La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.

Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.

Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.

La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.

A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.

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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.

El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.

En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.

“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.

El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.

Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.

Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.

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Mediante una cooperación internacional fue localizada Magnolia Bustos Rojas, de 2 años, en la ciudad de Resistencia, Argentina. La niña había sido raptada por su padre, Francisco Javier Bustos, de una guardería de Asunción el pasado 8 de julio.

Los progenitores de la niña estaban en litigio de restitución luego de que autoridades de Chile confirmaran que la pequeña estaba ilegalmente en Paraguay.

La niña fue localizada por efectivos policiales de la ciudad de Resistencia luego de que autoridades de Paraguay activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda y localización de la menor, quien fue hallada a salvo en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.

Este viernes, ambos padres debían presentarse ante el Juzgado para el juicio de restitución, que se llevaba adelante luego de que los tribunales de Chile determinaran que Magnolia se encontraba de manera ilegal en Paraguay, tras la denuncia presentada por su padre al enterarse de que la menor había viajado al país junto con su madre.

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Las autoridades chilenas establecieron que Magnolia debió regresar con su progenitor el 5 de enero pasado, pero la madre Diana Rojas Cuenca, no retornó al país. Es así que, el pasado 2 de abril por la magistrada de Viña del Mar, Sara Covarrubias Naser, confirmó que Francisco Busto Nieto entabló una demanda civil contra la mujer por retener a la niña.

El caso fue asignado a la defensora pública Laura Paniagua y el proceso de restitución internacional se inició el 13 de mayo de 2026 en Asunción. Para dar seguimiento a la causa, Francisco Javier Bustos arribó a Paraguay y mantenía un régimen de relacionamiento presencial con su hija, el cual fue incumplido el miércoles 8 de julio, cuando presuntamente la raptó de una guardería de Asunción.

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Diana Rojas, madre de Magnolia, alegó que se encontraba con problemas de salud y que necesitaba volver a Paraguay, para recibir tratamiento y que por esa razón debió firmar el régimen compartido. Sin embargo, su salud se deterioró y no pudo volver a Chile el pasado 5 de enero y recurrió a las autoridades nacionales.

“Volví al Paraguay en enero, porque necesitaba asistencia médica ya que mi salud estaba deteriorada física y mentalmente, por cosas muy fuertes que pasé. Sí, había un acuerdo de que debíamos volver el 5 de enero pero yo alegué que en ese momento estaba con problemas de salud y necesitaba asistencia”, dijo Diana, en “Cuenta Final” programa de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Afirmó que ya estaban separados en Chile y que estaban cumpliendo con el régimen de convivencia compartida. Sin embargo, Francisco no aceptó que volvieron a Paraguay y se vio obligada a firmar el régimen compartido porque necesitaba ver a su familia. “Viví amenazada y en Chile todos fallaron a favor del padre, yo no tuve amparo judicial”, puntualizó.

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El Ministerio Público informó finalmente este viernes la localización de la niña Magnolia Bustos Rojas, de 2 años, en la ciudad argentina de Resistencia, a unos 325 kilómetros de Asunción, cuando el padre venía sosteniendo en una comunicación con las autoridades de que todavía se encontraba en Paraguay. La menor, que se encuentra a salvo, fue raptada por su padre de nacionalidad chilena, Francisco Javier Bustos, de una guardería en la capital paraguaya, el 8 de julio.

“El padre se está comunicando por mensajes de textos y está diciendo que la niña se encuentra bien, que está con él en Paraguay. No responde las llamadas por lo que hacer el rastreo de ese teléfono es casi imposible, pero no hubo salida del país y estamos 100 % seguros de que se encuentran acá“, dijo el fiscal Aldo Cantero, en conferencia de prensa, horas antes de producirse su localización fuera del país. También se socializaron imágenes de cámaras de seguridad de como el hombre se llevó a la menor.

El fiscal comentó que el hombre puso la condición de que se emita una resolución de un litigio que está pendiente en el ámbito de la niñez y adolescencia. “Creo que hay un pedido de restitución de la justicia chilena a Paraguay, pero esta siendo bloqueado y cosa que no se va a dar, justamente ese es el conflicto que se está dando en este caso”, puntualizó.

Refirió que se manejaría la información de que esta persona estaría rentando una vivienda donde se está quedando con Magnolia. “Estaría por el interior del país, probablemente en el departamento de Cordillera”, afirmó, a partir del rastreo de su alojamiento en un hotel y el rastreo del vehículo que había rentado y devuelto, previamente a su desaparición con la niña.

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Por la tarde se socializaron varios videos que muestran cuando la pequeña se encontraba en la guardería en compañía de su abuela materna, Patricia Nieto, así como de Javier Bustos con la menor en el mismo sitio, también con su abuela paterna, quien fue detenida cuando intentaba abordar un avión en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

“La última vez que fue visto con la niña fue en la guardería de donde fue retirada en compañía de su madre, la señora Patricia Nieto, y desde ese momento no se tienen la ubicación exacta de ambos”, apuntó el fiscal Cantero en la conferencia de prensa.

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Cantero informó que se había dictado la orden de detención contra Francisco Javier Bustos por desacato y los demás hechos punibles dentro de esta causa, porque contaba con una medida de relacionamiento provisorio que tenía en Paraguay, mientras dure el juicio de restitución.

“Bustos indica que la mamá trajo a la niña violando un permiso que le dieron las autoridades chilenas y sacan un figura de secuestro internacional, medida de restitución que se estaba realizando en Paraguay y hoy se tenía audiencia, pero no se presentó”, manifestó el representante del Ministerio Público.

En tanto que la abuela paterna Patricia Nieto fue detenida en el aeropuerto Silvio Pettirossi y actualmente solicitó fijar residencia en la embajada de Chile en Paraguay, pero antes entregó su celular para que sea analizado por las autoridades que están investigando en caso.

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Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la policía. Pero en un rincón de Ecuador azotado por la violencia criminal, lo habitual es buscarlos en el Canal de la Muerte, donde han sido hallados decenas de cadáveres. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.

El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.

A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. “El único pecado de nosotros es ser negros”, dice por teléfono a la AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella “los policías están comprados por los delincuentes”.

“Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita”, cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.

“Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal”, señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. “Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente”, indica el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024.

Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la “sacaron a bala”.

Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. “Las bandas trabajan con los militares”, afirma. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente. Pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi tres millones de habitantes, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. “Desde allí nos apuntan con fusiles”, dice. “Nada se hace aquí sin permiso de ellos”, añade. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. “Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados”, lamenta mientras aprieta una Biblia.

Fuente: AFP.