La Junta Municipal de Azotey declaró tres días de duelo por la muerte del intendente Feliciano Arévalos. Las autoridades sanitarias arman ahora el árbol de contactos y la última actividad pública del paciente fue el viernes en una inauguración de aulas.
En la sesión de este martes, la Junta Municipal declaró tres días de duelo y en la semana se definiría quién asumirá el cargo vacante.
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La Primera Región Sanitaria inició la búsqueda del árbol epidemiológico. La familia del intendente ya está en cuarentena, pero también se rastrean a las personas que pudieron haber tenido contacto con el jefe comunal.
El corresponsal del Grupo Nación, Ángel Flecha, confirmó que el viernes pasado el intendente participó de una inauguración de aulas. El acto protocolar quedó registrado en imágenes que se compartieron en las redes de la comuna.
El intendente de Azotey, Feliciano Arévalos, falleció a las 00:20 de esta madrugada en el área de cuidados intensivos del Hospital Regional de Concepción. El paciente tenía 41 años y presentaba obesidad e hipertensión. Ingresó por un cuadro de neumonía grave y posteriormente sufrió un deterioro progresivo que provocó su deceso.
El distrito de Azotey figuraba en la lista de municipios a ser intervenidos. Una de las comisiones de la Cámara Baja debía emitir dictamen para el tratamiento en el pleno.
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Conductor embestido por un colectivo falleció y su familia exige justicia
Ayer lunes falleció un joven que fue embestido por una unidad del transporte público el pasado viernes por la mañana. La víctima se encontraba en el Hospital de Trauma con pronóstico delicado y tras varios días de luchar por su vida, finalmente los médicos confirmaron su deceso. Los familiares del fallecido reclaman justicia y que las autoridades intervengan tras lo ocurrido.
Mauricio Marcelo Paniagua, de 29 años, se encontraba transitando sobre la avenida Acceso Sur con destino a su lugar de trabajo, ya que prestaba servicios como guardia penitenciario en Tacumbú, y mientras aguardaba para cruzar, su automóvil fue embestido por un colectivo de la línea 47 Ñemby.
Según manifestaron sus familiares, el conductor del transporte público se dio a la fuga y se presentó horas más tarde ante las autoridades. El joven habría sufrido un traumatismo craneanoencefálico además de varias lesiones de consideración, por lo que necesitaba atención en una unidad de terapia intensiva, a la cual accedió tras varias horas de espera.
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“Mi hermano tenía todas las intenciones de vivir, pero lastimosamente no recibió la ayuda que necesitaba. Primeramente, nos dijeron que necesitaba una cama en terapia intensiva, pero que no había y buscamos por todos lados hasta en nuestro seguro, pero nos decían que no cubría o que no tenían, lo mismo en el Hospital del Trauma, ahí perdimos muchas horas y su situación era delicada”, comentó la hermana del fallecido Laura Paniagua en conversación con canal Trece.
La misma comentó que desde la empresa de transporte público no se hicieron responsables y que es más el conductor si bien fue detenido tras el hecho como su hermano continuaba con vida fue liberado y no lo imputaron por lo que ahora exigen que el Ministerio Público realice el seguimiento correspondiente, ya que el conductor inclusive se habría dado a la fuga hecha que aseguran se debe tener en cuenta como omisión de auxilio.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Concepción: policía retirado perdió la vida tras un atentado en su vivienda
En la noche de este lunes, un desconocido ingresó a la vivienda de un suboficial retirado y, sin mediar palabras, disparó contra el mismo. El hecho se registró en la Colonia Paso Hu del distrito de Yby Yaú, Concepción.
La víctima fatal fue identificada como el suboficial retirado Tomás López, de 54 años, quien se encontraba en el interior de su vehículo cuando fue abordado por el desconocido. El mismo habría fallecido en el momento tras el impacto a quemarropa.
En las imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo el atacante, quien utilizaba unos jeans azules, una camisa de mangas largas gris y un pasamontañas, se acercó al vehículo raudamente, a pie, portando una escopeta y disparó sin mediar palabras. Según los datos preliminares, la escopeta usada sería una de calibre 12.
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Tras el ataque, el perpetrador se dio a la fuga a pie nuevamente y hasta el momento se desconoce su identidad y su paradero. Los investigadores ya desplegaron equipos para el rastrillaje de la zona, puesto que no se descarta que el autor se encuentre en inmediaciones del lugar.
Los efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las diligencias investigativas, las cuales se encuentran en plena etapa de desarrollo. Si bien se manejan diferentes hipótesis, no se ha confirmado si la víctima habría recibido o no amenazas de algún tipo.
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