Las malas noticias siguen en Cerro Porteño, sumada a la dolorosa eliminación de la Copa Paraguay frente a Ameliano con derrota 3-1. El entrenador argentino Víctor Bernay necesariamente debe rearmar la defensa para el siguiente partido del domingo 1 de octubre por la fecha 13 del torneo Clausura, nuevamente frente al Sportivo Ameliano.
Jorge Morel sufrió una fractura en la mano y fue a cirugía. Mientras tanto, el brasileño Eduardo Brock ha sido suspendido a raíz de su expulsión en el juego frente a Guaireña.
Los juveniles Lucas Quintana y Pedro Álvarez son las opciones que tiene el entrenador Víctor Bernay. En cuanto a Quintana, ya formó dupla con Eduardo Brock en el juego de Copa Paraguay. Sin embargo, Pedro Álvarez había desaparecido de la consideración tras el último partido de laCopa Libertadores en Ecuador frente al Barcelona, oportunidad en la que se empató 2-2, cometió un penal sobre la hora y el equipo quedó eliminado.
ARBITRAJE
En campamento del Ciclón se cuestionó nuevamente al arbitraje, aunque tímidamente se reclamó que dos de los tres goles de Ameliano fueron en posición adelantada, que no se advirtió, porque no hay VAR en la Copa Paraguay. Además, se reclamó una supuesta falta penal contra Diego Churín.
VIERNES, ANTE GENERAL
Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, expresó su queja por la programación de la fecha 14, en la que su equipo debe recibir a Cerro Porteño. Cuestionó que un partido de Cerro Porteño en el interior y viernes es un despropósito. General solicitó jugar sábado o domingo; sin embargo, el encuentro se programó para el viernes 6 de octubre.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Dario Messer. Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo, la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
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Absolución de culpa
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
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Paraguay prepara una nueva defensa ante las amenazas sanitarias
Este vienes, el Ministerio de Salud anunció que mediante la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), avanza en la consolidación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana que apunta a detectar riesgos con mayor anticipación y activar respuestas coordinadas antes de que una situación pueda convertirse en una emergencia de mayor impacto.
Las autoridades indicaron que la estrategia parte de una premisa clave para la salud pública: cuando aparece una amenaza, anticiparse puede marcar la diferencia. La detección temprana, el análisis oportuno de la información y la coordinación entre instituciones permiten reducir los tiempos de respuesta y mejorar la protección de la población.
También explicaron que el proyecto cobra especial relevancia ante un escenario sanitario cada vez más complejo, en el que los brotes y otros riesgos pueden superar rápidamente las fronteras y afectar simultáneamente a distintos sectores. Frente a esta realidad, Paraguay trabaja en un modelo que busca dejar atrás los sistemas aislados y avanzar hacia una estructura capaz de reunir información, mejorar su calidad y facilitar decisiones rápidas.
A partir de este diagnóstico se elaboraron documentos técnicos y normativos y se diseñó una arquitectura orientada a la interoperabilidad, tomando como referencia estándares internacionales como HL7 FHIR, una tecnología que facilita que diferentes sistemas puedan intercambiar y utilizar información de manera estructurada.
Uno de los principales cambios que plantea esta iniciativa es la necesidad de que las instituciones hablen el mismo lenguaje, compartan información y trabajen bajo reglas comunes. Para ello se avanzó en acuerdos interinstitucionales, estándares compartidos y mecanismos de gobernanza destinados a reducir la fragmentación existente.
Frente a las amenazas
El nuevo modelo también amplía la mirada sobre los riesgos sanitarios mediante el concepto de “Una Salud”, que reconoce la estrecha relación entre la salud de las personas, los animales y el ambiente.
Esto significa que una amenaza no necesariamente comienza en un hospital o centro de salud. Puede surgir en poblaciones animales, en el ambiente o en otros ámbitos y posteriormente representar un riesgo para las personas. Por eso, la integración de información de diferentes sectores puede convertirse en una herramienta decisiva para detectar señales de alerta antes de que el problema crezca.
El siguiente gran paso será el desarrollo de una plataforma central interoperable, que permitirá incorporar de manera progresiva los sistemas prioritarios de vigilancia humana, animal y ambiental.
La tecnología será el instrumento para construir una capacidad nacional de respuesta más rápida, integrada y sostenible, capaz de transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones.
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Estafa a colonos: nueva chicana de acusado frena extracción de datos
El abogado Rodrigo Yódice, defensor del funcionario de la Cámara de Diputados William Bogarín —acusado por una millonaria estafa—, sigue presentando chicanas con el fin de evitar que el proceso penal avance. Esta vez, el citado profesional del derecho, quien ya contaría con sanciones por litigio de mala fe, presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez Vicente Coronel, quien debía tomar juramento a los peritos para realizar la extracción de datos del celular del acusado.
Bogarín está procesado por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. El procedimiento de extracción de datos del teléfono celular estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías. Sin embargo, debido a la chicana presentada por la defensa, primero se deberá destrabar el proceso penal en el Tribunal de Apelación para poder ejecutar la diligencia.
Asimismo, el magistrado Vicente Coronel fijó la audiencia preliminar para el próximo 21 de agosto a las 08:45. En dicha instancia se definirá si los procesados van a juicio oral y público.
Otros acusados
Además del exfuncionario, en la causa están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic. A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el caso.