Paraguay se prepara para recibir, entre octubre y diciembre de este año, a autoridades sanitarias de Chile, Taiwán, la Unión Europea, Egipto y Perú, en el marco de cinco auditorías internacionales vinculadas al sector pecuario.

Las inspecciones apuntan a renovar habilitaciones, mantener mercados vigentes y avanzar en la apertura de nuevos destinos y productos cárnicos.

El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, explicó que este tipo de controles forma parte de la dinámica habitual del sector, considerando la cantidad de mercados a los que llega la producción nacional.

“Todos los años tenemos algunas auditorías, no todos los mercados vienen todos los años, pero todos los años tenemos de algún lado”, señaló en comunicación con La Nación/Nación Media.

Entre las inspecciones previstas, destacó la de la Unión Europea, que se realizará para mantener el estatus sanitario y verificar los requisitos exigidos para el ingreso de carne paraguaya. En tanto, Taiwán evaluará nuevos establecimientos exportadores y reinspeccionará plantas que ya forman parte de su circuito comercial. En este proceso también se prevé la revisión de nuevas plantas, como el frigorífico Cerrito, ubicado en Presidente Hayes.

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Burt también puso el foco en Perú, mercado que busca avanzar en la habilitación de nuevos productos. La auditoría peruana contempla la habilitación de la línea de harina de carne y hueso, además de la revisión de los exportadores de carne vacuna.

En el caso de Egipto, el representante de la CPC aclaró que no se trata de una apertura inicial, sino de una inspección dentro del proceso de mantenimiento del mercado. Las autoridades egipcias prevén renovar licencias e incorporar más frigoríficos bovinos a su nómina oficial.

El resultado de estas auditorías será clave para sostener el acceso de la carne paraguaya a mercados internacionales y al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para la industria frigorífica y la producción pecuaria nacional.

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El gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el retiro en el Congreso de su proyecto de reformas a la seguridad que generó escasos apoyos y críticas de diversos sectores políticos, incluido el oficialismo.

El paquete proponía ocho modificaciones a la Constitución, entre estas la creación de un estado crítico de excepción que podría decretarse por 240 días, sin aprobación del Parlamento, y restringir las libertades de movimiento y reunión en caso de grave amenaza para la seguridad pública.

Su retiro el martes por la noche es un duro golpe para el mandatario ultraderechista. El endurecimiento de las medidas de seguridad fue una de sus principales propuestas de campaña de mano dura contra el crimen.

Una comisión del Senado trabajó paralelamente en otra reforma para reemplazar la del oficialismo. El ejecutivo optó por respaldar este proyecto, que fue ingresado el miércoles.

“Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado”, dijo en un mensaje televisado desde el Congreso el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

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El nuevo proyecto busca calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales, segregar a los presos para evitar delitos desde las cárceles y establecer la duración de los estados de emergencia en 30 días, cuyas prórrogas deben tener autorización parlamentaria.

La propuesta original de Kast fue ampliamente reprobada por los legisladores, incluidos varios de sus aliados derechistas y de la propia coalición de gobierno.

La oenegé internacional Human Rights Watch expresó preocupación por el estado de excepción planteado y otras medidas relacionadas, como la posibilidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes.

Cientos de manifestantes salieron a las calles de Santiago en setiembre para rechazar las reformas y protagonizar choques con la policía.

Chile es uno de los países más seguros de América Latina, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua.

La tasa de homicidios de Chile fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.

• Fuente: AFP

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Investigadores hallaron una nueva especie de rana milimétrica y venenosa que llamaron “desconcertante” y que está amenazada por la minería en Ecuador, informó el viernes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio). Científicamente conocida como excidobates perplexus, esta rana mide entre 15,1 y 18,3 milímetros de longitud.

Dos poblaciones fueron identificadas en la cuenca del río Paute y al norte de la Cordillera del Cóndor, en el sur de Ecuador. Pequeño pero megadiverso, el país acoge a 703 especies de anfibios. Sólo Colombia y Brasil tienen más variedades en un territorio mucho más extenso.

“La nueva especie pertenece al género Excidobates, un grupo de ranas venenosas cuya diversidad todavía no se conoce completamente”, señaló el Inabio en un comunicado. Aunque son de la misma especie, las dos poblaciones conocidas tienen diferente coloración. Las de la Cordillera del Cóndor tienen el dorso verde con manchas amarillas irregulares y las otras son de color negro con patrones escarlata.

Esa diferencia hizo pensar que se trataba de especies distintas, pero análisis genéticos lo descartaron. La curiosa variedad en el color llevó a los investigadores a bautizar a esta rana como perplexus, que significa “desconcertante” o “confuso”, según el Instituto.

“Esta nueva especie enfrenta serias amenazas, la población del Cóndor se encuentra dentro de grandes concesiones mineras destinadas a la extracción de cobre, oro y molibdeno”, anotó el Inabio. Además, este tipo de ranas son codiciadas en mercados ilegales por su atractivo como animales de colección, agregó. Excidobates perplexus vive en bosques bien conservados, con árboles que superan los 15 metros de altura y cuyas raíces son uno de los lugares elegidos por los machos de la especie para emitir su canto.

En el hallazgo participaron científicos del Jungle Dave’s Science Foundation, el Inabio, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad del Azuay, la Fundación Nukamp, la University of Central Florida y la Universidad Católica del Ecuador. La descripción fue publicada en la revista científica Zootaxa.

Fuente: AFP.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.