Los 4 posibles nuevos feriados que estarían siendo analizados tras su remisión como proyecto, podrían generarte hasta casi G. 500 mil en concepto de jornal doble trabajado en esos días si percibís salario mínimo.

Paraguay podría tener más días feriados en su calendario anual, conforme lo remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Se trata de un proyecto de ley para actualizar y unificar la normativa sobre los feriados nacionales y los asuetos.

En una primera instancia, el proyecto contempla la creación de un nuevo feriado nacional para la fecha 20 de junio, en conmemoración a la Jura de la Constitución de 1992, con posibilidad de ser trasladado como feriado móvil incluso.

A esto hay que sumarle que el Ejecutivo pretende que se le otorgue facultad legal para declarar hasta tres feriados por año, aunque no permanentes, en situaciones especiales como celebraciones deportivas, aniversarios históricos o para impulsar el turismo interno y el comercio nacional, como fundamentos.

Es así que, en caso de aprobarse el proyecto, y si desde el próximo año entra a regir el feriado del 20 de junio más los 3 feriados optativos, se llegaría a contar con 4 feriados nuevos además de los 12 activos actualmente.

Por lo tanto, para los trabajadores que igualmente cumplen funciones durante estos días feriados, sería una posibilidad de sumar 4 jornales dobles en sus haberes. Que, con el nuevo reajuste actual del mínimo legal que establece un jornal en G. 111.502, generarían G. 446.008 más si trabajan estos posibles nuevos feriados.

En tanto que, para el empleador, representará pagar G. 446.008 más en concepto de salarios siempre y cuando se trate del mínimo, que recordemos pasará a ser G. 2.899.048. Si el trabajador percibe más que el mínimo y trabaja los días feriados, le corresponderá igualmente doblar su jornal diario.

Ante la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, el gobierno del mandatario Santiago Peña no descarta la posibilidad de impulsar reajustes por sectores, indicó la ministra del Trabajo, Mónica Recalde. Apuntó que existen países como Uruguay donde se fijó la existencia de dos remuneraciones mínimas, divididas en servicios y comercios.

“En la última reunión que tuvimos con el Equipo Económico se discutió justamente la preocupación que tiene el presidente sobre la pérdida del poder adquisitivo de la clase media. Una de las medidas que se discutió, es pensar un poco en salarios mínimos sectoriales“, indicó Recalde mediante una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

La funcionaria de Estado dijo que “sabemos que no es homogéneo nuestra productividad, que hay algunos segmentos donde trabajan sectores de baja cualificación, media y alta. Por ejemplo, en el sector industrial tenemos mucha más productividad y tenemos mucho más potencialidad de poder reajustar un salario mínimo sectorial“.

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Recalde recordó que el Código del Trabajo faculta la posibilidad establecer salarios sectoriales, salarios regionales y salarios nacionales. “El salario mínimo sectorizado ha sido aplicado en la mayoría de los países. En Uruguay, por ejemplo, se tiene el salario mínimo de comercios y servicios. Ahora qué hacemos con esos segmentos que no se mueven, esa es una discusión que también lo vamos a tener", comentó.

No obstante, desde el Ejecutivo también se inició un debate interno para revisar la fórmula de ajuste del salario mínimo legal, actualmente basada en el índice de precios al consumidor (IPC). El sector empresarial y miembros sindicales formarán parte del debate que comenzará a finales de este mayo.

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A través de un comunicado el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) expresó su disconformidad hacia el no cumplimento de la ley que establece la estandarización salarial y la carga horaria del personal médico en todo el sistema de salud, al tiempo de apoyar las medidas de fuerza llevadas adelante por sus colegas en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Dentro del comunicado resaltaron la necesidad urgente de que la labor profesional del médico sea reconocida a través del cumplimiento de las leyes que los resguardan laboralmente, hecho que sostienen no se da dentro del sistema de salud nacional y desemboca en la afectación del servicio.

“El CPM viene requiriendo desde hace varios años que el Comité Ejecutivo (presidido por el MSPyBS) asuma efectiva y responsablemente la función encomendada por la ley, entre las que se encuentran recomendar medidas correctivas en caso de incumplimientos como los registrados en relación a las leyes de dignificación de la profesión médica”, indica parte del comunicado.

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En la misma tesitura expresaron su total apoyo para con los médicos que trabajan dentro del IPS, al tiempo de anunciar que solicitarían una reunión extraordinaria con el Consejo Nacional de Salud para tratar el tema del cumplimiento de la ley de manera urgente.

Cabe destacar que desde hace semanas los profesionales de blanco del IPS se encontraban manifestándose exigiendo la promulgación de la resolución que respalde el cumplimiento de la carga horaria, llegando a un acuerdo de que la aplicación de la misma sea gradual y con ciertos criterios a tenerse en cuenta, como la antigüedad del profesional.

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Se está estudiando un nuevo aumento del salario mínimo obli­gatorio. De acuerdo a nuestra legis­lación en la materia, el salario de los trabajadores debe aumentar de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC) o la inflación acumulada, para el caso en concreto, entre mayo del año pasado y el de este año, lo que daría –tomando en cuenta la inflación acumulada– una suma que no superará los 120 mil guaraníes.

Esto es lo que hoy se tiene y es la manera de perpetuar un modelo que no le conviene al trabajador.

El salario mínimo oficial como sabemos es el valor que se abona por el trabajo que una persona realiza y en nuestro país el sueldo básico apenas alcanza a no más de 3 de cada 10 trabajadores. Esto significa que el resto de la población trabajadora no tiene ningún aumento en sus haberes cuando se decreta un ajuste del mínimo oficial porque sencillamente se encuentran en la informalidad; esto es, no están sujetos a las leyes de salario mínimo y no cuentan con un seguro social.

La realidad es que cada vez que aumenta el salario mínimo obligatorio se benefician unos pocos, no más del 30 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Al respecto y esto debe decirse, la pobla­ción más joven que a la fecha se encuen­tra en la informalidad bien podría ingre­sar al sector formal si se tuviera en cuenta por ejemplo que el valor que se abona por el trabajo sea remunerado de acuerdo a la productividad.

Pero ocurre que los miles de jóvenes, tanto de la ciudad como del campo, que no cuen­tan con la preparación más adecuada y que cada vez que aumenta el salario oficial finalmente son los más perjudicados, esto es, no solo permanecen en la informalidad donde ya se encuentran, sino también les aleja de conseguir un empleo mejor remu­nerado.

No resulta pues equilibrado que solo 3 de cada 10 trabajadores vean incrementa­dos sus haberes cada vez que se establece un aumento del salario oficial obligatorio, siendo el resto de los trabajadores mayo­ritariamente perjudicados. Y esto tiene una causa: el salario oficial es como una barrera artificial cada vez más alta que impide a los informales ser parte del mer­cado laboral formal.

El salario, y hay que decirlo para no men­tir como algunos lo hacen, es la valía que se paga a una persona por un trabajo que rea­liza. Las personas, especialmente los jóve­nes y aquellos que no cuentan aún con la debida preparación para un trabajo deter­minado, son llevadas hacia la informalidad cuando el valor del salario está por encima de sus productividades.

¿Significa esto que el salario mínimo debe ser derogado? En ningún modo, lo que se sostiene es que el salario obligatorio debe ser referencial, no debe ser superior a la productividad de una persona pues le sig­nifica desempleo e informalidad, situación que precisamente es lo que ocurre en nues­tro país compuesto por miles de jóvenes que desean trabajar y así pagar sus estu­dios y ayudar a sus familias.

Esta es la explicación y no otra por la cual nuestros jóvenes no acceden a un empleo formal, a ser sujetos de crédito y hasta no seguir estudiando luego de terminar su formación en las escuelas y colegios, lo que implica igualmente que no puedan prose­guir sus estudios superiores.

El salario mínimo sin correspondencia con la preparación de una persona tam­bién le perjudica al trabajador cuya pro­ductividad es superior al salario mínimo oficial; esto es, en lugar de ganar más que el mínimo legal obligatorio, esa persona que debería ganar por encima del mínimo legal pues solo termina percibiendo el mínimo, siendo esta situación una injus­ticia que no se corresponde con el sentido de justicia, esfuerzo y preparación que una persona realiza a lo largo de su vida laboral.