Las malas noticias siguen en Cerro Porteño, sumada a la dolorosa eliminación de la Copa Paraguay frente a Ameliano con derrota 3-1. El entrenador argentino Víctor Bernay necesariamente debe rearmar la defensa para el siguiente partido del domingo 1 de octubre por la fecha 13 del torneo Clausura, nuevamente frente al Sportivo Ameliano.
Jorge Morel sufrió una fractura en la mano y fue a cirugía. Mientras tanto, el brasileño Eduardo Brock ha sido suspendido a raíz de su expulsión en el juego frente a Guaireña.
Los juveniles Lucas Quintana y Pedro Álvarez son las opciones que tiene el entrenador Víctor Bernay. En cuanto a Quintana, ya formó dupla con Eduardo Brock en el juego de Copa Paraguay. Sin embargo, Pedro Álvarez había desaparecido de la consideración tras el último partido de laCopa Libertadores en Ecuador frente al Barcelona, oportunidad en la que se empató 2-2, cometió un penal sobre la hora y el equipo quedó eliminado.
ARBITRAJE
En campamento del Ciclón se cuestionó nuevamente al arbitraje, aunque tímidamente se reclamó que dos de los tres goles de Ameliano fueron en posición adelantada, que no se advirtió, porque no hay VAR en la Copa Paraguay. Además, se reclamó una supuesta falta penal contra Diego Churín.
VIERNES, ANTE GENERAL
Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, expresó su queja por la programación de la fecha 14, en la que su equipo debe recibir a Cerro Porteño. Cuestionó que un partido de Cerro Porteño en el interior y viernes es un despropósito. General solicitó jugar sábado o domingo; sin embargo, el encuentro se programó para el viernes 6 de octubre.
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Legisladores del bloque repudian inestabilidad en Bolivia y recuerdan vigencia del Protocolo de Ushuaia
Durante la CVIII sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados en Asunción, el cuerpo legislativo emitió una declaración oficial en la que manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inestabilidad institucional y los recientes hechos de violencia que afectan al Estado Plurinacional de Bolivia.
El cuerpo legislativo sentó una postura firme en defensa del orden constitucional de sus países miembros. En ese sentido, hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.
El eje central del documento radica en la exigencia del respeto al sistema democrático. Los parlamentarios del bloque regional hicieron especial énfasis en la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.
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Este mecanismo constituye la “cláusula democrática” del bloque y prevé sanciones de carácter político y comercial ante eventuales rupturas o alteraciones del orden constitucional en cualquiera de los Estados parte.
El texto oficial argumenta que la estabilidad del bloque depende de la solidez institucional de cada uno de sus integrantes, calificando como inaceptable cualquier tipo de salida fáctica o de violencia que ponga en riesgo los derechos ciudadanos y la paz social en territorio boliviano.
La declaración institucional lleva las firmas oficiales del diputado Rodrigo Gamarra, representante paraguayo y presidente del Parlasur, y del abogado Edgar Lugo, secretario parlamentario del organismo.
Con este documento, la conducción del bloque enfatiza el rol del parlamento como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región, según esgrimió, finalizado el encuentro, el diputado.
Clausula democrática
El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los países del Mercosur, establece que la vigencia de la democracia es una condición fundamental para formar parte del bloque regional. En la práctica, el acuerdo prevé que si en uno de los Estados miembros se produce una alteración o ruptura del orden democrático, los demás países pueden analizar la situación y adoptar medidas conjuntas.
Entre las sanciones contempladas figuran desde la suspensión de la participación del país afectado en los órganos del Mercosur hasta la restricción de algunos beneficios derivados del proceso de integración regional.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2012, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del bloque tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los demás socios del Mercosur sobre el desarrollo del proceso político que derivó en su salida del cargo.
Dicha sanción fue levantada el 15 de agosto de 2013 con la asunción del presidente Horacio Cartes, luego de que los países del bloque consideraran restablecido el orden democrático mediante las elecciones generales celebradas ese año.
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Acusado de abuso sexual apela a chicanas para frenar juicio y la querella solicita prisión
El juicio oral y público de un acusado por abuso sexual en niños, registrado en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú, podría volver a suspenderse. Esto, debido a que el procesado designó al abogado Toribio Vázquez Bogado, quien solicitó que se posponga el juzgamiento argumentando que necesita copias del expediente judicial y de la carpeta fiscal para interiorizarse del caso.
La defensa del acusado busca postergar el inicio del juicio oral y lograr la impunidad, denunciaron las víctimas en contacto con La Nación/Nación Media. La audiencia pública está fijada para este 26 de mayo, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, debido a la presentación realizada por la defensa, el juzgamiento podría posponerse.
De concretarse una nueva postergación, se sentará un precedente nefasto para la víctima y su familia, que sufren de las secuelas físicas y psicológicas del grave hecho ocurrido en el departamento de Canindeyú.
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El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar al acusado está integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde.
Por su parte, el fiscal del caso, Néstor Narváez, mencionó que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una sentencia condenatoria.
Querella pidió prisión preventiva
El abogado querellante, Saúl González, solicitó al tribunal que se ordene la detención preventiva del acusado para garantizar la realización del juicio oral, atendiendo a que las presentaciones de la defensa se realizan al solo efecto de dilatar el proceso. Este pedido debe ser analizado por los jueces.
Arresto domiciliario
Es de recordar que el acusado cumple arresto domiciliario desde hace aproximadamente dos años y, en caso de ser condenado, existe el riesgo de que pretenda cumplir su pena bajo ese mismo régimen.
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El expresidente Zapatero defiende su inocencia tras imputación por tráfico de influencias
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero defendió este martes su inocencia al conocerse que la Justicia lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.
El político socialista se convirtió en el primer exjefe del Gobierno español en democracia en ser imputado.
La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, lo convocó el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama.
El magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas pertenecientes a las hijas del exmandatario, según medios españoles.
Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, está señalado como el líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.
La trama utilizó “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.
Específicamente, Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
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“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, respondió Zapatero en un vídeo divulgado a la prensa, donde aseveró que “jamás” realizó “ninguna gestión ante ninguna administración pública (...) en relación con el rescate de Plus Ultra”.
“Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España”, subrayó Zapatero, quien se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.
Un rescate controvertido
Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.
Entonces, sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.
Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia.
Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.
El rescate de Plus Ultra provocó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela, pocos meses después de que el ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se reuniera en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, en ese momento vicepresidenta y ahora al frente del gobierno en Venezuela.
Ábalos, en prisión, es investigado por corrupción ya la espera de veredicto en un juicio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
- Fuente: AFP
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Decretan prisión al exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel
El tribunal de sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.
La defensa de Galeano había ofrecido antes de la sentencia 17 mil millones de guaraníes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. También la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.
La semana pasada, el Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Sentencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.
Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclusión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millonaria fianza real sobre varios inmuebles.
Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.
Cabe recordar que el Tribunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”. La investigación estableció vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.
Los jueces también consideraron probado que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas. Parte de ese dinero habría sido declarado posteriormente en su Declaración Jurada de Bienes, luego de una rectificación.