El Poder Ejecutivo junto con el Poder Judicial remitieron hace días al Congreso un proyecto de ley denominado Registro Unificado Nacional (RUN) por el que se pretende dar un importante paso para regularizar la titulación inmobiliaria en nuestro país.
Luego de la correspondiente deliberación, en este momento dicho documento ya cuenta con la aprobación en el Senado y fue remido ahora a la Cámara de Diputados donde también se espera su aprobación sin mayores dilaciones. El proyecto debe ser catalogado sin temor a equívocos de carácter reformista en cuanto a su afectación sobre el ordenamiento administrativo del Estado.
La situación que hoy se tiene en el Catastro es de tal magnitud que las demoras son una falta de respeto a las personas que acuden todos los días a esta y a otras instituciones relacionadas con la propiedad. El retraso en los expedientes son un freno para la radicación de inversiones y de confianza hacia nuestras instituciones, cuestiones que precisamente con el RUN se pretende corregir.
Con el RUN se busca que varias instituciones trabajen juntas, órganos estatales que no pueden seguir desvinculados como hasta ahora tomando en cuenta que tienen el mismo objetivo. De este modo, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia se fusionarán para ofrecer a la ciudadanía respuestas diligentes y eficientes.
Las razones de este proyecto de ley no pueden ser más prácticas y sobre todo en atención a lo que el país necesita y la ciudadanía exige. En efecto, tropezamos con dos problemas relacionados con la titulación de inmuebles.
El primer problema es que coinciden con el mismo nombre y características títulos inmobiliarios, lo que es inadmisible porque significa que un mismo inmueble cuenta con dos y hasta varios títulos. El segundo problema está en los engorrosos trámites llevados a cabo por el interesado y/o sus representantes. Esto hace que el ciudadano se vea obligado a pasar por un calvario de situaciones para lograr la titulación de su propiedad.
Solo si tomamos en cuenta estos dos problemas nos daremos cuenta de que estamos ante hechos de directa relación con la seguridad jurídica, tema no menor por cuanto que incide con la radicación de inversiones. Se requiere, por ende, de una mejor coordinación entre los correspondientes órganos estatales encargados de un tema vital para el progreso como lo es el sector inmobiliario.
No podemos esperar que estos problemas sean resueltos por sí mismos. Los hechos dan testimonio de que si se desea más y mejores inversiones pues entonces la gestión y la titulación en el sector inmobiliario deben contar con un procedimiento dinámico, transparente, accesible para la ciudadanía y con menos tiempo para su resolución en el registro de propiedad. Este proyecto de ley tiene carácter histórico si tomamos en cuenta lo que hasta hoy sucede, pues el caos procedimental y jurídico conduce irremediablemente a la ineficiencia, a más gastos para el contribuyente y hasta a la corrupción.
Estamos seguros de que, de aprobarse este proyecto de ley que crea el RUN remitido por el Poder Ejecutivo y el Judicial al Congreso, se estará dando un avance significativo para el desarrollo de nuestro país.