El Ministerio de Hacienda lleva un par de semanas elaborando el nuevo rostro de Pytyvõ en su versión “2.0”. Esta vez alcanzará a unos 800.000 trabajadores informales y buscará aumentar la cantidad de beneficiarios en zonas fronterizas. La cobertura sería por 4 meses, pero los detalles finales se conocerán “muy pronto”.
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, confirmó que están “terminando” los detalles del nuevo Pytyvõ, que irá orientado a los informales con más necesidades, como los que trabajaban en comercios, servicios, gastronomía etc.
A nivel país alcanzaría a unas 800.000 personas, entre las cuales, un mínimo de 125.000 serán de las ciudades fronterizas como ocurrió en el Pytyvõ tradicional (75.000 solo en Alto Paraná), pero con la diferencia que ahora apuntan a aumentar esta cifra para ese grupo.
En cuanto al monto que recibirán, el viceministro aclaró que podría ser inferior a los 548.000 guaraníes que distribuyeron en esta versión original, pero con el objetivo de extender la cobertura por cuatro meses.
Los requisitos en general serán los mismos, entre ellos, no ser funcionario público, no estar alcanzado por el IRP, no recibir ninguna otra asistencia del Estado, entre otros, pero en esta ocasión con un énfasis en certificar la ubicación geográfica, ya que se dará prioridad a los pobladores de frontera.
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Financiación
El nuevo rostro del Pytyvõ será financiado con reasignaciones de la Ley de Emergencia y otros recursos que serán movilizados y revelados “muy pronto”.
Inscripción y filtración
Las inscripciones seguirán siendo nominales y se mantendrá el mecanismo de postulación bajo declaración jurada. Los datos serán contrastados con las entidades del Estado.
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Segunda colonia del Indert que llega al 100 % de titulación de tierras es Santa Rosa, de Itá
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, informó que este domingo, se completó el 100 % de titulación de propiedades en Santa Rosa de Lima, en Itá.
Indicó que es la primera colonia totalmente formalizada en el departamento Central y es la segunda en el país en llegar al 100 % de regularización de las tierras, mediante el barrido predial masivo (BPM) llevado adelante por la institución.
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“Con la titulación de las tierras, que es una de las prioridades del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, le devolvemos la dignidad a los campesinos, porque les damos la oportunidad de avanzar en el desarrollo, mediante la inclusión económica y social”, enfatizó.
Con la entrega de más de 100 títulos en Santa Rosa se completa el 100 % de los títulos en esta colonia, tal como sucedió hace una semana en la colonia San Miguel, de Minga Guazú, recordó Ruiz Díaz, tras el acto en la fría jornada del domingo, que no fue un impedimento para desatar la alegría de los pobladores de Santa Rosa, que en un ciento por ciento de los beneficiarios participaron del evento.
“Es un sueño que nunca pensé que se iba a cumplir y se cumplió”, expresó emocionada María Ruiz Díaz, una de las madres beneficiadas con el título de propiedad en la colonia Santa Rosa. “
“Estoy muy contenta con el trabajo que lleva adelante el presidente del INDERT”, dijo por su parte Alicia Leiva, otra de las beneficiarias. Mónica Benítez, exteriorizó su alegría y su agradecimiento porque con el acceso a la propiedad puede independizarse de sus padres.
“Yo me veía todavía viviendo en el terreno de mi mamá, por eso estoy muy feliz y muy contenta”, enfatizó la beneficiaria que puede de ahora en más brindar un techo a sus hijos.
“Esta es una política profundamente social del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, de promover el bienestar de la gente”, enfatizó el titular del INDERT tras la entrega de todos los títulos a sus beneficiarios.
El 70 % de los beneficiarios de la citada comunidad son mujeres jefas de hogar, que no pagan nada en concepto de interés por sus lotes, una medida adoptada por el gobierno actual a favor de las familias campesinas.
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El PCC no opera desde afuera: su amenaza avanza desde adentro en Paraguay
Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.
Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.
Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .
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¿Por qué Paraguay?
Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.
Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.
El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.
“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.
Más allá de las rejas
Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.
La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.
El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.
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¿Y ahora qué?
El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.
Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.
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Encuentro binacional apunta a optimizar operativa del paso internacional
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) del Paraguay formó parte de la Primera Reunión Bilateral del Área de Control Integrado (ACI) entre Paraguay y Brasil, realizada en la sede de la Administración de Aduanas de Ciudad del Este, en el Puente Internacional de la Amistad.
De acuerdo al informe institucional, señalan que el encuentro se realizó con el propósito de reforzar la cooperación interinstitucional en la zona de frontera y optimizar la operativa del paso internacional.
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En representación de Migraciones participaron autoridades de la Dirección General de Movimiento Migratorio y de la Dirección General de Asuntos Internacionales, quienes aportaron al análisis técnico de los procedimientos y al fortalecimiento de las acciones coordinadas con sus pares brasileños y las demás instituciones nacionales con presencia en frontera.
En ese sentido, por la DNM estuvieron presentes el director general de Asuntos Internacionales, Fernando Pedrozo; el director de Cooperación y Enlace, Rafael Orrego; el director de Puestos de Control Migratorio de Alto Paraná, Adrián Mieres; y el jefe de Registros Migratorios, Néstor Chamorro.
La reunión se desarrolló esta semana en el marco del calendario anual previsto por el Reglamento Administrativo y Operacional del ACI y se consolida como un espacio fundamental para avanzar hacia una frontera más ágil, segura y articulada entre ambos países.
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Hasta el 3 de agosto, jubilados tienen tiempo para finalizar con censo digital
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.
El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.
Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.
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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.
Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.
Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.
De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.