Diego Martínez, entre­nador de Cerro Por­teño, habló en con­ferencia de prensa junto a los futbolistas Juan Iturbe y Matías Pérez en el Com­plejo Internacional del Este (CIDE) de Minga Guazú, donde el plantel realiza la pretemporada.

El adiestrador argentino reconfirmó la baja de varios jugadores, que se venían manejando y mostró preo­cupación por la llegada tardía de refuerzos para encarar la segunda parte del año.

“Lógicamente, se dan en los mercados y está muy mal (lle­gada tardía de refuerzos). En este momento de prepa­ración, es cuando uno debe­ría tener el plantel lo más completo posible. Lamen­tablemente, la dinámica del mercado hace que muchos jugadores lleguen sobre el final. Se pierden una etapa muy importante, obvia­mente no es lo ideal, pero es la dinámica del mercado”, cuestionó.

Sobre los pedidos que soli­citó a la dirigencia, declaró: “Hemos acercado algunos nombres. Fui claro en lo que necesita el equipo, ojalá se puedan concretar. No se trata de sumar por sumar, sino de incorporar calidad, gente que venga a competir”.

El técnico explicó que se busca reforzar en zonas pun­tuales, los dirigentes están trabajando y admitió que hay esfuerzo en ese sentido.

Libertad quiere fichar al ofen­sivo Federico “Pachi” Carrizo, hay una propuesta concreta y el ofensivo argentino está para pasar al campeón del último tor­neo Apertura.

“Lo de Pachi es una situa­ción que está en análisis. Está entrenando, es muy profesional. Más allá de eso, hay negociaciones en curso. Siempre se busca lo mejor para el jugador y el club. En su momento, hablamos con él y los directivos. Todos entendemos, que a veces el fútbol te pone en momentos donde hay que tomar decisiones”, añadió.

Pendiente de oficializa­ción, Luis “Totín” Ama­rilla, Fernando Cardozo y Fabrizio Peralta se suma­rán a Cerro Porteño, pres­tados por el Mazatlán de México, Newell’s Old Boys de la Argentina y Cruzeiro de Brasil, respectiva­mente.

“Estudiantes (de La Plata) será un rival duro, como todos los que juegan la copa. Fuerte como siempre lo fue, me tocó jugar contra ellos. Va a pelear, seguro reforzarán. Nosotros debemos pelear más”, dijo el defensor Matías Pérez, en rela­ción a las chances de Cerro Por­teño en la fase de octavos de final de la Copa Libertadores. En cuanto a los jugadores que no serán tenidos en cuenta, el DT Diego Martínez reconfirmó los nombres de los defensores Bruno Valdez (central), Alan Nuñez (lateral derecho) y Daniel Rivas (lateral izquierdo); los volantes Derlis Rodríguez (fue a préstamo a Guaraní) y Alan Soñora (sigue entrenando con el plantel); ade­más de Francisco da Costa (tiene ofertas de un club del Brasil).

El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.

“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.

La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.

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“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.

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El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

El juicio por la muerte del legendario astro del fútbol Diego Armando Maradona en Argentina fue suspendido este martes por una semana, luego de que una de las juezas a cargo fuera cuestionada por supuestamente haber participado en la producción de un documental sobre el caso.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la paralización temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (al norte de la capital, provincia de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”. La suspensión, que en su consecuencia más extrema podría derivar en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias.

Desde la segunda audiencia está prohibido filmar las instancias judiciales, por lo que la Fiscalía deberá investigar ahora si se violó esta norma y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento. Además, en la audiencia del martes, se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos serán resueltos por el tribunal de tres jueces dentro de una semana.

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“Estoy convencida de mi imparcialidad, voy a dar las explicaciones del caso”, aseguró Makintach al finalizar la audiencia. Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por eventual homicidio con dolo, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, “El Diez” falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, municipio en la provincia de Buenos Aires. Maradona, ganador del Mundial de México-86 con la selección argentina e ídolo en clubes como el Boca Juniors local, el Nápoles italiano y el FC Barcelona entre otros, murió por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes. De ser hallados culpables, los imputados arriesgan entre 8 y 25 años en prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.

Los abogados querellantes, Diego Baudry y Fernando Burlando, presentaron la denuncia pidiendo que se investigue la situación en torno al presunto documental, acusando la posible comisión de varios delitos penales. Estos serían “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad, tráfico de influencias y, eventualmente, cohecho”, sostiene la denuncia a la que accedió la AFP.

Al final de la audiencia de este martes, Makintach expresó su deseo que todas las partes sean informadas de la investigación resultante. “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo.

Y no descartó dejar el tribunal por su propia cuenta. “En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, advirtió la jueza.

Las opiniones fueron diversas sobre el futuro del juicio en caso de que Makintach deje su lugar. Entre las opciones se baraja agregar un nuevo juez y continuar como hasta ahora, proseguir con un solo magistrado o retirar a los tres jueces, según comentaron a la AFP varios abogados defensores y querellantes.

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Todas las partes compartieron la preocupación de tener que reiniciar el proceso. Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora médica de la internación domiciliaria de Maradona, Nancy Forlini, dijo durante la audiencia que “si se aparta a la doctora Makintach, hay que empezar de cero”.

A lo largo del proceso, en cual hasta ahora declararon más de 40 testigos y una de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

Varios testigos lo describieron como escenario lúgubre para una internación domiciliaria y afirmaron que Maradona era atendido en un cuarto sucio, desordenado y sin equipos médicos adecuados.