El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.

“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.

Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.

El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.

Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.

En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.

El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.

Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.

El diputado colorado Carlos Núñez Salinas propuso ante la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento trabajar por un mundo sin discriminación, fomentando la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. El legislador acudió a la asamblea de la Unión InterParlamentaria (UIP), que se realiza en Ginebra (Suiza), en su carácter de presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

“Cada hora, más de 5 mujeres son asesinadas por razones de género. Esta realidad es inaceptable y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expuso el parlamentario paraguayo y propuso acciones concretas, incluyendo un pacto global contra la discriminación de mujeres y niñas, que incluya la revisión de leyes locales.

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También instó a garantizar educación igualitaria y acceso universal a la salud sexual y reproductiva para empoderar a las mujeres; fomentar el liderazgo político de las mujeres, asegurando que tengan voz y voto en la toma de decisiones; y erradicar la violencia de género desde sus raíces culturales y legales, promoviendo campañas de sensibilización y educación.

“Como dirigente de América Latina, estoy trabajando mano a mano con mis colegas en cada país para que estas acciones se cumplan y logremos la plenitud de las mujeres. Es hora de convertir nuestras palabras en acciones y hacer que este cambio sea una realidad”, concluyó Núñez, quien participa de la conferencia junto a Raúl Latorre, titular de la Cámara de Diputados.

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que defenderá “la soberanía del pueblo brasileño” ante Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara aranceles punitivos al país sudamericano y sancionara a un juez de su corte suprema.

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La Casa Blanca había reafirmado poco antes que aplicar tarifas del 50 % a productos brasileños, aunque con varias excepciones y con casi una semana de retraso respecto de la fecha original, el 1º de agosto.

Washington también anticipó este miércoles, casi en simultáneo, sanciones financieras a Alexandre de Moraes, juez de la corte suprema a cargo de un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Trump.

Lula prometió “defender (...) la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos” durante un acto oficial en Brasilia.

“Hoy es el día sagrado de la soberanía”, añadió el izquierdista.

Al anunciar su guerra comercial contra Brasil, Trump criticó una supuesta “caza de brujas” contra el Bolsonaro. El ultraderechista es juzgado por una presunta intentona golpista para impedir la asunción de Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.

Estados Unidos tiene superávit comercial con la mayor economía sudamericana, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de países que han sido objeto de los aranceles punitivos de Trump.

El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió este miércoles en Washington con el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de más alto nivel entre ambos gobiernos hasta ahora.

Vieira le dijo a Rubio que Brasil “se reserva el derecho de responder” a las medidas de Trump, una “inaceptable injerencia en la soberanía nacional”, según declaró el canciller a la prensa.

La justicia brasileña “no se inclinará ante presiones externas”, manifestó al secretario de Estado, aunque el gobierno de Lula “está abierto” a seguir negociando por los aranceles.

El gobierno estadounidense informó este miércoles que aplicó a Moraes la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.

La corte suprema expresó su “solidaridad” al juez y afirmó en una nota que “no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes” brasileñas.

“El juicio de delitos que implican un atentado grave a la democracia brasileña es de competencia exclusiva de la justicia del país”, sostuvo el máximo tribunal en un comunicado

• Fuente: AFP

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El interventor asignado en la Munici­palidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a tra­vés de licitaciones y comisiones vecinales utili­zadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.

Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado inten­dente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documen­tada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violen­tar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la ges­tión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclu­siones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.

Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recep­ción, firmas creadas sin mayores infraestructu­ras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involu­crada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.

La esencia y el fin de la institución se prosti­tuyeron. Organizaciones de vecinos, espe­ranzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos opera­dores de su campaña. Mientras el jefe comu­nal intenta justificar con errores administra­tivos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en con­diciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.

Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivina­ron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas eje­cuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excep­ción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructu­ral no pueden honrar como corresponde.

El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las institucio­nes de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.

Planillerismo, nepotismo, reparto indiscri­minado de contratos, despilfarro en la eje­cución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capaci­dades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?

La ciudadanía esteña merece un administra­dor municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patri­monio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su pre­sencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.

Pero, además, ningún servidor público sos­pechoso y que carga sobre sus espaldas fuer­tes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso des­empeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atorni­llarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.

Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las res­ponsabilidades de sus actos.