En un contexto donde las aplicaciones de transporte forman parte del día a día, la seguridad de conductores y pasajeros se ha convertido en un tema central. Es así que las capacitaciones a los conductores son fundamentales cuando se enfocan en prevenir riesgos, detectar señales de alerta y manejar situaciones sensibles que pueden surgir durante un viaje.

Para prevenir, uno de los aspectos es poner límites físicos y psicológicos, además del uso de herramientas de seguridad, manejo emocional ante conflictos y estrategias para desactivar tensiones en casos de conversaciones inapropiadas, invasión del espacio personal o solicitudes fuera del trayecto pactado.

Las Nadia Alcaraz y Eduardo Lahaye, especialistas en defensa personal, liderazgo y gestión de riesgos, insistió en que la prevención no se trata de reaccionar con fuerza, sino de anticipar conductas y establecer límites claros. “El delincuente siempre va a buscar al más vulnerable. Por eso, mostrarse atento, seguro y preparado puede ser la diferencia entre evitar un conflicto o convertirse en objetivo”, subrayó Lahaye.

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Por su parte, Alcaraz recalcó que “lo más valioso no es lo que uno lleva encima, sino volver sano y salvo a casa”, e instó a actuar con inteligencia, reconocer señales de alerta y apoyarse entre compañeros.

Con esto se busca fomentar el diálogo entre conductores y generar confianza mutua con los pasajeros, recordando que la actitud y la atención al entorno son las primeras herramientas de protección. Se trata de crear una experiencia de viaje más segura y respetuosa, donde todas las personas involucradas se sientan cuidadas.

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La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación presentó este miércoles sus conclusiones y recomendaciones tras evaluar el sistema que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prevé adquirir para futuros comicios. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Samaniego, informó que el análisis incluyó aspectos técnicos, operativos y de seguridad, así como las implicancias financieras de la operación.

“En cumplimiento de nuestras funciones, evaluamos integralmente las dimensiones técnicas y operativas del sistema de votación electrónica, con el objetivo de verificar su idoneidad para su implementación en los futuros procesos electorales”, declaró Samaniego.

El TSJE estima una inversión de USD 92 millones para la compra de los equipos, monto que incluiría el control total del hardware y software, disponibilidad permanente para auditorías y mayor soberanía tecnológica. En tanto, si se recurriera al arrendamiento, como en años anteriores, se tendría un menor costo inicial y actualización garantizada, aunque conlleva dependencia del proveedor y restricciones de acceso fuera del periodo contractual.

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En cuanto a la idoneidad técnica, la comisión concluyó que el sistema de votación electrónica con boleta única es “una opción tecnológicamente avanzada para modernizar el proceso electoral nacional”, según Samaniego, gracias a su diseño robusto, auditoría física y digital, y funcionamiento sin conexión externa.

Sin embargo, advirtió sobre riesgos como la manipulación mediante dispositivos externos, por lo que instó a adoptar medidas de seguridad alineadas con estándares internacionales, auditorías multipartitas y control permanente.

Entre las recomendaciones, manifestaron la necesidad de la realización de pruebas de penetración y hacking ético antes de la adquisición y previo a cada elección; la inclusión de técnicos de partidos, organizaciones ciudadanas y los parlamentarios en el desarrollo y evolución del software; y la incorporación de restricciones que impidan activar el programa oficial antes de la fecha y hora establecidas por ley.

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Asimismo, propuso que todos los documentos generados por las máquinas, boletines, actas y certificados, incluyan fecha, hora exacta e identificador único impreso, y que se implemente una cadena de custodia para hardware, software y documentos electorales, reforzando así la seguridad y legitimidad de los procesos.

En Paraguay, el 1 de agosto es una tradición tomar algunos tragos del “carrulim”, con el que se purifica la sangre, se busca atraer la buena suerte, se espanta la mala vibra y se busca sobrellevar lo que queda del año. En Asunción, se realizará la degustación gratuita de la tradicional bebida.

La actividad está prevista para mañana viernes desde las 7:00 en el Centro Comunitario San Jerónimo, ubicado sobre la avenida Stella Maris y Agustín Barboza de la capital del país.

“Queremos que la gente venga no solo a tomar el carrulim sino también a vivir la experiencia. Esta bebida resume parte de nuestra historia, nuestras creencias y nuestra manera tan particular de resistir y sobrellevar lo que venga”, manifestó Hugo González, director de Cultura de la Municipalidad de Asunción.

Resaltó que el 1 de agosto es una fecha especial, cargada de creencias y simbolismos en el que resalta el carrulim. Esta bebida tradicional paraguaya se obtienen mezclando caña, ruda y limón, además, se puede agregar otras esencias medicinales y una pizca de azúcar para suavizar su sabor fuerte.

“Se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de barrios ni edades, para compartir un ritual popular que busca “espantar la mala onda” del mes de agosto. Vamos a preparar unos 100 litros de carrulim también explica la historia y el sentido de esta bebida medicinal”, agregó.

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El doctor Esteban Carracela, médico clínico del Hospital IPS Ingavi, reconoce que beber el carrulim forma parte de las costumbres paraguayas, pero advierte que el consumo excesivo puede causar problemas gastrointestinales y afectar al hígado.

“Se debe consumir el carrulim con moderación y precaución. Es fundamental consumir estas bebidas y plantas medicinales de manera responsable para evitar problemas de salud, para disfrutar de las tradiciones y costumbres paraguayas de manera segura”, expresó el profesional.

Resaltó que la ruda es una planta con alto nivel de toxicidad así como el “Agosto Poty”, ambos podría afectar la salud si consumen en exceso. Antes de consumir el carrulim los que sufre de presión alta, enfermedades cardíacas, diabetes u otras complicaciones de salud deben conocer sobre las propiedades y en qué grado les puede afectar.

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El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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