El delegado y asesor jurídico de Olimpia, Julio Jiménez, se refirió al nuevo golpe que sufrió la entidad decana, que fue castigada nuevamente por la FIFA. Jiménez también mencionó que tenían precontrato con dos jugadores.
Olimpia no podrá fichar nuevamente futbolistas, debido a una deuda de más de 300.000 dólares con el Júnior de Colombia por el pase del ex franjeado Jorge Arias. Así lo hizo saber el directivo del club en charla con “Versus radio”/ Nación Media.
“Tenemos prohibición de fichar, nos cayó el lunes. La falta de pago de la última cuota de Arias es una deuda de la gestión del señor Trovato”, mencionó Jiménez, develando el monto exacto (334 mil dólares más intereses). “Teníamos dos precontratos con un central (el colombiano Jhohan Romaña) y un volante ofensivo paraguayo (Rodney Redes). Con esto quedamos sin poder inscribir a los jugadores para poder sumar”, explicó sobre el perjuicio de la nueva sanción.
Jiménez igualmente remarcó que se veía venir, y se mostró preocupado, ya que podrían llegar más sanciones por parte de la madre matriz del fútbol. “Creo que en el transcurso del año caerán las sanciones por el caso de Palmeiras, William Mendieta, Diego Polenta y ‘Nico’ Domingo”, explicó.
En cuanto a lo positivo, el dirigente valoró el poder haber fichado en las divisiones inferiores y que el monto de la deuda es un poco menos de 6 millones de dólares.
CIRUGÍA EXITOSA
Ayer miércoles, en el transcurso de la mañana, el volante Diego Torres fue intervenido en la zona del maxilar superior izquierdo. Su tiempo de recuperación dependerá de la evolución que presente el mediocampista.
Salida de mutuo acuerdo, ya que el volante uruguayo no será tenido en cuenta por el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez.
Olimpia, campeón del último torneo Apertura, oficializó este jueves la salida del volante uruguayo Alejandro Silva (36 años) tras rescindir contrato de mutuo acuerdo, considerando que no será tenido en cuenta por el director técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.
“Hay jugadores que dejan títulos y goles. Jugadores que, como vos, dejan una huella imborrable”, posteó el Decano en sus redes sociales.
El mediocampista uruguayo se despide con los siguientes números: 330 encuentros disputados y 81 goles convertidos. Es el máximo goleador extranjero en la historia de la institución y ganador de ocho títulos (2015, 2019 x2, 2020, 2021 x2, 2022 y 2026).
En cuanto a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Decano se enfrentará en agosto al ganador del Playoff C serie eliminatoria previa que disputarán el Independiente Medellín (Colombia) y el Vasco da Gama (Brasil) durante el mes de julio.
El partido de ida de octavos de final lo jugará Olimpia el 12 de agosto en condición de visitante, mientras que la vuelta se disputará el 19 de agosto en el Defensores del Chaco.
EE. UU. sanciona al presidente cubano y a miembros de la familia Castro
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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.
Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.
En esta nueva oleada de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario Raúl Castro, al nieto, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.
Estados Unidos mantiene un embargo contra la isla comunista desde 1962, y bajo el segundo mandato de Donald Trump el cerco ha ido aumentando.
Washington está combinando las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen, las jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.
Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución castrista de 1959. Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, que por ahora no arroja frutos.
Washington acusa a Cuba, situada a 90 millas de Florida, de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía.
Se contemplan castigos para las personas que alteren deliberadamente datos del acto electoral, permitan el sufragio de electores no habilitados o admitan votos múltiples. Foto: Gentileza
Elecciones internas: anuncian sanciones por delitos y faltas electorales
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La Justicia Electoral advirtió que los delitos y faltas electorales cometidos durante las Elecciones Internas Simultáneas previstas para este domingo 7 de junio pueden derivar en penas de cárcel, multas e incluso la inhabilitación para votar o ser electo. La institución recordó a la ciudadanía la vigencia de las disposiciones establecidas en la Ley 834/96 del Código Electoral Paraguayo.
De acuerdo con el cronograma definido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), las organizaciones políticas desarrollarán sus comicios internos este fin de semana, motivo por el cual se reiteró la necesidad de respetar las normativas que buscan garantizar la transparencia y el normal desarrollo del proceso electoral.
Entre los principales hechos considerados como delitos electorales figuran la retención de documentos de identidad, la compra de votos mediante dádivas o recompensas y el voto múltiple, acciones que pueden ser castigadas con penas privativas de libertad de entre 1 y 2 años, además de multas equivalentes a 300 jornales mínimos.
La normativa también establece sanciones para quienes impidan el ingreso o permanencia en los locales de votación mediante violencia o maniobras dolosas, así como para quienes obstaculicen el traslado de documentos o mensajeros electorales. En este último caso, las penas pueden alcanzar hasta 3 años de prisión y multas de 200 jornales mínimos.
Asimismo, se contemplan castigos para las personas que alteren deliberadamente datos del acto electoral, permitan el sufragio de electores no habilitados o admitan votos múltiples. Estos hechos pueden derivar en penas de hasta un año de cárcel, multas e inhabilitación para ejercer derechos políticos por tres años.
La legislación electoral también sanciona la violencia, presión o coacción ejercida sobre los electores para obligarlos a votar o vulnerar el secreto del sufragio. Dichas acciones prevén penas de entre 6 meses y 1 año de prisión, además de multas de 300 jornales mínimos.
En cuanto a las faltas electorales, la Justicia Electoral recordó que está estrictamente prohibido ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras u otros dispositivos electrónicos capaces de captar imágenes, con el objetivo de proteger el carácter secreto del voto.
Igualmente, se encuentra prohibida la aglomeración de personas a menos de 200 metros de los locales de votación cuando estas puedan ejercer presión sobre los electores. Dentro de ese mismo radio también queda restringida la portación de armas y la instalación de mesas de consulta de partidos, movimientos o alianzas políticas.
Otra serie de conductas consideradas faltas incluyen votar estando inhabilitado, ingresar a los locales electorales en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes, perturbar el orden público o difundir propaganda que promueva violencia, odio, discriminación o desobediencia a las leyes.
Finalmente, la Justicia Electoral destacó que el cumplimiento de estas disposiciones resulta fundamental para garantizar el libre ejercicio del sufragio y la transparencia de la jornada electoral, además de recordar que durante las internas brindará asistencia técnica y apoyo logístico a los tribunales electorales de las organizaciones políticas.
Tribunal citó a Miguel Prieto y evalúa sanciones por chicanero
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La Cámara de Apelaciones rechazó una nueva recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien pidió que el juez de garantías Humberto Otazú sea apartado de la causa.
El recurso se enmarca en el caso conocido como Tajy, donde la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimonial de más de G. 306.188.500. Los jueces de segunda instancia concluyeron en su argumentación que no existen motivos para apartar al magistrado. Por lo tanto, el magistrado Otazú seguirá al frente del proceso penal y deberá fijar la audiencia preliminar para definir si la causa se eleva o no a juicio oral y público tal como establece la ley.
CONVOCADO POR EL TRIBUNAL PARA POSIBLE SANCIÓN
Además, el Tribunal de Alzada citó a Prieto para que acuda el 10 de junio próximo a una audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal.
El objetivo de la diligencia es analizar la aplicación de posibles sanciones por los supuestos recursos dilatorios planteados durante el largo proceso. La ley establece que, en casos de mala fe o litigación temeraria, los magistrados pueden aplicar apercibimientos o multas de hasta cien días en situaciones graves o reiteradas.
En la causa Tajy, los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, acusaron a Prieto por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de licitaciones públicas para beneficiar a empresas vinculadas, lo que habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 al municipio de Ciudad del Este mediante pagos por mercaderías inexistentes.