La Fiscalía Adjunta de Filadelfia, Chaco, debe definir si el proceso penal por la deforestación 1.600 hectáreas de tierras quedará con leve sanción o se pide que el caso se discuta en un juicio oral y público. En un llamativo cambio de postura la fiscala Laura Ávalos primero ratificó que la causa penal se eleve a juicio oral, pero luego cambió de criterio y prestó su acuerdo para que el acusado pueda simplemente donar alguna suma de dinero y obtener la salida procesal, que es la suspensión condicional del procedimiento.

La jueza Fanny Cáceres se opuso a la salida procesal atendiendo a la gravedad del hecho. Están procesados por delito ambiental Nicole Bibolini y Miguel Antonio Bibolini. El sitio donde se registró la deforestación es en Mariscal Estigarribia.

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Ahora, la fiscala adjunta del departamento de Boquerón, María Estefanía González, deberá corregir o avalar el llamativo consentimiento que tuvo la agente fiscal Laura Ávalos, quien primero se ratificó en la acusación y luego estuvo de acuerdo con la suspensión condicional del procedimiento para Miguel Bibolini y el sobreseimiento definitivo para Nicole Bibolini.

Durante la etapa investigativa se recolectaron varios elementos probatorios que sustentan la investigación que realizó el Ministerio Público por lo que llamó poderosamente la actuación de la fiscala Ávalos.

En caso de que se haga lugar a la leve sanción dejaría un precedente negativo para otros casos donde se investigan delitos ambientales y más cuando se trata de tala de árboles.

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El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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La Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos n.° 1, 2 y 3 de la ley n.° 7.447/2025 que establece el régimen tributario para las municipalidades. El texto contempla que el impuesto de las patentes vehiculares será del 0.3 % sobre el valor imponible del vehículo, y se reducirá el 5 % en forma anual decreciente hasta los 10 años.

La Comisión de Legislación recomendó su aprobación sin modificaciones, dado que el mismo tiene “el objeto de subsanar los inconvenientes que ha generado con respecto al método del cálculo establecido para fijar los precios de la habilitación vehicular”, según explicó ante el pleno el senador Derlis Maidana.

Asimismo, el legislador manifestó que ante la falta de dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, la comisión liderada por él resolvió solicitar la aprobación sin modificaciones y de esta forma, por mayoría, quedó sancionado el proyecto que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El proyecto sancionado, además de establecer la base imponible, contempla la reducción anual del 5 % del impuesto durante los primeros 10 años de antigüedad del rodado y una vez transcurrido ese tiempo, el valor permanecerá invariable de acuerdo al valor fijado en el décimo año. También con esta ley, se crea el Registro Único de Rodados (Ruhr).

Esta institución será administrada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv), entidad que tendrá la responsabilidad de emitir de forma anual el listado oficial de los valores imponibles de lo vehículos. Con estas modificaciones, se corrige la ley que entró en vigencia el pasado 6 de enero, la cual generó disconformidad debido a que el precio de las patentes se disparó en algunos municipios y en esta oportunidad, la nueva fórmula también regirá en Asunción.

El proyecto sancionado tiene como Cámara de origen a Diputados y el mismo fue consensuado con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), institución a través de la cual los intendentes canalizaron su disconformidad con la ley y propusieron esta nueva fórmula a la cual consideraron como más justa, puesto que equiparaba los montos entre municipalidades, evitando así la fuga de contribuyentes para este impuesto.

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El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, dijo que la sanción a las modificaciones aprobadas a la ley N°4457 de Mipymes no solo mejora la competitividad de los microemprendedores, sino también crea las condiciones de mayor empleabilidad.

“Esta ley no solo mejora la competitividad de las microempresas, sino que también crea las condiciones para generar más empleo formal en el país. Es un logro histórico para el sector porque facilitará el acceso a fuentes de financiamiento y créditos para las mipymes que es uno de los puntos más sensibles para el ecosistema del emprendedor”, expresó.

Asimismo, el referente del sector resaltó los principales beneficios de la normativa, como la eliminación de las barreras para la formalización, reducción de costos con la desburocratización, capacitación, mercado y mayor acceso a financiamiento.

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Aseveró que con la eliminación de las barreras, se reducirán los costos de la formalización, uno de los aspectos más importantes que vienen solicitando desde hace años. Asimismo, con la obtención de Cédulas Mipymes automática, se otorgarán exoneraciones para las más chicas que son las microempresas por tres años, y luego porcentajes de descuentos por servicios y tasas de los organismos del Estado.

En tanto que, desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), señalan que la normativa promete transformar el panorama empresarial en Paraguay, ofreciendo una serie de ventajas como las ya mencionadas, al tiempo de instar a las mipymes a recurrir a los servicios de la institución.

En ese sentido, el titular de la Fedemipymes destacó el rol fundamental del MIC en el tratamiento de esta normativa, con el acompañamiento del ministro Javier Giménez y el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, quienes comprenden las necesidades del sector gracias a su experiencia en el ámbito privado.

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