El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que se incluirán modificaciones en el proyecto de ley de protección de ahorristas aprobado por el Senado ayer martes. Indicó que estas modificaciones se darán para resguardar y garantizar que los afectados puedan recibir su haberes en el menor plazo posible.

“En primer lugar ratificar que nuestro compromiso y nuestra prioridad son los ahorristas, son esas familias paraguayas que el fruto de su esfuerzo, de su sacrificio, lo depositaron en este banco y nuestra prioridad es que ellos recuperen sus haberes, que ellos cobren ese dinero, de manera inmediata”, indicó el legislador a los medios.

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El proyecto establece tres puntos específicos: un plazo máximo de 24 horas una vez promulgada la ley para la restitución de los ahorros y hasta un límite de 40 salarios mínimos mensuales (G. 121 millones); solamente cuotas vencidas serán descontadas del anticipo del ahorro, el restante de la deuda deberá pagar a la entidad bancaria que compre el crédito. Ya el punto que será modificado, establece que el BCP habilite de manera temporal la app de ueno bank, incluyendo Sipap.

“Sí existen modificaciones que van a ser abordadas, que van a ser discutidas en el pleno en el espíritu de protegerlos a ellos, porque la primera prioridad son ellos, la segunda es la protección del sistema financiero, y nuestro pensamiento es que de haberse infringido la ley, los responsables tienen que pagar, tienen que ser llevados ante la justicia”, dijo Latorre.

Por otra parte, fue consultado por los medios sobre su postura con relación al juicio político impulsado por el sector de la oposición para el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana. “El juicio político va ser sometido a posiciones políticas y cada colega asumirá una posición”, mencionó.

Así también, señaló que las responsabilidades deben ser establecidas y los responsables deben responder ante la justicia. “Este es un momento donde se deben dirimir las responsabilidades, creo que la justicia tiene que ser implacable en esta situación, si se infringió la ley, los responsables tienen que pagar esta situación, el sufrimiento que le están trayendo a la gente”, sentenció.

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La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de rechazo a la modificación del Código Penal para incorporar la figura de la prisión permanente revisable.

La iniciativa impulsada por el diputado Rubén Rubin propone tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía.

Tras el estudio de la propuesta y el análisis de sus implicancias jurídicas y constitucionales, la comisión asesora emitió dictamen recomendando su rechazo, atendiendo a las objeciones planteadas respecto de su compatibilidad con los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional.

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Entre los principales fundamentos se señala que la propuesta podría entrar en contradicción con el artículo 20 de la Carta Magna, que establece que las penas deben tener como finalidad la readaptación de las personas condenadas y la protección de la sociedad.

Asimismo, se advierten posibles incompatibilidades con los principios de dignidad humana, proporcionalidad de las penas y prohibición de sanciones crueles o degradantes, contemplados en los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución Nacional.

El análisis jurídico también advierte que la incorporación de la prisión permanente revisable, junto con las modificaciones y ampliaciones propuestas para numerosos artículos del Código Penal, podría generar desarticulación y falta de coherencia en el sistema de sanciones.

Se considera que una reforma de esta naturaleza debe observar criterios de técnica legislativa, seguridad jurídica y respeto al equilibrio constitucional entre la protección de la ciudadanía y la finalidad de readaptación social de las personas condenadas.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Civil y prohíbe el matrimonio antes de los 18 años. El texto con media sanción establece que ninguna persona menor de 18 años podrá contraer matrimonio, sin excepciones por consentimiento de los padres, tutores o autorización judicial.

Se prohíbe expresamente el matrimonio entre una persona menor de edad y una persona adulta, con la advertencia de que los casos de incumplimiento serán denunciados ante el Ministerio Público. Durante la sesión, la diputada Dalia Estigarribia, titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia, fundamentó a favor de la aprobación del citado proyecto de ley.

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La legisladora insistió en la necesidad de establecer mecanismos legales que impidan que se produzcan abusos bajo la apariencia de un matrimonio. Aclaró que la propuesta se enmarca en los compromisos asumidos por Paraguay para impulsar acciones, políticas públicas y medidas legislativas orientadas a prevenir y erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.

Concretamente el texto establece que no podrán contraer matrimonio las personas que no hayan cumplido 18 años, independientemente de que cuenten con el consentimiento de sus padres, tutores o una autorización judicial. Con ello se busca eliminar las excepciones que actualmente permiten habilitar matrimonios antes de esa edad.

Asimismo, incorpora expresamente la prohibición del matrimonio entre una persona menor de edad y una persona adulta, bajo cualquier circunstancia. En cuanto a las situaciones en curso, el proyecto dispone que los matrimonios que se encuentren en proceso de formalización y que involucren a personas menores de 18 años deberán suspenderse hasta que ambas partes alcancen la mayoría de edad.

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El apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González, cuestionó las medidas adoptadas en torno al voto asistido y sostuvo que cualquier modificación de las reglas electorales debe realizarse de acuerdo con la ley.

Cuestionó además las disposiciones administrativas relacionadas con las juntas cívicas y pidió ajustarse a lo establecido en el Código Electoral.

Durante la conferencia de prensa brindó algunas aclaraciones especialmente para los candidatos de la Lista 1 como a los más de 64.000 agentes electorales del partido. Insistió en que cualquier modificación de las reglas electorales debe realizarse mediante una norma general aprobada por el Congreso.

González afirmó que el Partido Colorado está de acuerdo con garantizar el secreto del voto. Mencionó que se han tomado dos decisiones por parte de la Justicia Electoral con lo cual, desde la nucleación política dejaron sentado sus posturas.

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“Como abogados y en el entendimiento del sistema republicano del respeto a la constitución y por sobre todo a las leyes, nosotros acompañamos todo lo que tiene que ver con el secreto en el voto. No así el amedrentamiento que se está tratando de realizar, en ocasiones desde la propia Justicia Electoral con también con el Ministerio Público sobre el tema del famoso voto asistido. Acá nosotros vamos a respetar el secreto del voto”, remarcó.

En ese sentido, mencionó que la ANR realizó las capacitaciones y seguirán acompañando a todo lo que tiene que ver con la ley, pero no están de acuerdo con ningún tipo de amedrentamiento, ni tampoco sobre modificaciones a la ley electoral que no sea por la vía justamente de una norma general estricta y previa que salga del Congreso Nacional.

“La cuestión de las actas para el voto asistido es un tema que tenemos que seguir discutiendo. Nosotros seguimos sosteniendo lo que están en nuestros manuales y en el discurso que hemos mantenido en las más de mil reuniones de capacitación que hemos realizado. Acompañamos el secreto del voto y estamos de acuerdo con ello, pero no al amedrentamiento que se quiere realizar”, sostuvo.

Respecto a las Juntas Cívicas, el apoderado González explicó que son los órganos establecidos por ley que cumplen funciones de apoyo y coordinación electoral dentro de cada distrito, y así se ha hecho a lo largo de de 30 años. Indicó que hoy el hecho de que el Partido Colorado tenga mayoría en esas instancias obedece al porcentaje en la representación en el Senado.

González explicó que estas Juntas Cívicas están integradas por cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes. De los cuales, se ha establecido que tres de esos cupos le corresponde al Partido Colorado y dos al Partido Liberal.

“Nos llama la atención que durante 30 años no se preocupó el TSJE de realizar ningún tipo de control, ni establecimiento de un coordinador para establecer las funciones de la Junta Cívica, con lo cual seguimos sosteniendo, como establece el Código Electoral, las Juntas Cívicas son el órgano que organiza las elecciones ese día y hagamos respetar a sus miembros. Las demás resoluciones administrativas están por debajo de la ley y nuestros agentes electorales ya están informados y capacitados para actuar como corresponde y en la ley”, remarcó.

No obstante, aclaró que estas medidas que se pretenden implementar, no provienen de la Justicia Electoral propiamente dicho, sino que de sectores políticos de la oposición. Al respecto, mencionó que desde la ANR ya están tomando medias al prespecto, sobre todo han entrenado a sus agentes electorales para que sepan actuar conforme a las leyes ante esas eventuales circunstancias.

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