La policía de Perú detuvo el martes a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones de terreno en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería sobre el río Amazonas, una zona que recientemente desató una controversia fronteriza entre ambos países. Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil. Lima sostiene que en Santa Rosa los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Según imágenes difundidas por la televisora estatal TVPerú, los colombianos fueron interceptados por agentes policiales y llevados a una comisaría con sus equipos de GPS por realizar trabajos sin autorización. “Han sido intervenidos dos ciudadanos (colombianos) en esta zona de frontera. La policía se va a encargar del procedimiento”, dijo Marcial García, funcionario encargado de Migraciones del Perú en Santa Rosa.

Los detenidos alegaron desconocer que necesitaban un permiso y afirmaron que su labor era demarcar y medir el nivel del terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio colombiano. “Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, dijo uno de los topógrafos citado por la prensa.

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Los detenidos se identificaron como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. El incidente es el tercero en la zona desde que el pasado jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla. Ese mismo día un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa y provocó la protesta de Perú por la incursión.

El lunes, el aspirante a la presidencia colombiana y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantó en Santa Rosa la bandera de su país tras cruzar en bote el Amazonas. Las autoridades peruanas la retiraron minutos después. Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

La declaración de Petro provocó el enérgico rechazo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona. Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.

Fuente: AFP.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció ayer jueves la jurisdicción de Perú sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, una declaración que el gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte rechazó enérgicamente. Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.

La isla Santa Rosa está ubicada en el río Amazonas y en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Según las autoridades peruanas es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona.

“La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”, aseguró Petro el jueves.

Habló en la ciudad amazónica de Leticia, muy cerca de la isla contestada, adonde trasladó los festejos por el 215 aniversario de la independencia de Colombia por esta disputa. “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, aseguró Petro. El gobierno de Colombia, que hace un año ya había calificado de “ocupación irregular” la presencia peruana en la isla, dijo esta semana que ese territorio nunca fue “asignado” a Perú y pidió que una comisión binacional se pronuncie al respecto.

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El gobierno de Boluarte reaccionó más tarde a los dichos de Petro a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que leyó una declaración desde la isla Santa Rosa, adonde viajó este jueves. “Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana”, señaló Arana ante periodistas y autoridades locales de Santa Rosa.

Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial, Boluarte declaró que “nuestra isla Chinería está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”, según un comunicado. El canciller Elmer Schialer, que la acompaña en ese viaje, había dicho más temprano que Petro “no tiene razón jurídica, ni histórica, ni geográfica”.

“La isla Santa Rosa no es un nuevo islote. Es parte del territorio peruano reconocido desde hace más de un siglo. Esta es una situación que se debe manejar con prudencia, sin escalar tensiones entre pueblos hermanos”, señaló al canal N. Schialer dijo que había propuesto al gobierno colombiano adelantar para el 11 y 12 de septiembre una reunión técnica binacional prevista inicialmente para octubre para tratar temas fronterizos. En su discurso en Leticia, Petro confirmó esa fecha y dijo que la reunión tendrá lugar en Lima.

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Las dinámicas hidrológicas del río Amazonas hacen que la delimitación de la frontera sea compleja. Según un tratado bilateral firmado en 1922, la división territorial se establece en el punto más profundo del río. La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años preocupa a los expertos hidráulicos colombianos, que advierten que el país podría quedarse sin acceso directo al río. Este fenómeno tendría un impacto negativo en Leticia, capital amazónica e importante puerto comercial colombiano.

Lima sostiene que en Santa Rosa los pobladores y las autoridades siempre fueron peruanos. Su población actual es de menos de 3.000 habitantes. “Nosotros hacemos patriotismo peruano” pero queremos buscar “la solidaridad entre las tres fronteras”, dijo el martes a la AFP Walter Rubio, un pescador de 43 años y local de la isla.

Fuente: AFP.

Los fuertes vientos provocados por un anticiclón en el Pacífico sur provocaron una gran tormenta de arena y polvo que sorprendió ayer jueves a pobladores de cuatro regiones costeras del sur de Perú, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El Senamhi indicó que en la región Ica (a unos 400 km al sur de Lima) se registraron fuertes ráfagas de viento que alcanzaron hasta 50 km/h.

En Lima, la capital del país, también se registraron vientos de 30 km/h que produjeron la caída de algunos árboles. “Se trata de un evento provocado por el anticiclón del Pacífico Sur que se ha intensificado y se encuentra muy cerca del continente, generando vientos descendentes de alta velocidad en la superficie”, dijo Rosario Julca, especialista de Senamhi a canal N de televisión.

“Un anticiclón es un giro antihorario que tenemos en la parte del Océano Pacifico que cuando se acerca al continente hace que se incrementen los vientos”, explicó. Julca indicó que “la presencia de estos vientos descendentes, combinados con la superficie desértica, ha generado un levantamiento de polvo repentino y de gran magnitud”.

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Senamhi informó en un comunicado que hasta el domingo se mantendrá “el incremento de velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad” en la costa peruana. La tormenta en Ica obligó a paralizar el tránsito vehicular en las carreteras y paralizar por tres horas las actividades turísticas.

Los efectos del inusual fenómeno también se registraron en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna (fronteriza con Chile) que alcanzaron los 32 km/h. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), indicó que las autoridades locales evalúan los daños.

Fuente: AFP.

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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.

La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.

La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.

Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.

“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.

“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.

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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.

Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.

Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.

La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.

El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.

La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.

• Fuente: AFP

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