El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez consideró un despropósito la permanencia de menores de edad en la manifestación frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la cual ya lleva más de dos meses. Indicó que al inicio de la movilización eran solo los adultos los que se manifestaban, pero luego comenzaron a traer a un número importante de niños, niñas y adolescentes.

El secretario de Estado explicó que está en constante comunicación con el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien también le confirmó que al principio era solo un grupo de adultos los manifestantes, y que luego a modo de presión o medida de fuerza vinieron algunos docentes que trajeron a sus alumnos.

Le puede interesar: Ande sostiene que sistema pago de indemnizaciones es vulnerable

“Nuestro equipo está casi todos los días acompañando a los manifestantes, y la información que recabaron es que vinieron algunos docentes y con ellos trajeron a una importante cantidad de niños de esa comunidad y plantearon dar clases bajo las carpas frente al Indert”, indicó.

Indicó que desde el MINNA pusieron a disposición el Centro Ricardo Brugada, con facilidad de traslado, para que los niños puedan ser protegidos durante el día y puedan desarrollar sus clases ahí. Mencionó que en una primera etapa accedieron, pero luego se vieron reacios a acceder a la oferta pública que se les estaba planteando como solución, mientras que los adultos continuaban con su movilización hasta lograr resolver los problemas que tienen.

“Lo ideal sería que los niños no vengan a estas movilizaciones y que se queden en su comunidad a dar clases con sus docentes. Pero el problema acá es que vinieron los docentes y trajeron un grupo de niños. Primero invitamos a que vuelvan a sus comunidades, pero no accedieron, entonces planteamos un lugar para que los niños desarrollen sus clases en un ambiente más armónico y con mayor cuidado”, expresó.

El titular de MINNA comentó además que procedieron a informar para que intervengan de igual forma el Ministerio de la Defensa Pública y al Ministerio Público, teniendo en cuenta que este grupo de manifestante no está aceptando la oferta pública.

“No es que el Estado está mirando para otro lado en esta situación, estamos haciendo esos ofrecimientos, les estamos apoyando con el tema de alimentos. Incluso hace unos días el presidente del Indert me llamó a comentar, porque ellos viajaron hasta la comunidad, y se encontró con algunas preocupaciones y comentarios de que supuestamente algunos menores vinieron a la capital sin sus padres que fueron traídos por otras personas”, comentó.

Ante esta denuncia del titular del Indert, el ministro Gutiérrez indicó que dispuso que su equipo de Protección del Menor, la representante fiscal y la Defensoría Pública de Niñez para cerciorarse de la situación y por el momento pudieron acreditar que todos los menores que están en Asunción frente al Indert están acompañados por al menos uno de sus padres.

Siga informado con: Gobernadores expusieron y defendieron su presupuesto ante la Bicameral

El mandatario San­tiago Peña anunció el sábado que el perio­dista Augusto dos Santos se desempeñará como asesor ad honorem de la Presidencia de la República. El especia­lista en comunicación se des­empeñaba anteriormente como director Periodístico de Nación Media y ahora ejercerá labores de aseso­ría externa en el Gobierno nacional.

“Debemos tener una comuni­cación que llegue a la ciuda­danía, no podemos descono­cer la voz de la experiencia y Augusto ha sido una persona que tiene el mayor acervo, desde la creación de la Secre­taría de Información y Comu­nicación (Sicom). Desde el 15 de agosto nos hemos animado a innovar y hemos incorpo­rado gente nueva en el ámbito de la comunicación guberna­mental”, expresó el mandata­rio luego de la designación de Dos Santos.

Además, Peña enfatizó en la necesidad de seguir constru­yendo un canal comunicativo integral sobre las gestiones del Gobierno, por lo cual elabora una fuerte apuesta por refor­zar el factor comunicativo de la administración nacional. Con respecto a la Codena, indicó que las labores de Dos Santos resultarán vitales, entendiendo a la institución como un eje central que reúne a cada una de las agencias de seguridad del país.

El renombrado doctor en dere­cho, máster en Ciencias Pena­les y Criminológicas y docente universitario, José Ignacio González Macchi, se sumó al staff de asesores de la Cámara de Diputados para trabajar de manera directa con la Comi­sión de Justicia, Trabajo y Pre­visión Social. Esto lo confirmó el presidente de la mencionada mesa asesora, diputado colo­rado Yamil Esgaib, luego de la reunión que mantuvieron con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Al respecto expresó su satis­facción de contar con un profesional del derecho de la talla de González Macchi. Consideró que su aporte a la mesa de trabajo será brillante que beneficiará a la gestión legislativa de quienes inte­gran esta comisión, así como un aporte de trascendental importancia desde el ámbito jurídico para toda la Cámara de Diputados.

Sostuvo que una comisión de labor tan compleja y trascen­dente debe contar con profe­sionales destacados y presti­giosos, como el Dr. González Macchi. “Como presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, y como un logro importante de esta comisión, estoy muy con­tento de informar que hemos sumado a nuestro equipo de asesores al Dr. José Ignacio González Macchi, quien es un destacado profesional del derecho. Desde este momento empezará a trabajar con noso­tros”, señaló el parlamentario.

La Comisión de Justicia, Tra­bajo y Previsión Social tiene a su cargo dictaminar sobre todo asunto o proyecto que se relacione con la adminis­tración de justicia, la crea­ción, gobierno y reforma del régimen penitenciario de la República, y el estudio de la legislación del trabajo y la previsión social.

José Luis Torales, quien siendo funcionario de la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) fue comisionado como asesor de la senadora Kattya Gonzá­lez mientras también fungía como presidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN), habría incurrido en planillerismo al marcar que había trabajado en asueto e incluso feriado.

Entre el análisis de proyecto de ley que regula la Superin­tendencia de Jubilaciones y Pensiones y la articulación de una reunión de organización de actividades de la bancada, Torales detalló en su planilla que estuvo trabajando entre el 7 y 8 de diciembre de 2023, cuando dichas fechas corres­pondían a asueto y feriado, respectivamente, por lo cual no se desarrollaron labores particulares en el Congreso.

La parlamentaria dio el visto bueno a la planilla de Tora­les, habiendo firmado el deta­lle presentado por su asesor. Esto cuando, a través de un decreto del Ejecutivo, se había declarado asueto el 7 de diciembre, víspera del feriado por el día de la Virgen de Caa­cupé; solo la actividad de los servicios públicos impres­cindibles para la comunidad debían continuar, mientras que Torales había detallado la preparación de una reunión de la bancada del PEN y el análisis de un proyecto de ley.

De acuerdo a Augusto Paiva, subcontralor, Torales habría sido comisionado a la Cámara de Senadores como direc­tor de la bancada del PEN, la cual se encuentra confor­mada únicamente por Kattya González. En la CGR, el sala­rio de Torales llegaba a los G. 13 millones y con los gastos de representación y bonifica­ción por responsabilidad en el cargo, los ingresos llegaban a los G. 17 millones mensuales.

A esto se sumaría lo que el comisionado de la sena­dora González recibía en el Senado, lo cual supera los G. 7 millones, teniendo en cuenta los datos de la pro­pia institución. El subcon­tralor confirmó que Tora­les percibía doble salario, tanto de la CGR como del Senado; no obstante, tras las denuncias, publicacio­nes de supuestas irregularidades en su comisio­namiento y el anuncio de la apertura de un sumario administrativo, este pre­sentó su renuncia como presidente del PEN, cargo que interinaba tras la salida del anterior titular parti­dario Fernando Camacho.

El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, había anunciado que dispuso la apertura de un sumario administrativo sobre José Luis Torales, quien siendo asesor de la senadora Kattya González y presidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN), presuntamente se encontraba cobrando tres asignaciones del Congreso, desde agosto de 2023.

“Hemos decidido dar por finalizado el comisiona­miento interinstitucional del citado funcionario ante la Cámara de Senadores y que vuelva a la institución de origen, que es la CGR. Hemos procedido a la firma del sumario respectivo, en averiguación de los hechos”, explicó para “Arriba hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media el sub­contralor, Augusto Paiva, indicando que Torales pudo haber incurrido en una falta de ética como funcionario de la Contraloría.

Torales se encontraba desempeñando el cargo de director general en la Contraloría y, de acuerdo a los datos de Paiva, el salario de dicho puesto sería de G. 13 millones, siendo la categoría máxima aparte del contralor y subcontralor. Sumando los gastos de representación y bonificación por responsabilidad en el cargo, los ingresos de Torales como director llegarían a los G. 17 millones mensuales.

Esto, teniendo en cuenta una nueva reglamentación de la CGR, que rige desde marzo de 2023, la cual expresa de manera taxativa en uno de sus artículos la prohibición de la militancia política en cualquiera de sus formas, ya sea por las redes sociales, participando activamente de reuniones, entre otras acciones. Debido a que Torales empezó a fungir como presidente interino del PEN, tras la renuncia de Fernando Camacho, se observaría la incompatibilidad cuestionada.

“Al estar sin funciones en el Senado y volver a la Contraloría, esto le prohíbe cualquier militancia política. Terminamos en la conclusión del sumario y ahora esto se encuentra en pro-ceso”, indicó. Por otra parte, informó que Torales ya fun-gía como asesor de Kattya González cuando esta se des-empeñaba como diputada y cuando ella gana un curul en el Senado, la vuelve a acompañar. “Allí sí podía realizar militancia política, pero incurre en una flagrante violación al código de ética cuando se da por terminado su comisionamiento. La denuncia que remitieron a la Contraloría es justamente por tener el cargo de presidente del PEN, siendo ordenador de gastos de esa nucleación; él debe cumplir funciones en la Contraloría y esto riñe con el código de ética y el reglamento interno porque no puede ejercer el cargo de presidente”, aclaró el subcontralor.