Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, afirmó que el Consejo Nacional Anticorrupción será la instancia donde se sustanciarán los cambios planteados a la Ley de Financiamiento Político, cuya finalidad es evitar la irrupción del dinero sucio proveniente del crimen organizado y lavado de activos en los procesos electorales.

“Esta es la idea que tengo, que de ahí salga una iniciativa legislativa que mejore el control, yo creo que amerita. El consejo se reunirá en julio. Existen ciertos aspectos que requieren ciertos ajustes y deben ser socializados de una forma extremadamente amplia”, comentó Benítez, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

No obstante, Benítez manifestó que como previa a dicha etapa se deberá impulsar una serie de debates con los partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación. “La discusión me parece de suma importancia y celebro que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral tomen esto como una prioridad y ojalá podamos hacer un calendario para el debate, que se incluya a absolutamente todos los sectores intervinientes en la política nacional”, indicó.

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Detalló que las actualizaciones deben girar principalmente en torno al aporte estatal y el control sobre el origen y gastos efectuados durante las campañas electorales. “Me encantaría poder escuchar a los expertos en la materia. Es un secreto a voces el enorme financiamiento a campañas políticas que provienen no solo de la informalidad, sino del crimen organizado, este es un flagelo que debemos combatirlo, no se puede permitir”, mencionó.

Asimismo, Benítez calificó como “absurdo” el alcance de la normativa vigente promulgada en febrero del 2020. “No solo es ineficiente, llega al absurdo. Algunos partidos políticos rindieron cuentas por G. 50 millones y reciben USD 1.500.000 mil por año”, expresó.

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La Cámara Alta rechazó el proyecto de ley que pretende modificar tres artículos del Código Procesal Penal, específicamente los que guardan relación con la inviolabilidad de la defensa, duración máxima del procedimiento y desestimación de causas. Desde la Comisión de Legislación advirtieron sobre los riesgos que correría el sistema de Justicia si estas modificaciones llegaran a ser aceptadas.

“Es peligrosa, vaga, confusa y puede traer más problemas que las soluciones que dice proponer por eso solicitamos el rechazo del presente proyecto de ley”, aseveró el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien expuso los motivos por los cuales no consideraban viable dar visto bueno a este proyecto.

A iniciativa del diputado Derlis Rodríguez, se planteó la modificación de los artículos N° 6, 136 y 305 de la ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal, en este sentido, Maidana indicó que por unanimidad la Comisión resolvió recomendar el rechazo a este proyecto debido a varias razones. Con relación al artículo N° 6, sostuvo que se introduce una expresión que terminará afectando directamente a los derechos a la defensa de los imputados.

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Asimismo, añadió que la redacción actual de este articulado es prácticamente una transcripción de lo que establece la Constitución en su artículo N° 17 en cuanto a los derechos del procesado y el ejercicio a su defensa. En cuanto al artículo N° 136, manifestaron que si bien todo proceso debe ajustarse a un tiempo específico, el planteamiento de este proyecto podría ocasionar consecuencias negativas en los derechos tanto de los investigados como de las víctimas.

“La propuesta cae en el mismo vicio que hoy tenemos en cuanto a planteamiento de incidente y otros, dando lugar a extinciones y prescripciones que a su vez conducirá a una profunda crisis de impunidad”, expuso Maidana, quien precisó que en una audiencia pública donde participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, Fiscalía y Colegio de Abogados coincidieron en la misma conclusión.

“Este tipo de normativas puede hacer que muchas causas caigan en la impunidad y falta de juzgamiento a través de chicanas y otro tipo de artimañas”, aseveró. Por último, y con relación al artículo N° 305 que habla de la desestimación de las causas, señalaron que la propuesta era improcedente puesto que el denunciado podría solicitar la desestimación de la causa, sin que se le dé participación a la víctima, en un plazo de tiempo muy breve, lo cual incidiría directamente en los niveles de impunidad. Tras el rechazo del Senado, el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados.

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La Cámara de Senadores postergó por 8 días el proyecto de ley que modifica y amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones. Esta propuesta figuraba como punto número dos en el Orden del Día y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Entre los planteamientos que busca incluir es la autorización del uso del padrón nacional, en el eventual caso que se lleguen a concretar las alianzas entre los partidos políticos para las elecciones internas partidarias.

Al respecto, el senador liberal Dionisio Amarilla, afirmó que hoy el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) está pagando muy caro el contrato acordado por Efraín Alegre en su momento, cuando firmó alianza con algunos partidos de la oposición. Señaló que, en lo que respecta al financiamiento, el PLRA terminó cediendo cerca del 50 % de los subsidios electorales, por lo que en gran parte les ha causado problemas económicos a la nucleación política.

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Mencionó que con esta semana que se ha ganado con la postergación de 8 días, estarán trabajando mejor en la propuesta de modificación al proyecto que proviene de Diputados. Indicó que también podría ser objeto de análisis el fallo que emitió el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que luego de su estudio, se pueda lograr un proyecto de ley que finalmente permita que la gente pueda acordar electoralmente alianzas, concertaciones.

Agregó que esto permitirá a los partidos políticos, organizaciones, sociedad civil, lograr acuerdos o alianzas, contemplando otras cuestiones como ser el reparto de los fondos provenientes de Estado Paraguayo en conceptos de subsidios y aportes partidarios.

“El PLRA ya está pagando muy caro el formato de acuerdo de contrato que en su momento aprobó el Directorio, y que fue impulsado por Efraín, donde cedían más del 50 % de los recursos obtenidos en conceptos de subsidios. Sin embargo, las bancas logradas por organizaciones que compitieron son prácticamente escazas. Por eso, el partido quedó desfinanciado. Entonces, hay aristas que nosotros notamos que no fueron precauteladas en el proyecto de Ley”, indicó.

Mencionó que este tema ya está siendo analizado con la Comisión de Legislación, con su colega el senador Derlis Maidana que preside esta mesa asesora, y que incluso si es necesario analizarlo con apoderados de otros partidos políticos con representación en el Senado, a fin de lograr un proyecto de ley que logre el mayor consenso.

En otro momento, señaló que se tiene que precautelar los acuerdos que se lleguen y de los que sean electos por la concertación o las alianzas, teniendo en cuenta que muchas veces cuesta llegar a ciertos acuerdos que favorezcan a los que tienen mayor caudal de votos.

Al respecto, recordó la última alianza electoral 2023 que aglutinó a los partidos de la oposición encabezada por el PLRA. Afirmó que en esa alianza el PLRA tuvo que ceder 21 cupos en las listas parlamentarias con aprobación del Directorio.

Señaló que esto hizo que se priorizaran a gente de otros partidos, con menos caudal electoral, en detrimento de candidaturas liberales que tenían importante número de votos, en favor de los candidatos de los otros partidos de la oposición, afectando por ejemplo la candidatura de la liberal Ramonita Mendoza con importante caudal electoral, así como otros liberales.

“Por ejemplo le trajimos a Rafael Filizzola en la lista, que aportó un bolsoncito de votos, que a todas luces la sumatoria de los que ya dejaron de competir y que afectó la lista de senadores del PLRA produjo que ingresen no solamente 11 liberales, y que probablemente gente que hubiera aportado más votos que Rafael (Filizzola) o (Tonny) Apuril ya no hayan estado en el proceso electoral para las generales”, indicó.

Finalmente, señaló que es necesario hacer un estudio muy fino de la propuesta, así como un estudio del derecho comparado. Por ejemplo, hay una propuesta que deberá ser analizada, que habla de que la Concertación se integre con padrones de los que deciden concertar y analizar el segmento vinculado a los independientes, dándoles tiempo a los independientes a acercar sus padrones, que podrían provenir de gremios o asociaciones.

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