Directores de instituciones educativas públicas promueven campaña preventiva contra las drogas, a través de un programa que contempla charlas con los padres de familia y estudiantes sobre violencia juvenil, consumo de estupefacientes y sus consecuencias sociales y legales.

“El objetivo es fortalecer el vínculo familiar y generar un mayor acompañamiento a los jóvenes en cuanto a esta etapa de curiosidad y experimentación”, puntualizó el profesor Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), en diálogo con la 680. Asimismo, mencionó la importancia del deporte y las actividades formativas como herramientas de prevención.

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“Mantener ocupados a los jóvenes con prácticas deportivas, formación profesional y actividades de contención ayuda a alejarlos de las adicciones y otros factores de riesgo”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, destacó la importancia del trabajo conjunto con el Sindicato Nacional de Directores en el marco del Plan Sumar, enfocado en la prevención.

“Los directores son claves para el éxito de estas acciones, ya que muchas veces el entorno escolar se convierte en el principal lugar de apoyo para estudiantes que atraviesan situaciones difíciles”, apuntó el titular del MEC.

El Plan Sumar es una estrategia impulsada por el Gobierno para abordar el consumo problemático de sustancias, centrándose no solo en la desintoxicación sino también en la reinserción social y el aumento de la autoestima de los jóvenes, fundamentales para prevenir la reincidencia

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Miles de trabajadores marchan este viernes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, arrinconado por una ola de protestas pese a sus anuncios de que escuchará los reclamos sociales, constató la AFP.

“¡Que renuncie, carajo!”, grita la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizan las calles de La Paz, sede de gobierno aislada desde hace tres semanas por bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Con apenas seis meses en el poder, Paz encara la peor crisis económica del país andino desde la década de 1980, con una inflación de 14 % interanual registrada en abril.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dice en la marcha Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro (sur).

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Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondean banderas indígenas, avanzan entre el ruido de petardos hacia el centro de la ciudad.

Los accesos a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, están resguardado con rejas y vigilados por cientos de policías antimotines.

Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

En medio de la convulsión social, el gobierno anunció esta semana que reorganizaría su gabinete con funcionarios con “capacidad de escucha”. En su primer cambio, nombró a un nuevo ministro de Trabajo.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía se radicalizaron con el pasar de los días.

Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Medio centenar de bloqueos se registran en las vías del país este viernes, según datos oficiales. El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.

• Fuente: AFP

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La Junta Municipal de Lambaré no pudo llevar adelante su sesión ordinaria prevista en la fecha debido a que funcionarios municipales tomaron el palacete municipal suspendiendo todas las actividades y se han cerrando todos los accesos, impidiendo el acceso a los ediles y a la ciudadanía en general.

Desde las primera horas de este miércoles, los funcionarios no permitieron que se lleve adelante la sesión, ante el temor de que se tome juramento a dos concejales suplentes. Esto tras la suspensión de dos ediles titulares. El principal motivo es que no están de acuerdo a que jure como concejal el exdiputado Orlando Arévalo.

El presidente de la Junta Municipal, Daniel Molina, comentó en charla con la 730 Am que están viviendo esta situación, y señaló como responsable al intendente Rosas Agustín “Guido” González Dans, quien de forma prepotente, junto con sus funcionarios, han impedido el acceso a la sede municipal.

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Indicó que por ese motivo, han presentado una denuncia, primeramente ante la comisaría local, y luego ante el Ministerio Público. “Nadie tiene derecho a cerrar una institución pública como la Municipalidad. No solo le está perjudicando a la Junta Municipal, sino también a los contribuyentes. Me sorprende la actitud del intendente que está perjudicando al municipio”, precisó.

Asimismo, la concejal colorada Carolina González, esposa del exsenador Arévalos, comentó en una charla con Canal GEN/Nación Media, que se presentó la denuncia en base al atropello a un Poder Legislativo, que es la Junta Municipal.

“No entendemos la razón por parte del intendente. Tenemos conversaciones de grupos de WhatsApp donde él mismo hace la convocatoria, se usaron transporte de la institución para bloquear el acceso”, comentó.

En otro momento, la concejal González coincidió con el presidente del legislativo municipal Molina, en asegurar que en el orden del día que ya fue establecido y publicado el lunes. En él no figura la toma de juramento de concejales suplentes como manifiestan los funcionarios ante la medida de fuerza.

“Existe sí en el orden del día la sentencia firme de parte de la Justicia Electoral sobre un acontecimiento ocurrido el año pasado. Entiendo que esa sería la razón por la que el intendente está en sicosis y actúa de esta manera. No se puede manejar el municipio con atropellos. Entiendo la desesperación del intendente que no quiere un control por parte de la Junta Municipal. ¿Por qué le debería preocupar la convocatoria de los suplentes si está todo bien?”, cuestionó.

La edil comentó que su esposo, el exsenador Orlando Arévalo, está como suplente número dos. Indicó que actualmente cada uno está trabajando en lo que les compete, ella en su rol de concejal, y su esposo como abogado en el sector privado.

“Hasta ahora no tenemos conocimiento de ninguna convocatoria a jurar como suplente, por parte de la Junta; por eso nos llama la atención la actitud del intendente, así como de los pobres funcionarios que son arreados, amenazados de ser suspendidos o despedidos si no acompañan la toma del municipio”, acotó.

Por su parte, el intendente Guido González aseguró que no tiene nada que ver con la toma del municipio por parte de los funcionarios. En comunicación con la 1020 AM dijo que se encontró con la novedad al llegar al palacete municipal.

Explicó que como primera acción, convocó a los delegados sindicales, ya que en el municipio hay tres sindicatos y una coordinadora de funcionarios colorados. “Ellos explicaron que tienen miedo de que Orlando Arévalo pueda jurar como concejal. Ellos dicen que primero tiene que solucionar su situación con la Justicia”, explicó.

El jefe comunal explicó que el temor de los funcionarios es que se vuelvan a retrasar los pagos de salarios, ya que actualmente están percibiendo sus haberes al día. Además, los pagos a proveedores también están todos al día luego de que en la gestión anterior a cargo de Arnaldo Gómez, llegaron a sufrir retrasos de hasta 8 meses, incluso.

“Desde que yo asumí la gestión municipal goza de buena salud económica y financiera, porque estamos totalmente al día con ellos, incluso con los beneficios que tienen a parte de sus salarios, al igual que a los proveedores, ya que no debemos ni un solo guaraní a nadie. En 5 años, somos nosotros los que levantamos esta administración es uno de los municipios con mayor fortaleza económica y financiera”, remarcó.

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Padres y alumnos de la escuela San Miguel Arcángel de J. Augusto Saldívar tomaron la institución para exigir la reposición de la directora Liliana Ríos. Aseguran que no levantarán la medida de protesta hasta lograr sus objetivos, ya que no aceptarán que otra persona ocupe el lugar de la citada docente.

Esteban González, presidente de la junta de estudiantes, cuestionó la decisión tomada por el administrador, el sacerdote Arnaldo Benítez, al acusarlo de politizar el centro educativo subvencionado. Dijo que los estudiantes no permitirán que un recomendado asuma la dirección, por lo que piden la separación del religioso.

“Nos estamos manifestando por la destitución de nuestra directora, que es María Liliana Ríos. Para la destitución del padre Arnaldo y que la administración vuelva a estar a cargo del colegio, porque ahora mismo está a cargo de la parroquia”, señaló Esteban González a los medios de prensa.

El joven defendió la labor de la directora al mencionar que los estudiantes confían mucho en ella. “Le agarramos mucho cariño. Es una directora que nos inculcó la ciencia. Fuimos ganadores de ferias nacionales e internacionales de ciencias. Por eso nos gusta mucho esta directora porque nos apoya no solo educativamente, sino también psicológica y espiritualmente”, refirió.

El vocero de los manifestantes afirmó que existe un trasfondo político en la remoción de la directora. “El motivo principal que nos dio el padre fue que ella es profesora también y a veces deja vacío su oficina, porque tiene que dar clases. Ella da clases también en este colegio y así que no tiene sentido que se le destituya por esa razón”, expresó.

El alumno manifestó que la idea es poner a una persona desconocida al frente de la citada institución educativa. “Se le quiere poner a una persona a quien no conocemos y nosotros no queremos que venga gente que no le tenemos cariño. Porque según dijeron los que van a venir son políticos y nosotros no queremos un colegio que esté plagado de políticos y corruptos”, puntualizó.