La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en sesión extraordinaria suspender a las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre, ambas involucradas en las conversaciones privadas con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. En el intercambio de mensajes, hubo pedidos para levantar sanciones y avisos sobre próximos allanamientos.

Por unanimidad, los ministros de la Corte decidieron la suspensión inmediata de las magistradas, además se dispuso la instrucción sumarial para ambas sin goce de sueldo. El acta de esta sesión será remitida al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público para su investigación.

Asimismo, se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de un examen de correspondencia a los bienes de Silva y Aguirre. “Pido que la denuncia que haga la Corte al Ministerio Público sea clara, directa y contundente. Estamos hablando de participación de magistradas en hechos de obstrucción de una investigación Penal. No podemos descartar que haya habido sobornos y todo ello desde luego debe ser investigado por la Fiscalía”, afirmó el ministro Eugenio Jiménez Rolón.

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En tanto, Alberto Martínez Simón propuso que se realice una auditoría a todas las causas en donde participaron las juezas penales, puesto que podría revelar datos de interés tanto el sumario, como para las carpetas de la Fiscalía y el JEM. Por su parte, el ministro César Garay pidió que la suspensión para ambas se dé de manera inmediata.

Todas las peticiones fueron aprobadas por unanimidad, al igual que la solicitud del ministro César Diesel para reforzar la seguridad del juez Osmar Legal. Igualmente, se le requirió a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) que provea un vehículo blindado al magistrado.

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Este viernes, se suspendió nuevamente el juicio contra Andy Joel Romero luego de que su defensa presentó un carnet indígena exigiendo un trato diferenciado. El hombre estaba acusado por violencia familiar, luego de que golpeara brutalmente a su pareja en la cabeza, abdomen y manos en el año 2021. Desde Derechos Étnicos del Ministerio Público explicaron que el carnet es muy usado para eximir culpas.

Según la fiscal Sofía Galeano, Andy no pertenece a ninguna comunidad indígena y que esto fue confirmado por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), por lo que esperan que el tribunal que lleva el caso tenga en cuenta estas evidencias. Hoy viernes, nuevamente se suspendió el juicio por violencia familiar, atendiendo a que el tribunal solicitó un análisis del carnet.

“El Ministerio Público tiene suficientes documentaciones tanto del Indi, del Registro Civil y se realizaron mediante la dirección de Derechos Étnicos, el hombre fue acusado como no perteneciente a una comunidad indígena. El día de la audiencia preliminar se presentó el carnet indígena y el tribunal pospuso en inicio de juicio”, dijo Galeano, en el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Atendiendo a la suspensión de este juicio, la directora de Derechos Étnicos del MP, Dora Penayo, explicó que muchas veces el carnet es muy usado para dar otro tipo de juzgamiento a las personas o una pena más leve. “Hay una fragilidad del sistema y se presentan carnets que no son claros o ilícitos al solo efecto de beneficiarse con la diferenciación positiva”, aseguró en NM.

Apuntó que muchos se refugian detrás de este documento que se usa para evadir la pena. “Se presenta el carnet en el juicio oral o audiencia preliminar para suspender el proceso. Si no se presenta desde el principio da que pensar sobre la veracidad o el verdadero auxilio a la Justicia. Los abogados usan bastante como estrategia de defensa para exculpar a una persona”, sentenció.

Penayo aseguró que este documento suele ser mal utilizado o muchas veces se presenta con la firme intención de la defensa de anular cualquier juicio. “Se usa para decir que no hubo un perito o una orientación que le garantice el respeto hacia su cultura al indígena. Una de nuestras tareas en el Ministerio Público es identificar a la persona o conectarle con su comunidad, hay muchas personas que no viven en la comunidad hace mucho tiempo”, puntualizó.

El caso contra Andy Joel Romero data del 2021 y fue acusado de golpear a su pareja con un mazo por lo cual permaneció en prisión preventiva hasta que su defensa presentó el carnet indígena durante la audiencia preliminar. Atendiendo a la situación un primer tribunal decidió dar nulidad al proceso y lo dejó en libertad, esto fue apelado por la Fiscalía y la querellante. Se volvió a abrir un nuevo juicio que nuevamente fue suspendido hasta que se tenga resultados de las nuevas pericias.

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El presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Óscar Cabrera, defendió la postura asumida por varios intendentes que piden la suspensión de los efectos de la ley de unificación vehicular por dos meses. Consideró desproporcional el alcance de la cuestionada normativa que ya está vigente en varios municipios del país.

“Ayer nosotros tuvimos una reunión con los representantes de los intendentes de cada departamento y con los miembros de la junta directiva de Opaci también. Estuvieron presentes la mayoría de los representantes de todos los departamentos y la idea es pedir en primer lugar una suspensión por 60 días de la aplicación de esta ley”, mencionó Cabrera al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que los jefes comunales están obligados a cumplir la legislación sancionada el 7 de enero. Debido al receso en las actividades de las juntas municipales, solo algunos municipios pudieron aplicar la ley convocando a sesión extraordinaria para autorizar los incrementos en las patentes vehiculares.

“No se pudo completar aún, porque había una preocupación de los colegas sobre el tema de los precios y se analizaron estos precios fijados a través de la ley. Nosotros creemos que es una desproporcionalidad en algunos casos”, afirmó.

El intendente de Guarambaré y titular del órgano oficial de las municipalidades del país explicó que se analizaron exhaustivamente los costos que tienen para los contribuyentes la nueva ley de aplicación de impuestos a la patente del rodado.

“Encontramos que existe una desproporcionalidad en ese sentido. Un ciudadano que compra un vehículo europeo que cuesta más de 100.000 dólares y otro que compra un vehículo de procedencia coreana que cuesta 30.000 dólars va a pagar lo mismo. Entonces, hay una desproporcionalidad en eso”, remarcó.

Otro aspecto mencionado por Cabrera es que con la nueva ley se aplica el impuesto en jornales más altos para los vehículos usados. “Entonces, nosotros creemos que por una cuestión de justicia en la aplicación y en el valor del impuesto que tenga que pagar cada ciudadano debe estar adecuado a lo que vale su vehículo”, manifestó.

Un proyecto de modificación de la ley será presentado a la Cámara de Diputados y paralelamente los recurrentes piden la suspensión de la aplicación por 60 días.

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Tras culminar una larga reunión mantenida por miembros de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), los jefes municipales acordaron en conjunto rechazar los costos de la Tarifa Vehicular Unificada por ley. A la vez, anunciaron que solicitarán la suspensión de la aplicación de esta legislación por 60 días, para un mejor estudio de la normativa que entró en vigencia en diciembre pasado.

Los intendentes que conforman la OPACI mantuvieron una extensa reunión en la ciudad de San Bernandino y tras culminar el encuentro anunciaron que este martes mismo, estarán presentando la petición ante el Congreso Nacional.

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Durante el encuentro estuvieron analizando a profundidad la cuestionada legislación, como resultado del debate concluyeron dejar suspendida por 60 días la aplicación de esta legislación y que durante ese tiempo, se lleve adelante el estudio de una nueva propuesta que mejore las condiciones de su aplicación, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de vehículo y la antigüedad del mismo para establecer las tarifas.

No obstante, todos los intendentes municipales señalaron que sí están de acuerdo con la unificación de los precios, de tal modo a evitar que siga habiendo fuga de contribuyentes de los municipios, para dar de alguna forma un fin a la diferenciación de costos de un municipio a otro, estableciendo estándares de tarifas respetando el tipo de vehículo y su antigüedad.

Al respecto, el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera, titular de la Opaci, explicó en comunicación con el programa “Cuenta Final” Radio Universo 970/Nación Media, que la reunión que se llevó a cabo fue con los representantes de cada uno de los departamentos, donde analizaron los alcances sobre la categorización, sobre todo al modelo del vehículo, la marca y el año.

“Entendemos que la Ley 620 debe ser modificada porque es una ley muy antigua del año 76, pero con esa ley los vehículos viejos pagaban menos. Entonces, buscamos un mecanismo que podamos proponer, ya hemos tenido una conversación con los proyectistas de la ley vigente, y todos son conscientes de que se puede modificar”, expresó.

Indicó que lo que se busca con la unificación de los precios es evitar que siga habiendo competencias entre un municipio y otro, causando perjuicio del otro municipio. Aseguró que han trabajado todos juntos para sacar una propuesta que beneficie a los municipios, pero sobre todo a los ciudadanos.

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