La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), integrada por entidades de productores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, expresa su total desacuerdo y repudio a la decisión anunciada por el director general de la cadena multinacional de distribución de origen francés, Carrefour, Alexandre Bompard, de suspender la compra de carne del Mercosur.

“Esta actitud arbitraria, proteccionista y equivocada perjudica al bloque e ignora los estándares de sostenibilidad, calidad y cumplimiento que caracterizan la producción agrícola en sus países miembros”, expresa el documento. El gremio remarca que la carne en la región se produce bajo estrictos estándares socioambientales y sanitarios, en línea con los más exigentes estándares internacionales, demostrando ser líder mundial en prácticas de sostenibilidad en el sector agrícola.

Señalan que la decisión de Carrefour ataca injustamente la reputación de miles de productores rurales comprometidos con la seguridad alimentaria y la preservación del medioambiente, y, si bien las decisiones comerciales son competencia interna de las empresas, la postura pública del director general de Carrefour, va más allá de los límites aceptables.

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“Esta no es una decisión aislada, sino un ataque directo a la credibilidad y la contribución del sector agrícola del Mercosur a la seguridad alimentaria mundial”, sostiene la FARM de forma tajante. Solo en 2023, los países del Mercosur produjeron 38 millones de toneladas de carne vacuno, porcino y aves, de las cuales exportaron 11 millones.

Lo dicho evidencia que la región es el principal proveedor de proteína animal del mundo, y que la producción de alta calidad llega a más de 160 países, por lo que los productores rurales de la FARM y sus entidades representadas no aceptarán ataques injustificados. Se reservan el derecho de reaccionar con firmeza, ya sea por medios económicos o institucionales, para proteger la imagen y los intereses del sector agrícola en sus países.

Reafirman de esta manera el compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable, pilares del agronegocio en la región, y esperan que la citada cadena mundial de supermercados revise su anuncio y adopte una postura coherente con los principios de diálogo y respeto, que deben guiar las relaciones comerciales globales.

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El gerente comercial del banco atacado con explosivos, Jorge Woitchack, confirmó que ningún personal se encontraba en el lugar al momento de la explosión que ocasionó severos daños materiales al local. El directivo pidió reforzar la seguridad en todo el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

“Lamentablemente tenemos que estar pasando por esta situación. Es lo que nos toca hoy experimentar y por lo que tenemos como datos la sucursal fue dañada en términos edilicios de una forma bastante importante”, señaló a la 1020 AM. Expresó que la entidad no cuenta con mucha información aún sobre las pérdidas destacando que “lo más importante es daño a la gente no tuvimos”.

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“La sucursal no tenía ninguna presencia física de personal allí y solamente hubo daños materiales. Y se está haciendo el recuento, ya las autoridades están presentes y nosotros estamos llegando. Y más datos vamos a tener más tarde”, añadió.

Se excusó de proporcionar información sobre el dinero de la bóveda al mencionar que “se está relevando datos y no tenemos datos precisos todavía”. Esta es la primera vez que la sede de Bancop es atacada por delincuentes, por lo que el gerente abogó el refuerzo policial en la zona.

“Todos sabemos que Naranjal es una zona muy productiva, de mucha gente que se dedica a la producción agrícola principalmente. Y básicamente es una de nuestras sucursales agrícolas”, subrayó el gerente comercial de la entidad bancaria.

Garantizó que el banco cuenta con el respaldo de una compañía de seguro, aunque en todo momento se negó a adelantar si la bóveda fue vaciada por los malvivientes. “Ya es cuestión de las autoridades correspondientes y creo que lo estarán haciendo”, significó sobre la necesidad de reforzar la dotación de la Policía en este distrito del país.

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El especialista e historiador aeronáutico, Antonio Sapienza, se refirió a la compra de los aviones Súper Tucano, que adquiere el gobierno de Paraguay y comenzarán a operar desde mediado del 2025. Sostuvo que la compra de las aeronaves, junto con los radares, ayudará mucho a la defensa de la frontera aérea, permitiendo que sea menos permeable por el crimen organizado. Indicó que con las leyes vigentes no es necesaria contar con una ley de derribo específico.

El experto mantuvo una charla con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, donde señaló las capacidades de defensas de estas aeronaves. En primer lugar, destacó que aumentará la capacidad del Grupo Aerotáctico, que en la actualidad cuenta solamente con 6 aviones tucanos, que datan del año 1987, que están en buenas condiciones, ya que tres de ellos incluso participaron de los ejercicios tácticos en el Brasil hace unos días.

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“Con la adquisición de estos nuevos 6 Súper Tucanos se va a reforzar. Contaremos con 12 aeronaves que obviamente se van a desplegar en varias pistas, con el objetivo de cubrir mejor todo el territorio. También el hecho de que se va a adquirir, porque ya está aprobado por el Congreso, y se promulgó el decreto, la compra de radares primarios. El uso de esos radares, con los aviones Súper Tucanos, va a ayudar para que nuestras fronteras aéreas sean menos permeables para los vuelos ilícitos”, indicó.

Por otra parte, fue consultado sobre la necesidad de contar con una ley de derribo, al respecto indicó que en lo personal considera que es necesario contar con esta legislación. No obstante, explicó que ya en conversación con el ministro de Defensa, Oscar González, le explicó que realmente no es necesario contar con la legislación específica.

Mencionó que existe una legislación general vigente en el país, que le faculta a las Fuerzas Armadas la defensa territorial del Paraguay, sea cual fuese la amenaza; sea este un país extranjero, o sea incluso el crimen organizado, narcotráfico y otros.

“De acuerdo a esa ley le faculta a las fuerzas militares, sean estas Aérea, Ejército o Marina, a atacar cuando esas fuerzas irregulares atacan al país de alguna manera. Por ejemplo, no creo que pase mucho tiempo, en que los narcotraficantes, sabiendo que en poco tiempo estaremos mejor equipados para enfrentar los vuelos ilegales, comiencen a utilizar armas en sus aviones cessnas, podrían utilizar alguna ametralladora punto 50, por ejemplo, y comenzarán a efectuar disparos contra aeronaves que lo intercepten”, indicó.

Agregó que si esto llega a ocurrir en algún momento, no existe ningún marco legal que impida a las fuerzas aéreas a proceder al derribo del avión que lo ataque. Por tanto, concluyó que no es necesaria una ley de derribo específico, porque ya existen leyes vigentes que facultan a las fuerzas armadas para ese efecto, para defender la soberanía, sea cual fuese la amenaza interna o externa.

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La policía brasileña investiga como un “acto terrorista” el fallido ataque de un individuo que el miércoles pasado se hizo estallar frente a la corte suprema en Brasilia y cree que tiene “posibles conexiones” con la asonada de bolsonaristas del 8 de enero de 2023. Las explosiones ocurrieron antes de que Brasil acoja el lunes y el martes la cumbre de líderes del G20 en Rio de Janeiro, y el miércoles al presidente chino, Xi Jinping, en Brasilia.

El hombre murió cuando hizo estallar una bomba frente al Supremo Tribunal Federal (STF), en la Plaza de los Tres Poderes, contigua también con el palacio presidencial de Planalto y el Congreso. Su embestida no dejó otras víctimas. Su cadáver fue retirado el jueves por la mañana, constató la AFP. La policía identificó al atacante, cuyas motivaciones se desconocen, como Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, un excandidato a concejal por el Partido Liberal, actual formación del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en las municipales de 2020.

La plaza de los Tres Poderes fue escenario hace menos de dos años de una asonada contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por parte de bolsonaristas disconformes con la derrota electoral de su líder. La policía federal aseguró este jueves que investiga el ataque fallido como “un acto terrorista” y un intento de “abolición violenta del estado democrático de derecho”, hipótesis “no excluyentes”, indicó su director, Andrei Passos Rodrigues. “No es un hecho aislado”, dijo además Passos en rueda de prensa.

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Afirmó que existen indicios de una “planificación de largo plazo” y posibles “conexiones” con los episodios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando los simpatizantes bolsonaristas causaron graves daños a las tres sedes de poder. Un día después de las explosiones, el edificio del STF fue rodeada nuevamente de vallas de seguridad que no se veían desde febrero.

“¿Dónde perdimos la luz de nuestra alma afectuosa, alegre y fraterna ante la oscuridad del odio, la agresividad y la violencia?”, reflexionó durante una sesión del tribunal su presidente, Luis Roberto Barroso. Lula aún no se pronunció sobre el suceso. El jueves recibió a varios embajadores en Planalto, que entraron por un acceso lateral en vez de la rampa principal, constató la AFP. En un inusual mensaje conciliador, Bolsonaro llamó al “diálogo” y la “pacificación” de los brasileños, en un mensaje en redes sociales.

Alrededor de las 19:30 (22:30 GMT) del miércoles, un vehículo, que según la policía le pertenecía a Francisco Wanderley Luiz, estalló en un estacionamiento cerca del edificio donde sesiona la Cámara de Diputados. “El individuo salió corriendo del interior del vehículo”, donde había “una especie de bomba, varios explosivos fraccionados, atados con ladrillos”, detalló el sargento Rodrigo Santos. Segundos después ocurrió otra explosión, que mató a Wanderley Luiz frente a la corte.

En un video de las cámaras de seguridad obtenido por la AFP, puede verse que el atacante lanzó artefactos explosivos en dirección al edificio del Supremo desde la explanada contigua, mientras dos guardias de seguridad intentaban abordarlo. Luego se echó al suelo y se autodetonó. Horas antes el mismo hombre había estado circulando por la Cámara de Diputados, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales.

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El atacante había llegado a la capital brasileña meses antes de su acción del miércoles y había alquilado una casa y un tráiler, donde fueron hallados más explosivos de fabricación “artesanal”. En su residencia también se encontró un mensaje escrito alusivo a los eventos del 8 de enero de 2023.

La policía determinó que el atacante había estado en Brasilia en aquella fecha, aunque aún se investiga si participó en la asonada. El poderoso juez del STF Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación de los episodios del 8 de enero y llamado de “dictador” por Bolsonaro, también asumió este jueves la del ataque fallido. Se trata del “peor ataque” contra el STF desde la asonada, afirmó.

Fuente: AFP.