El inexplicable afán de la Argentina de pretender cobrar peaje en un tramo del río Paraná que está bajo dominio de ese país es una muestra de la falta de respeto a las normas internacionales vigentes, que consagran la libre navegación de los ríos. Y demuestra de paso la inutilidad de las autoridades paraguayas de impedir el abuso de los argentinos.
Desde la Cancillería nacional informaron que han realizado varias reuniones con los argentinos y con representantes de los países afectados de la región, y no han podido doblegar a los que quieren imponer el impuesto. Pareciera que ni la reciente obtención del campeonato mundial de fútbol consiguió cambiar el humor argentino.
Hace diez días, Mario Abdo visitó al presidente argentino, Alberto Fernández, en la residencia presidencial de Olivos, de cuyo encuentro se espera aún resultados positivos para tan delicado asunto bilateral. Teniendo en cuenta la importancia del tema, no hay duda de que el presidente paraguayo le habrá pedido a Fernández que se elimine el tributo fluvial. Pero hasta el momento no hay nada.
Y ahora, luego de la tan publicitada visita presidencial al vecino país, ya están llegando las primeras facturas de las liquidaciones del impuesto argentino a las empresas cuyas cargas pasaron por el sitio. Obviamente, las empresas rechazarán las liquidaciones de las tasas que les quieren cobrar. Y ahora habrá que esperar qué pasa después: si los argentinos impiden el paso de los que no pagan el peaje o, si al final, se logra anular la medida. Mientras tanto, sigue la incertidumbre.
Fuentes del Centro de Armadores Fluviales del Paraguay (Cafym) indicaron que desde la semana pasada las empresas del sector comenzaron a recibir las liquidaciones del peaje fluvial emitidas por la Administración General de Puertos (AGP) de la Argentina. Los documentos de cobro tienen una tarifa de 1,47 dólares por tonelada transportada por el río Paraná, en el tramo que va del puerto de Santa Fe hasta la confluencia con el río Paraguay, que es el paso obligado de las embarcaciones que van desde Asunción, puertos cercanos y las que van por el Paraná, desde puertos del Alto Paraná, Itapúa y Misiones hacia el Río de la Plata.
Las embarcaciones que realizan el transporte de los granos producidos en Paraguay constituyen un convoy compuesto por un remolcador, que es el que empuja al resto de las barcazas, que suelen ser alrededor de 20 unidades que llevan los productos. Cada convoy en su conjunto tiene 32.000 toneladas, y al pasar por el peaje tienen que pagar la suma de 1,47 dólares por tonelada. Esto representa 47.040 dólares por cada conjunto con esa cantidad de carga. Y si tiene más carga, paga más, lo que representa un costo adicional que las empresas no pueden soportar. Si por cada paso por el tramo del peaje se tiene que pagar entre 40.000 y 50.000 dólares, el costo final por año será de entre 30 millones o 40 millones de dólares más para la economía paraguaya, un perjuicio que no se puede aceptar de la Argentina, cuyas autoridades con frecuencia suelen invocar la hermandad entre los pueblos de esta región.
Los asociados al gremio de armadores fluviales del país dijeron que no van a aceptar el cobro compulsivo y que no pagarán las facturas que les han expedido. La cual es una postura adecuada contra la imposición argentina.
El Paraguay y los países afectados no tienen por qué aceptar la resolución impositiva fluvial, por razones jurídicas y de costo económico. Y si la Argentina no acepta eliminar esa disposición, se la tiene que denunciar ante las instancias internacionales correspondientes.
Las empresas afectadas no deben aceptar pagar el peaje y se tienen que unir a las autoridades nacionales para exigir su eliminación.
No hay por qué callarse ni aceptar un atropello jurídico y económico por el capricho de una dirección ministerial, que es una dependencia burócrata argentina de segundo orden. Su resolución no tiene el valor ni el peso jurídico de un decreto o de una ley. Y está muy lejos de poder contrarrestar legalmente al derecho internacional de los tratados vigentes.
No hay que aceptar el peaje argentino, y lograr que impere la libertad de navegación.