El peaje ilegal de la Argentina en el Paraná y el retiro de toda la energía que Paraguay le cede al vecino país en Yacyretá ocupan la atención de la ciudadanía en estos días. Aunque parecen dos temas muy diversos, están fuertemente conectados porque forman parte del enfriamiento de las relaciones entre ambas naciones, que ocasionan perjuicios económicos al comercio exterior de nuestro país, además del daño financiero a la parte paraguaya de la binacional. Es una situación que debe terminar rápidamente porque ninguna de las dos naciones tiene mucho que ganar con un relacionamiento de confrontación teniendo tantos temas de mutuo interés entre ambas.
La actuación del Gobierno nacional en la situación planteada es correcta, porque le asiste razón en las medidas que está adoptando. Y cuanto antes se resuelva será mejor para los intereses de los dos países que, por su situación geográfica y política, están obligados a la convivencia desde hace siglos.
De acuerdo con las normas internacionales que establecen la libre navegación de los ríos, que la Argentina está desconociendo, no puede imponer el cobro de ningún impuesto ni nada parecido tal como unilateralmente ha resuelto con las resoluciones del Ministerio de Transporte. El Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra firmado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay es muy claro en ese sentido.
Está además el Tratado de Libre Navegación de los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata suscrito por los gobiernos de Paraguay y la Argentina en enero de 1967, que garantiza el paso de las embarcaciones paraguayas y argentinas sin obstáculos de ninguna laya por los mencionados cursos de agua. El artículo 1.° dice: “La navegación por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata dentro de la jurisdicción de ambas partes contratantes es libre para los buques argentinos y paraguayos en igualdad de condiciones”. Y agrega que cada país otorgará a los buques de la otra nación contratante el mismo tratamiento que a sus propios buques en todo lo relativo a la navegación.
En su artículo 4.° señala: “Toda diferencia que surgiere de la aplicación o interpretación de este Tratado o derivada de la navegación será resuelta por vía de negociaciones entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos Estados”. Que es el camino que está siguiendo nuestro país.
Dado que el Gobierno argentino no está dispuesto a eliminar el peaje, se impone que el tema sea resuelto en un arbitraje, como ha planteado el paraguayo. Claramente, de acuerdo con los tratados vigentes, no se puede obstaculizar la navegación de los buques en el río Paraná como está haciendo la Argentina. Y se impone liberar los cursos de agua de las trabas que ilegalmente ha establecido.
En cuanto a Yacyretá, Paraguay tiene todo el derecho de usar la totalidad de la energía que le corresponde en esta usina binacional. Más aún si el vecino país no paga por la electricidad que se le cede a precios muy bajos. El Poder Ejecutivo ha dado órdenes a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) a retirar el 100 % de la energía que corresponde al Paraguay, que aparte de ser utilizada para cubrir las necesidades locales, tiene un indudable efecto de presión para que la Argentina cumpla con sus compromisos financieros. El vecino país tiene una deuda que se estima en 150 millones de dólares con la parte paraguaya de la binacional por cesión de energía y consumo no pagado.
La decisión del Gobierno nacional es aprovechar lo máximo posible la energía paraguaya de la hidroeléctrica para los requerimientos que se tienen en todo el país. Numerosos nuevos emprendimientos industriales irán necesitando cada vez más electricidad para sus usos fabriles. Ha llegado el momento de que se utilice ese insumo para acelerar la industrialización, que es la apuesta del Gobierno para mejorar la situación económica y social del Paraguay.
Actualmente la Argentina se encuentra en una muy difícil situación económica, política y social. Su Gobierno está en plena campaña electoral, por lo que la actividad política es su principal preocupación. Debido a ello es probable que este tipo de negociaciones no esté dentro de sus prioridades, por lo que es probable que haya que esperar las elecciones del 22 de octubre.