El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.

Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.

En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.

En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.

Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.

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“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.

El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.

“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.

Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.

“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.

Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.

“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.

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El titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Silvio “Beto” Ovelar detalló que en la Cámara Alta se tomó la decisión de postergar por un plazo de 15 días el estudio del proyecto de ampliación presupuestaria para el pago de las deudas contraídas por el Estado con las farmacéuticas.

“Estuvo presente la ministra de Salud María Teresa Barán y su equipo técnico así como la ministra sustituta del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Picaso y acordamos postergar el tratamiento del proyecto de ampliación presupuestaria para salud el cual tiene el objetivo de cubrir todas las deudas que se tienen con las proveedoras", dijo Ovelar en una entrevista con los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que la deuda total que posee Salud Pública equivale a USD 1.000 millones y no se limita solo a las farmacéuticas. “Es una deuda acumulada desde el año 2012. Lo que solicitamos es que ambos ministerios traigan de manera especificada los montos exactos de las deudas con todos los proveedores que hacen no solo relación a las empresas farmacéuticas, sino también todo lo que hace a salud. Debemos tener los números bien afinados", mencionó.

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No obstante, Ovelar aseguró que existe el compromiso por parte del Senado de aprobar la propuesta. “La ampliación presupuestaria no es un nuevo préstamo. Lo que nosotros tendremos que ver es como después calzar esto. Si vamos a recurrir a los recursos ordinarios del tesoro, probablemente no vamos a tener los montos“, puntualizó.

El senador señaló también que “pensar en una ampliación presupuestaria en donde la fuente de financiamiento será mayores recursos a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es improbable, impensable, entonces tendríamos nosotros que analizar una reingeniería financiera. A la vez hablamos sobre las deudas que mantiene el Ministerio de Obras Públicas y esto también lo vamos a definir dentro de 15 días”.

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Tras una reunión con el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) abordaron la situación del abastecimiento de medicamentos y la deuda pendiente con proveedores.

El principal tema tratado fue la crisis de provisión de medicamentos, según explicó Luis Ávila, director ejecutivo, en entrevista con “Tarde de perros” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que existe una diferencia entre la emisión de una orden de compra y el momento en que las empresas farmacéuticas están en condiciones de fabricar y entregar los productos.

Señaló que varios medicamentos redujeron sus niveles de compra y que los retrasos no responden únicamente a la deuda existente, sino a procesos finales de producción y entrega. Indicó que varios productos ya fueron suministrados y que la provisión continuará en los próximos días.

El representante de Cifarma destacó la conformación de una mesa de trabajo con el Consejo de IPS, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la institución y los proveedores.

En ese sentido, señaló que es necesario contar con mayor previsibilidad sobre las necesidades del instituto para organizar la producción y garantizar la disponibilidad de insumos.

“Entendieron que hay todo un sistema de logística, e incluso hay una posibilidad de sentarnos a establecer nuevos periodos en el que se genera una orden hasta que se entrega el medicamento”, explicó.

Sobre los productos pendientes, indicó que de los más de 170 medicamentos en espera, más de 20 ya fueron suministrados y otros 30 serán entregados en los próximos 15 días. Estos abastecimientos cubrirían aproximadamente 60 días, según detalló.

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Durante el encuentro también se trató la deuda con el sector farmacéutico. El director ejecutivo de Cifarma informó que trabajan en dos ejercicios financieros y que el jueves mantendrán una reunión con la directora financiera del IPS para presentar un plan de pagos a mediano plazo.

“Para nosotros es una apertura, es un horizonte de cómo van a ir pagando”, señaló.

Otro de los puntos analizados fue el mecanismo de factoraje y la conciliación final por parte del Ministerio de Salud Pública y Binestar Social (MSPyBS).

Cifarma indicó que fueron presentadas más de 43 carpetas que debían ser depuradas para identificar cuáles están en condiciones de pago y posteriormente transferir la información a los bancos. Este proceso estaría culminando durante esta semana.

Los proveedores asumirán los intereses correspondientes a estas operaciones. Según las estimaciones del gremio, la cesión total para proveedores rondaría los USD 300 millones al cierre del mes.

Además, señalaron que el pago normal que se viene realizando alcanza aproximadamente USD 40 millones mensuales, al que se sumaría el esquema de cesión mencionado.

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La cantidad de clientes morosos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), aumentó luego de la pandemia, aunque el índice de morosidad cerró el 2025 en 19 %, según explicó Hugo Rolón, gerente comercial de la institución, en entrevista con “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Rolón señaló que, tras la pandemia, la morosidad llegó a rondar el 30 %, pero posteriormente se redujo hasta ubicarse en el nivel actual. En ese contexto, la Ande mantiene vigente una campaña de ahorro que busca flexibilizar las condiciones para que los usuarios puedan regularizar sus deudas.

Entre las opciones disponibles para clientes residenciales o de baja tensión se encuentra la posibilidad de financiar las facturas pendientes hasta en 60 cuotas. Además, la Ande contempla como beneficio la exoneración de recargos moratorios y de los intereses de financiación.

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Rolón indicó que la Ande realiza actualmente unos 6.500 cortes mensuales por falta de pago. Asimismo, informó que la institución incorporará una nueva herramienta tras el contrato firmado con la empresa Equifax.

El criterio de inclusión para el reporte establece que serán considerados aquellos usuarios que adeuden seis o más facturas y cuya deuda sea superior a G. 1.500.000. Según explicó, actualmente son 10.500 clientes los que serán incluidos en el reporte.

Los usuarios reportados tendrán como alternativa cancelar la totalidad de la deuda o acceder a un refinanciamiento. Una vez regularizada la situación, la exclusión del reporte se realizará en un plazo de 24 horas, según detalló Rolón.

El gerente comercial señaló que existe un promedio de 350.000 clientes con deudas correspondientes a cinco o más facturas, lo que representa aproximadamente el 19,6 % de los usuarios, y que el objetivo es reducir este índice al 16 %.

Asimismo, destacó que más de 45.000 clientes ya realizaron sus respectivos fraccionamientos para regularizar sus obligaciones pendientes.

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