar en cuarentena por su diagnóstico de COVID-19 positivo. Esto, según denuncias en redes sociales.
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La fiscal Belinda Bobadilla será la encargada de indagar la presunta violación de la cuarentena sanitaria y de las medidas preventivas por parte del instructor físico. La misma anunció que solicitará un informe a Vigilancia de Salud para saber cuándo se hizo la prueba y desde cuándo sabe que tiene la enfermedad.
El periodista Hernán Sotelo publicó a través de sus redes que incluso el gimnasio donde presta sus servicios tuvo que cerrar temporalmente sus puertas tras detectarse varios casos de COVID-19. Entre los afectados está este instructor, quien no habría cumplido su aislamiento obligatorio.
Seguidamente, el comunicador dio a conocer un escrito difundido por el hombre, quien justificó que se vio en la necesidad de violar su cuarentena para buscar efectivo para hacerse otra prueba.
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Remiten a Fiscalía informe sobre uso de bonos en la administración de Nenecho Rodríguez
La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el informe de auditoría sobre la utilización de G. 500.000 millones de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían ser destinados para el financiamiento de obras. El documento hace mención al desvío de los recursos económicos.
Entre las irregularidades señaladas por el órgano extrapoder figura el destino del dinero a una “cuenta única del Tesoro Municipal”, de donde se hicieron los desembolsos. Argumentan que la normativa legislativa que regula la citada modalidad establece que esa vía no puede ser aplicada por un gobierno municipal.
“La normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única (ley 5097/13) claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal, en primer lugar, porque en el caso de las municipalidades esa ley está en conflicto con la Ley orgánica municipal que prohíbe ejecutar dineros provenientes de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”, sostiene el documento.
El informe indica que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así para financiar un déficit de la caja. Señala que bajo la gestión del intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez se realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000 con los fondos de la modalidad de la cuenta única municipal, sin adjuntar documentos de respaldo y sin detallar el origen de los recursos utilizados.
Menciona además que se utilizó un total de G. 287.000.000.000 para costear el mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicios de transporte y disposición final de residuos.
El informe manifiesta a la vez que se cubrió el costo de las inversiones públicas en adquisiciones de maquinarias y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura, por aproximadamente G 50.000 millones, como también el pago de capital e intereses de bonos por la suma de aproximadamente G. 155.000.000.000.
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Cones aguarda que el JEM destituya a jueza que habilitó carrera irregular de medicina
“Esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su tarea, estamos solicitando su destitución”, indicó el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, al referirse sobre la denuncia presentada conjuntamente con la Procuraduría ante dicha institución contra una jueza de Itakyry que otorgó una medida cautelar irregular para la apertura de la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este.
“Ayer (martes) presentamos la denuncia contra la jueza buscando dar un mensaje a las universidades de que desde el Cones, en conjunto con la Procuraduría, vamos a tomar las medidas para indicar que el camino de habilitación de las carreras debe ser vía el Cones, que es la instancia que analiza todas las dimensiones técnicas, académicas, de infraestructuras, entre otros. No puede ser a través de una jueza, vía Poder Judicial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida cautelar fue emitida por la jueza Eresmilda Román Paiva, a favor de la Universidad Autónoma San Sebastián, pese a no tener la habilitación del Cones como ente rector. “Vamos a dar un mensaje a todos los jueces para que no se presten a este tipo de solicitudes por parte de las universidades, que no haya esa ligereza de acompañar estos pedidos”, indicó.
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Asimismo, afirmó que la jueza posee varios causales de mal desempeño en sus funciones. “En este caso ella generó la medida cautelar y luego se declaró incompetente, tiene demasiado causales de faltas la jueza a la par de que está medida cautelar está totalmente injustificada. En nuestra administración vamos a tomar todos los recaudos para que esto no se pueda concretar (habilitación irregular de carreras vía medida cautelar). Este no es el camino y tomaremos las acciones”, comentó.
Mora lamentó que esta situación sea una práctica constante por parte de los jueces, detallando que existen aproximadamente entre 17 a 20 medidas cautelares irregulares que se encuentran en funcionamiento en su mayoría a favor de las llamadas universidades de garaje.
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Piden desestimar denuncia contra exsenadora Kattya González
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.