Cerro Porteño se ve en la obligación de retocar mucho su equipo para recibir mañana al brasileño Palmeiras, campeón de las últimas ediciones de la Copa Libertadores de América, que llega al país con el defensor paraguayo Gustavo Gómez en sus filas. El partido de ida corresponde a los octavos de final de la Copa Libertadores, cuya serie se define en Brasil el próximo 6 de julio.
El Azulgrana cayó 1-0 frente a Libertad por el torneo local y además de perder la última chance, su rival de ocasión se coronó campeón. En dicho partido, cargado de polémicas con tres expulsiones (Daniel Rivas, Claudio Aquino y Rafael Carrascal), también se lesionó el central Carlos Rolón, quien no podrá estar mañana ante el Palmeiras, que se suma a la baja por suspensión de Juan Patiño.
De esta forma, Williams Riveros está para sentar plaza en el equipo titular, además se prevén los retornos por el lateral izquierdo de Alan Rodríguez y por el medio de Ángel Cardozo Lucena. El equipo probable para medir a los brasileños es con: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Williams Riveros, Alexis Duarte y Alan Rodríguez; Robert Piris da Motta; Braian Samudio, Ángel Cardozo, Federico Carrizo y Claudio Aquino; Alfio Oviedo.
El lateral derecho Fabián Franco se golpeó la rodilla y fue sometido a estudios, pero está descartado. Carlos Rolón está afectado con una dolencia muscular, que también lo deja al margen.
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Defensa de Óscar Boidanich pidió la absolución de culpa y pena
Los abogados Claudio Lovera y César Alfonso, representantes de Óscar Boidanich, solicitaron al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Fue durante la exposición de los alegatos finales ante el colegiado.
De acuerdo con lo señalado ya anteriormente por el abogado defensor, las pruebas producidas a lo largo del juicio oral demostraron claramente que Óscar Boidanich no realizó ninguna conducta que pueda considerarse punible.
Asimismo, se argumenta que el área de análisis de la Seprelad inició oportunamente la recopilación de datos de diversas fuentes para su valoración en el contexto de tareas de inteligencia financiera, una actividad en la que Boidanich no intervenía. Esta postura quedó ratificada cuando un analista declaró en el juicio que no recibió ninguna indicación que implicara influir o demorar su tarea.
La defensa refiere que “el borrador o informe preliminar del caso Dario Messer siguió su proceso de verificación en las áreas previstas por la normativa interna, incluyendo un dictamen jurídico que recomendó al área de análisis realizar pasos adicionales antes de su remisión al Ministerio Público”.
También se menciona que entre los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2018, otra persona ejerció como encargado de despacho de la secretaría ejecutiva. La prueba producida indica que diversas áreas realizaban actividades para culminar los pasos previstos respecto a varios informes preliminares, incluido el denominado caso Chasa. Este documento no estaba oculto; por el contrario, se encontraba junto al dictamen jurídico a la vista y disposición de quienes ejercían funciones en ese momento.
Del mismo modo, declararon once testigos que manifestaron ante el tribunal de sentencia que Óscar Boidanich no realizó ninguna conducta para demorar el avance de las actividades en la Seprelad.
Firma de remisión
Otro punto destacado por la defensa es que el sábado 14 de abril de 2018, Boidanich recibió el alta médica tras una internación por una situación grave de salud. Debido a esta circunstancia, la institución contó con un encargado de despacho en forma continua durante un mes y medio. El primer día hábil tras su retorno (16 de abril de 2018), el exministro firmó la remisión del informe Chasa al Ministerio Público.
Según Lovera, el informe llegó de forma oportuna, ya que la Fiscalía basó sus decisiones iniciales y el correspondiente comiso autónomo en acciones judiciales ocurridas en Brasil, fechadas el 2 de mayo de 2018 (conocidas por la Fiscalía de Paraguay el 3 de mayo de 2018) y a partir del 6 de junio de 2018. Dado que el Ministerio Público inició su investigación el 4 de mayo de 2018, el informe de la Seprelad ingresó y estuvo a su disposición con anterioridad, resultando pertinente y útil para las tareas judiciales una vez que la institución consideró reunidos los requisitos.
Finalmente, la defensa enfatiza que en el juicio se determinó que las medidas cautelares se dictaron de forma oportuna y que todos los bienes fueron alcanzados por la pretensión de comiso autónomo impulsada por la Fiscalía, la cual fue presentada ante el Poder Judicial en octubre del año 2022.
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Destacan adaptación tecnológica para la defensa
Las tecnologías emergentes y su impacto en la defensa y la seguridad estratégica fueron el eje de una conferencia magistral desarrollada en el marco del Ciclo XXXVII de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), con el objetivo de analizar los desafíos que plantea la innovación tecnológica para las instituciones militares y la cooperación regional.
La exposición estuvo a cargo del coronel César Adolfo Gamboa Enciso, oficial del Ejército de Colombia y asesor extranjero permanente de la Secretaría Ejecutiva Permanente de la CEA, quien presentó un análisis sobre el efecto de las nuevas tecnologías frente a los desafíos multidimensionales que enfrentan la defensa y la seguridad estratégica en los ámbitos regional y hemisférico.
Durante la conferencia se destacó la necesidad de adaptar las capacidades institucionales a un escenario marcado por la rápida evolución tecnológica.
Asimismo, se abordó la incorporación de nuevas herramientas y capacidades, subrayando que la innovación y el empleo estratégico de la tecnología constituyen factores clave para fortalecer la preparación y respuesta de las fuerzas militares.
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Países socios del Escudo de las Américas respaldan al gobierno boliviano
El departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que emite con las Naciones Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago; que son Estados socios del Escudo de las Américas por la cual brinda su total respaldo al gobierno democrático y legítimamente elegido de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz.
En dicho pronunciamiento conjunto condenan de manera firme los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y a la vez contravenir la voluntad de los votantes mediante bloqueos de suministros vitales para el pueblo boliviano y la financiación de actividades delictivas deben ser rechazados, y los responsables deben rendir cuentas.
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“Respaldamos al gobierno democrático del presidente Paz mientras enfrenta los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano a través de falsos bloqueos en las carreteras”, expresa parte del pronunciamiento.
Señalan que los grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos.
“Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos. Aquellos que tengan reclamos legítimos deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder”, concluye la declaración conjunta.
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Legisladores del bloque repudian inestabilidad en Bolivia y recuerdan vigencia del Protocolo de Ushuaia
Durante la CVIII sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados en Asunción, el cuerpo legislativo emitió una declaración oficial en la que manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inestabilidad institucional y los recientes hechos de violencia que afectan al Estado Plurinacional de Bolivia.
El cuerpo legislativo sentó una postura firme en defensa del orden constitucional de sus países miembros. En ese sentido, hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.
El eje central del documento radica en la exigencia del respeto al sistema democrático. Los parlamentarios del bloque regional hicieron especial énfasis en la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.
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Este mecanismo constituye la “cláusula democrática” del bloque y prevé sanciones de carácter político y comercial ante eventuales rupturas o alteraciones del orden constitucional en cualquiera de los Estados parte.
El texto oficial argumenta que la estabilidad del bloque depende de la solidez institucional de cada uno de sus integrantes, calificando como inaceptable cualquier tipo de salida fáctica o de violencia que ponga en riesgo los derechos ciudadanos y la paz social en territorio boliviano.
La declaración institucional lleva las firmas oficiales del diputado Rodrigo Gamarra, representante paraguayo y presidente del Parlasur, y del abogado Edgar Lugo, secretario parlamentario del organismo.
Con este documento, la conducción del bloque enfatiza el rol del parlamento como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región, según esgrimió, finalizado el encuentro, el diputado.
Clausula democrática
El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los países del Mercosur, establece que la vigencia de la democracia es una condición fundamental para formar parte del bloque regional. En la práctica, el acuerdo prevé que si en uno de los Estados miembros se produce una alteración o ruptura del orden democrático, los demás países pueden analizar la situación y adoptar medidas conjuntas.
Entre las sanciones contempladas figuran desde la suspensión de la participación del país afectado en los órganos del Mercosur hasta la restricción de algunos beneficios derivados del proceso de integración regional.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2012, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del bloque tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los demás socios del Mercosur sobre el desarrollo del proceso político que derivó en su salida del cargo.
Dicha sanción fue levantada el 15 de agosto de 2013 con la asunción del presidente Horacio Cartes, luego de que los países del bloque consideraran restablecido el orden democrático mediante las elecciones generales celebradas ese año.
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