Por unanimidad no acompañarán al proyecto de ley que crea la Sociedad Anónima del Fútbol Profesional (SAFP), la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), los presidentes de los 12 clubes de Primera División y de los dos clubes ascendidos para el 2024, según un comunicado emitido ayer tras una reunión realizada en la sede de la APF, en Luque.
“Esta postura fue consensuada tras analizar la propuesta, coincidiendo que la misma no refleja la realidad ni las necesidades del fútbol paraguayo. La APF y los clubes no están ajenos a este tipo de iniciativas, pero coinciden en que deben conllevar un proceso que involucre a todos los niveles y estamentos de las instituciones futbolísticas del Paraguay, de modo a legislar en base nuestra realidad social deportiva”, destaca parte del documento emitido ayer.
El comunicado fue firmado por los 12 clubes de Primera, los 2 clubes ascendidos y por el titular de la APF, Robert Harrison.
LOS CUESTIONAMIENTOS
Existen varios cuestionamientos de los dirigentes al proyecto de ley que el martes se tratará en la Cámara de Senadores. Esencialmente porque no se ajusta a la realidad del mercado local y especialmente porque el mismo no fue debatido y consensuado públicamente, sino que es un proyecto acercado por una comitiva de Brasil, que puede perjudicar antes que beneficiar al fútbol a los clubes, resaltaron.
Igualmente existe un documento preparado por el doctor Gerardo Acosta, que mejor se adecua a nuestro medio, según expresó el autor, pero debe tener principalmente la aprobación de la APF para presentar como proyecto de ley.
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En Cumbre de poderes podrían acordar avanzar en la carrera judicial
La cumbre de poderes, a iniciativa del presidente de la República, Santiago Peña, está prevista prevista para este lunes 17 de febrero a las 8:00 en el Palacio de López.
A la misma fueron invitados los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y Raúl Latorre; el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez.
La senadora Lilian Samaniego destacó la decisión del mandatario Santiago Peña en convocar a una cumbre de poderes para debatir sobre la problemática judicial. La iniciativa del economista surgió tras destaparse un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la Justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Abogó para que los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), remitan para el próximo mes de marzo la iniciativa de la carrera judicial para su pronta aprobación. “Esto debe ser considerado para dar vuelta esta triste y lamentable página dentro de la justicia”, comentó.
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Samaniego recordó que un proyecto de ley similar fue presentado en la Cámara de Diputados durante el periodo 2020-2021, pero su estudio fue truncado por la clase política. “En base a las informaciones que tengo, en la Corte Suprema de Justicia existe un proyecto sobre la carrera judicial que se está estudiando. Con esto se logrará transparentar los procesos, dar reconocimiento a la meritocracia y la profesionalización de la carrera de abogados y dar estabilidad institucional”, manifestó.
La legisladora acotó: “Todo eso es necesario ante el asombro que estamos viviendo. Esto será una solución a corto y mediano plazo. Todo lo que acontece está destruyendo nuestra democracia. La sociedad se ve afecta con el crimen organizado. La respuesta para esta crisis será justamente esa cumbre de poderes”, indicó.
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Proceso de transparencia en Paraguay sobre ONG logra repercusión en Perú
El debate, las publicaciones periodísticas, la ley de transparencia para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido valoradas en el plano internacional, específicamente en Perú, país desde donde Rossana Escobar, jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, fue entrevistada este viernes.
“En Paraguay el año pasado fue un escándalo la donación de USD 58 millones que se había administrado en un grupo de ONG”, comentó la periodista, quien señaló que el 2024 fue un año clave en todo lo relacionado a los fondos administrados por las organizaciones sin fines de lucro.
De acuerdo a lo expuesto por Escobar, las investigaciones develaron que estas ONG administraban cifras siderales de dinero provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras agencias de cooperación bajo la excusa de luchar contra la corrupción a través de diversos proyectos, no obstante, había un esquema donde la mayor parte del dinero era destinado simplemente a salarios y honorarios profesionales.
“Se desmanteló un teatro gigantesco cuando salieron las facturas de cómo cobraban. Estos no son recursos privados como se quieren hacer creer, estamos hablando de una cooperación internacional que viene a nombre del Estado, tenían clanes enteros dentro de las organizaciones, había gente liderando ONG que se candidató en las últimas elecciones”, remarcó.
La entrevista a la periodista experta en investigación fue brindado por la Sociedad de la Libertad, un sitio peruano donde también dieron a conocer que el mismo esquema que estaba montado en nuestro país, también opera en Perú donde existe una fuerte campaña de quienes se oponen a que exista una ley que transparente el manejo de las organizaciones sin fines de lucro.
“Fue una dura lucha, acá había muchísimo temor con respecto a eso, pero acá no hay un solo indígena o campesino beneficiario de esas ayudas humanitarias que hayan salido a manifestarse, todos son miembros de estas ONG que en su mayoría son empresarios y políticos también. Los impulsores de la iniciativa se ganaron una cantidad de tapas de diario, garrotes a través de la prensa”, recordó Escobar.
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Un negocio
La periodista de Nación Media precisó al medio peruano que el escándalo en nuestro país surgió luego de que las investigaciones revelaran que un pequeño grupo de ONG eran los habituales receptores de dinero obtenido a través de la cooperación internacional. Estas organizaciones gozaban de la credibilidad de la ciudadanía por los espacios que recibían en la prensa por ser considerados personas de alto prestigio.
“Toda la plata se fue a honorarios profesionales, es decir, el proyecto que se había firmado era para fortalecer la transparencia, porque esa es la bandera que utilizan en la mayoría de los países, el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia, del control ciudadano y la gente cree en eso, sin embargo, lastimosamente es un gran negocio”, expresó.
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Proponen reducción de impuestos inmobiliarios para adultos mayores de escasos recursos
El proyecto de ley “de reducción de impuestos inmobiliarios para adultos mayores de escasos recursos”, fue presentado en la Cámara Baja por el diputado Santiago Benítez. El legislador argumenta en la iniciativa parlamentaria que el objetivo es establecer un régimen especial de reducción o exoneración del gravamen para las personas de este sector.
El proyectista señala en el documento que lo que se busca con ello es garantizar el derecho a la vivienda y mejorar la calidad de vida a las personas de tercera edad que no cuenten con los medios económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
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La iniciativa establece distintos niveles de reducción, de acuerdo a los ingresos del beneficiario, entre ellos; un primer nivel, que es una exoneración total para quienes perciban menos del 50 % del salario mínimo vigente, como segundo nivel la reducción del 75 % para quienes tengan ingresos de entre el 50 % y el 75 % del salario mínimo, y el tercer nivel que es la reducción del 50 % para aquellos cuyos ingresos estén entre el 75 % y el 100 % del salario mínimo legal vigente.
El documento explica que este beneficio sería para las personas de 65 años en adelante, propietarios únicos del inmueble donde residen de forma permanente, que no posean otras propiedades dentro o fuera del país y cuyos ingresos mensuales no superen un umbral determinado por la autoridad fiscal.
Se prevé además que los municipios pueden establecer incentivos adicionales para los beneficiarios dentro de sus jurisdicciones. De entrar en vigencia esta normativa, los interesados deberán presentar una solicitud ante la autoridad fiscal correspondiente, junto con documentos que acrediten la situación patrimonial y económica, las solicitudes serán evaluadas en un plazo no mayor a 60 días hábiles con la posibilidad de otros recursos administrativos en caso de denegación.
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DNIT impulsa proyecto para incautar productos de contrabando sin orden judicial
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, mencionó que trabajan en una iniciativa que permita la incautación de productos de contrabando sin necesidad de orden judicial. Agregó que presentarán el proyecto al Congreso Nacional en el primer trimestre de 2025.
“Queremos dar una mayor fuerza al combate al contrabando, pero enfocado en poder incautar los productos sin la necesidad de una orden judicial. Teníamos casos donde se esperaba la llegada de la Fiscalía, el juzgado ya desaparecían los productos. Creo que por acá podemos explorar algunas metodologías que sean más eficiente en el momento de la incautación y la lucha real”, sostuvo.
Las afirmaciones de Orué surgen tras la presentación del Plan Anticontrabando 2025, concretado este último jueves mediante una reunión interinstitucional con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Defensa Nacional, y representantes del sector privado como la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (Asicopace).
“Buscamos trabajar más coordinadamente con las diferentes instituciones, obtener más resultados y encontrar a los financistas donde básicamente no se tenían resultados. Antes contábamos solo con las cargas, pero no con los datos de quiénes son los financistas”, refirió en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Orué acotó: “Queremos ir con todo en esta lucha; cambiamos las estrategias, y a todo el equipo que estaba llevando adelante esta tarea, designamos a personas en base a sus experiencias. Hemos hecho un proceso de selección a través de diferentes evaluaciones, como las psicotécnicas y de actitud; también pasaron por el polígrafo. Esto nos permite tener un panorama mucho más claro de que estamos designando a las personas correctas para este trabajo tan delicado”.
Ante la consulta sobre si las causas vinculadas al contrabando deberían declararse imprescriptibles, el alto funcionario de Estado refirió que “creo que debemos hacer un análisis social y definir, como sociedad, qué es lo que queremos. Estamos trabajando mucho con los gremios y las asociaciones para obtener mejores resultados”.
De acuerdo con datos de la DNIT, el combate al contrabando logró resultados significativos el último año, con incautaciones que superaron los USD 20 millones en productos ilegales durante 2024.
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