Olimpia inicia la pretemporada el 2 de enero y será junto a Ameliano los primeros equipos en entrar en acción. El Franjeado, actual campeón, intentará arrancar el semestre con una copa.
Para ello, mantiene el plantel y a uno de los mejores futbolistas del campeonato, Derlis González, quien pese a recibir ofertas del exterior, quiere seguir haciendo historia con la casaca del decano.
“Tengo dos años de contrato con el club. La idea es hacer una gran pretemporada para estar bien preparado para los campeonatos que vamos a disputar”, mencionó el ídolo olimpista, quien estuvo por Concepción en un acto benéfico junto a su compañero de equipo, Mateo Gamarra.
Por otro lado, el cuadro de Para Uno, que espera la resolución en FIFA para poder contratar, ya tendría algunos nombres en caso de que pueda incorporar, algunos de los nombres que salieron a luz en las últimas horas son los de Rubén Darío Ríos y Danilo Santacruz, ambos en Nacional. Igualmente está interesado por el defensor Junior Barreto de General Caballero.
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Abogada defensora de Prieto tendría contrato como asesora externa de la comuna de CDE
Una investigación que llevó adelante la organización social “Contraloría Ciudadana” de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.
De acuerdo con los datos recabados por esta organización, la abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.
Uno de los datos de denuncia penal que están preparando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipalidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cumpliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judiciales abiertas.
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Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miembros de la Contraloría Ciudadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contratada como asesora externa de la Municipalidad de Ciudad del Este, con un honorario mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría aparentemente llevando ninguna causa que compete al municipio.
Los datos divulgados señalan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán, y varios otros imputados como ser Francisco Raimundo Arrúa Álvarez; Maggi Elizabeth Fariña Almada; Alex Yamal Samhat González; Higinio Ramon Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo todos ellos imputados en las diferentes causas judiciales vinculados al exjefe comunal destituido.
De acuerdo a informes de varios medios de comunicación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana, señaló que la mencionada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Insfrán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.
“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus salarios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como contratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octubre”, expresó.
Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superintendencia de Justicia.
La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.
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Francia aprueba el derecho a la muerte asistida tras años de debate
El Parlamento de Francia aprobó este miércoles el derecho a la muerte asistida o eutanasia para algunos pacientes con enfermedades incurables, una reforma polémica defendida por el presidente Emmanuel Macron.
Esta reforma estuvo años en tramitación antes de ser aprobada de forma definitiva por la cámara baja, por 291 votos a favor, frente a 241 en contra.
Pero la adopción de la reforma no marcará el final de su tramitación, ya que el primer ministro Sébastien Lecornu solicitó al Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad constitucional, que examine la legislación una vez aprobada.
Y este órgano, cuyas decisiones son vinculantes, puede en casos extremos declarar inválida toda una legislación o expresar reservas sobre parte de la misma.
Si el Consejo Constitucional da su visto bueno, Francia se unirá a la lista restringida de países que autorizan la muerte asistida, desde Bélgica a Países Bajos pasando por Suiza, Canadá y Uruguay.
Macron agradeció en X a los legisladores por un “debate constructivo y respetuoso”.
“En 2022, me comprometí a abrir este camino junto a los franceses. Con seriedad, con humildad y respetando plenamente nuestra democracia, ese compromiso se cumplió”, declaró el presidente de centroderecha.
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En la Asamblea Nacional, la izquierda apoyó a la bancada del partido Renaissance de Macron, y la derecha y la extrema derecha votaron en contra, pero cada grupo dejó a sus miembros la libertad de actuar, en un tema sensible para la sociedad francesa.
En el caso de Francia, el derecho está reservado a los adultos que padezcan una enfermedad incurable, siempre que puedan expresar la necesidad de manera “libre e informada” y sufran físicamente.
Este dolor debe ser resistente al tratamiento o, en opinión del paciente, insoportable, en los casos en que haya optado por no seguir el procedimiento médico o interrumpirlo.
Un médico se encargará de verificar que el paciente cumple los requisitos, antes de que un comité evalúe los criterios.
En última instancia, el médico toma la decisión y el paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes, por motivos físicos, no puedan hacerlo.
“Una ruptura grave en la historia”
Desde la tribuna, la diputada macronista Brigitte Liso celebró una ley que afirmó que marcará la “historia”.
“Podré decirles a mis nietos: ‘Yo estuve ahí’”, dijo.
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En el otro campo, el diputado del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, Christophe Bentz, intentó por última vez convencer a los legisladores.
“Los invito a votar en contra de este texto de muerte, los invito a votar por la esperanza (...) para que la vida perdure”, argumentó.
La Iglesia católica no tardó en pronunciarse y declaró que la adopción del texto supone “una ruptura grave en la historia” de Francia.
“Los efectos de una legislación así todavía no se pueden valorar pero ya se están esbozando. Nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad, cambiará”, señalaron los representantes, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal, Jean-Marc Aveline, en un comunicado.
El camino hacia la votación final fue largo, ya que la ley recibió la luz verde de la Asamblea Nacional pero fue rechazada por la cámara alta del Senado tres veces. Entonces el Gobierno decidió dar la última palabra a la cámara baja como le permite la Constitución.
Pesos pesados de Los Republicanos (LR, conservador), mayoritarios en el Senado, se opusieron. Grupos y organizaciones religiosas que hacen campaña contra el aborto y la eutanasia protestaron cerca de la Asamblea Nacional.
También se oponen a ella algunos organismos científicos e incluso colectivos de personas con discapacidad, que temen verse empujados a solicitar la eutanasia. El presidente Macron había prometido una ley de muerte asistida cuando fue reelegido para un segundo mandato en 2022.
Se considera una de las reformas sociales más importantes desde que Francia permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013.
- Fuente: AFP
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Ocho claves para negociar y suscribir un contrato
¿Cuán importante es un contrato bien analizado y ajustado a las necesidades de quien lo firma? De esto habla Lorena Juliana Chamorro Díaz, abogada de Eunomia Consultora.
Analizar la situación, ajustar los criterios a la necesidad legal-operativa y asegurarse de que todo se encuentre dentro del marco legal vigente otorga seguridad al proyecto, independientemente de su naturaleza.
“Existen diversos tipos de contratos y, en la actualidad, la modernización de los servicios y la formalización impulsada por el Estado nos llevan a ser más precisos al momento de redactar estos documentos, que son la base de la vinculación legal”, expresó Lorena.
1- Identificar el objeto del contrato: Definir con claridad el objeto permite ceñir las bases legales al tipo de proyecto (servicios, suministros, laborales, inversión, revenue share o joint venture) y a las partes firmantes, que deben estar habilitadas para evitar nulidades del acto jurídico.
2- Alcance y responsabilidades: Establecer estos puntos otorga seguridad sobre hasta dónde llega la exigencia de cada parte y quién asume cada responsabilidad.
3- Plazo, precio, forma de pago y condiciones: Definir el plazo y el precio genera estabilidad presupuestaria y evita gastos no previstos. Establecer la forma de pago y sus condiciones permite evitar reclamos posteriores y asegurar su exigibilidad.
4- Indemnizaciones y penalidades: Estos mecanismos obligan a las partes a cumplir el objeto del contrato y resguardan los intereses financieros y legales.
5- Confidencialidad y propiedad intelectual: La confidencialidad es clave para proteger la información. También se define quién será el titular de los productos, servicios o trabajos una vez finalizado el contrato.
6- Cláusulas de resolución o terminación: Permiten establecer qué ocurre ante incumplimientos o causas de fuerza mayor, definiendo responsabilidades y condiciones de finalización anticipada.
7- Solución de conflictos: Determina los mecanismos para resolver disputas: negociación directa, mediación, arbitraje o tribunales, según corresponda.
8- Firma: Es el acto de formalización del contrato. Debe verificarse la identidad y habilitación de las partes. En caso de firma electrónica, esta debe ser cualificada para garantizar su validez.
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Diputado presenta pedido de informes sobre cánones publicitarios en Ciudad del Este
El diputado colorado Alejandro Agüilera presentó un proyecto de resolución “Que pide informes a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre el cobro de cánones a la publicidad luego de la rescisión del convenio MOPC - Fast Print”.
El documento se fundamenta en hechos de público conocimiento relacionados con la instalación de carteles publicitarios con mensajes ofensivos hacia la soberanía nacional en dicha localidad, situación que generó una amplia repercusión y preocupación en diversos sectores de la sociedad.
El proyectista señaló en su argumentación que la inquietud se ve agravada por una situación institucional vinculada a un aparente cobro indebido de cánones por publicidad por parte del municipio esteño.
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Según los antecedentes expuestos, dichos cobros se habrían efectuado con posterioridad a la rescisión del convenio que existía entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Fast Print.
En su exposición de motivos, el parlamentario resalta las declaraciones públicas del representante legal de la firma publicitaria, quien afirmó de manera categórica que la Municipalidad de Ciudad del Este le otorgó los permisos correspondientes para el cobro del canon.
La normativa plantea que la administración municipal responda de manera puntual si ha cobrado cánones por publicidad a la empresa Fast Print o a cualquier anunciante luego de la rescisión del convenio con el MOPC, debiendo especificar los períodos y los montos involucrados en caso afirmativo.
Solicita que la institución explique las razones legales o administrativas por las cuales consideró procedente el cobro de dichos cánones de forma posterior a la rescisión de la alianza, considerando que la autorización original para instalar la publicidad provenía de la cartera de Obras Públicas y no de la propia municipalidad.
Finalmente, el proyecto exige la remisión de copias de las ordenanzas, resoluciones, contratos o permisos en los cuales la comuna sustentó la recaudación en la zona afectada tras la culminación del acuerdo.
Este pedido de informes será remitido a las comisiones para los dictámenes de rigor y, posteriormente, será tema de análisis en el plenario de la Cámara de Diputados. Como en todos los casos, de ser emitido el requerimiento, el plazo para las respuestas será de 15 días.