El inconveniente de tener todo tipo de información en el celular es que en él también se esconden problemas. Aunque no se los busque. Ahí están. Simples, entran como el aire o en forma de un inocente reel en el que te desafían a responder preguntas sin respuestas. Por ejemplo, interrogan cómo se escribe cero en números romanos. O cuál fue primero, el huevo o la gallina. O cómo pusieron la hora exacta los que inventaron el reloj, si antes no había horas.

En eso estaba mientras del otro lado del teléfono una voz mecánica repetía la misma letanía una y otra vez. De vez en cuando cambiaba de repertorio y anunciaba que mi llamada era la número 45 y que faltaban no sé cuantos minutos para que me atendieran. Era el protocolo para conseguir turno en IPS.

Cuando después de mucho tiempo de espera finalmente me atendió un muchacho –eso sí, muy amable– le dije que necesitaba turno con un gastroenterólogo. Me respondió “llame mañana, a partir de las 7:00″, pero que tal vez habría turno para el 16 de julio en Nanawa. Más de medio mes de espera. Resignado traté de cambiar de perspectiva y pregunté de nuevo: ¿Y un clínico? Dijo lo mismo, llame mañana, que los turnos de ese día ya se habían acabado (apenas eran las 10:00), pero me recomendaba que averiguara en las clínicas periféricas, en las que quizá tuviera mejor suerte. Por lo visto, mis problemas “serios” no tenían turno, así que intenté una última opción. ¿Y un oculista? La respuesta fue la misma: “Llame mañana desde las 7:00″.

Fue cuando entendí que en ese hospital, el sistema, los turnos, la atención, todo gira en torno a los intereses de los médicos y no como debería ser, en función de las necesidades del paciente.

Cada mes el médico cobra gracias al descuento que le hacen al empleado. ¿Entonces por qué no hay médico cuando el paciente lo necesita?

Y pensar que el martes, el presidente de la Asociación Médica del IPS, Elías Rolón, exigía “la dignificación salarial”, la reducción de la carga horaria del personal de blanco y se quejaba de que los especialistas “solo” perciben G. 3.800.000 después de los descuentos, y que fuera del IPS pueden ganar hasta 5 veces más, con menos trabajo. ¿Y la dignificación del paciente para cuándo?

Fue cuando recordé un reel en el que preguntaban qué era peor, la corrupción o la impunidad. No supe responder. Como cuando los médicos hacen y deshacen horarios según su conveniencia y actúan con total impunidad. Nadie les castiga. Cobran por atender, pero el paciente nunca encuentra un médico. ¿Impunidad o corrupción?

Y pensar que en estos días representantes de todos los países de América llegaron para la Asamblea General de la OEA. Entre ellos también estuvo nada menos que el subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, quien habló sobre la importancia de combatir la impunidad en todas las escalas. Dijo que “el combate a la corrupción es un aspecto central dado que las sanciones deben ser aplicadas tanto a los funcionarios de bajo nivel, como así también a las élites políticas y económicas, sin distinción alguna”.

¿Quién se encarga de castigar al sistema? ¿Tienen la culpa los médicos o los que los contratan para que atiendan? ¿O son culpables los que deberían controlar que haya suficientes médicos? ¿Qué hacen los consejeros?

Me pareció simpático imaginar a Verma sintiéndose mal, aunque sea por algo tan leve como una colitis, y tratando de conseguir un turno en IPS. Se me escapó una carcajada al imaginar su cara de desesperación. Y, sin embargo, es el rostro de miles de asegurados que son estafados todos los días.

Tal vez otra invitada a la asamblea de la OEA sí entienda realmente sobre este problema. Y es que la secretaria general de Relaciones Exteriores de Brasil, Maria Laura da Rocha, opinó que América Latina “ya no puede seguir en la miseria, más aún, teniendo en cuenta la cantidad de riquezas naturales con que cuenta”.

¿Cómo salir de la miseria con tantas formas de impunidad burlándose de la gente todos los días?.

El subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, quien está presente en nuestro país en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se reunió con el presidente Santiago Peña, con quien abordaron la importancia de combatir la impunidad en todas las escalas.

“Hablé sobre el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Paraguay en su lucha contra la corrupción e impunidad. Estas prácticas generan desconfianza y desalientan la inversión extranjera, afectando directamente al desarrollo y la estabilidad del país. El presidente Peña destacó algunas de las iniciativas de su gobierno en la lucha contra la corrupción, las cuales vemos con buenos ojos. Al mismo tiempo alentamos a Paraguay a ampliar sus esfuerzos para que los delitos no queden impunes”, sostuvo.

En conferencia de prensa, Verma manifestó que nuestro país es un aliado, amigo y socio estratégico de Estados Unidos y por esta razón el tema del combate a la corrupción es un aspecto central dado que las sanciones deben ser aplicadas tanto a los funcionarios de bajo nivel como así también a las élites políticas y económicas, sin distinción alguna.

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“Se socava la confianza de los ciudadanos en la democracia, además los inversores extranjeros prestan mucha atención al estado de derecho a la hora de decidir dónde invertir su dinero. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en un estado de derecho, también son fundamentales para garantizar la adhesión a los principios de la carta democrática interamericana”, expresó.

El alto funcionario extendió el deseo de Estados Unidos de seguir colaborando con Paraguay en su lucha contra la impunidad como una forma de fortalecer más su amistad. Asimismo, durante la reunión, se ratificó en la condena a las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia en contra del gobierno.

“También deseo expresar mi agradecimiento al presidente Peña y su administración por su asociación y colaboración en el avance de los cuatro pilares de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo en el hemisferio occidental. El presidente y el pueblo paraguayo han sido excelentes anfitriones de esta Asamblea General”, concluyó Verma.

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La impunidad es el camino expedito para que los responsables de haber perpe­trado crímenes en contra de los bienes del Estado perpetúen su presencia en los escenarios públicos, haciendo ostentación de las riquezas de origen espurio, al tiempo de inten­tar retornar al poder con el propósito de replicar sus transgresiones legales. Es un lodazal sobre el cual es imposible construir un proyecto sólido y duradero, porque terminará hundiéndose en un terreno inconsistente y ahogado por la miasma que emana de su pútrida composición.

Sus enve­nenados efluvios, necesariamente, habrá de afec­tar incluso lo nuevo que con esfuerzo se pretenda construir desde la moral, la competencia y la efi­ciencia. La corrupción es un látigo que se dispara para todos lados si no es cortada con manos fir­mes y determinación ejemplificadora. Ya lo diji­mos en otras ocasiones: no se trata solamente de evitar que este flagelo se propague en el presente, sino de que no queden sin castigo los latrocinios del pasado. Sobre todo porque es una invitación encubierta a continuar con más de lo mismo.

Con un esquema perfeccionado durante déca­das, un control eficaz sobre cada funcionario es todavía una tarea que llevará tiempo, aunque con la incorporación de la tecnología se dieron pasos trascendentales en varios puntos clave de recau­dación de tributos. Pero incluso así, de acuerdo con ciertos hechos recientemente descubiertos, algunos inescrupulosos han tratado de violar los sistemas de vigilancia y trazabilidad, aun­que, repetimos, fueron finalmente puestos en evidencia y actualmente se encuentran enfren­tando procesos judiciales.

Por demasiado tiempo se envió señales a la sociedad –y se instaló en el imaginario colectivo– de que el poder, sin exclu­siones cromáticas, es solo un botín de guerra para los gobernantes de turno. Es por eso que muchos funcionarios tienen la mentalidad impregnada de que sacar réditos de su posición es casi una obli­gación, una oportunidad que debe aprovechar. Total, en la cúspide se cometían iguales ilicitudes, aunque a escala descomunal. Ignorar esta reali­dad sería como engañarse a uno mismo desde el lugar en que se encuentre, porque le estaría fal­tando una pieza vital en el momento de analizar las estrategias que contribuirán a disminuir los índices de corrupción.

Si durante el anterior gobierno, el de Mario Abdo Benítez, el periodo fiscal 2019 cerró con cre­cimiento cero –producto de la mediocridad y la improvisación en la gestión pública–, al año siguiente la pandemia del covid-19 fue el pre­texto perfecto para incurrir en los más alevosos actos de inmoralidad en contra de los recursos del Tesoro y de los denominados gastos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. El robo fue tan grosero como gigantesco. La punta del ovillo fue el préstamo de 1.600 millones de dólares, cuyo paradero hasta ahora permanece sin destino aclarado. Y, posteriormente, se suma­ron otros empréstitos que tuvieron el mismo oscuro desenlace. Lo más despreciable de estas maniobras dolosas es que con ese dinero se pudo haber salvado miles de vidas y no tener este saldo trágico de 20.000 muertos por el coronavirus. Muertes que ni siquiera pesan en la conciencia de estos genocidas y sus cómplices mediáticos y de otros partidos, especialmente, el Democrático Progresista (PDP), quienes, a raíz de una impu­nidad latente, todavía se animan a dictar cáte­dras de ética y gobernabilidad. Y hasta anuncian su retorno a la arena política para lidiar nueva­mente por el poder. Tamaño cinismo e hipocresía solo tiene terreno fértil cuando sus crímenes aún siguen sin castigo.

Somos conscientes –y también ya lo expresamos en este mismo sitio editorial– de que una audi­toría a fondo, responsable y seria, que sea difícil de chicanear por la contundencia de las pruebas, llevaría un tiempo prudencial. No se trata, obvia­mente, de presentar una denuncia a la bartola. Al contrario, hay que proporcionarles a los fisca­les los insumos suficientes para que ellos mis­mos puedan continuar las investigaciones, ya por otras vías, para cotejar la gravedad de los ilícitos que el Poder Ejecutivo pone a su consideración. Y para que algún magistrado venal no encuen­tre un argumento salvador bajo las cuerdas. La lucha presente contra la corrupción es encomia­ble para moralizar nuevamente la administra­ción del Estado y reclama el acompañamiento ético de toda la sociedad, porque nadie escapa de sus depredadores impactos. Pero no es menos cierto que en esa misma escala de importancia se encuentra también la necesidad de barrer con la impunidad que pueda sobrevolar los graves deli­tos del pasado.

Una pista válida para los auditores del Poder Eje­cutivo son las innumerables denuncias publica­das –y respaldadas con incontables documentos probatorios– sobre la corrupción en varios minis­terios, como Obras Públicas y Comunicaciones, Educación y Ciencias, Salud Pública y Bienestar Social, y Agricultura y Ganadería, así como en Yacyretá e Itaipú. El tiempo corre. Y los brujos de la corrupción se aprestan para volver como si nada a la escena pública. Es por ello fundamen­tal cortarle el chorro a la impunidad. No pue­den estar en una tarima política los que deberían estar sentados en el banco de los acusados.

• Por Jorge Torres Romero
• Comentarista

El origen del mayor operativo de tráfico de drogas arrancó en el gobierno de Mario Abdo Benítez. La Fiscalía describe que el uruguayo Sebastián Marset se instaló en Paraguay en coincidencia con el inicio del gobierno de Marito. La “industria” se fortaleció entre el 2020 y 2021.

En la acusación formulada contra Miguel Insfrán, alias Tío Rico, para elevar la causa a juicio oral, se revela un grave nexo entre el narco y un director de inteligencia de la Senad, designado por Arnaldo Giuzzio. Este vínculo se evidencia en una serie de conversaciones entre Tío Rico y Sebastián Marset, en las que Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para poder zafar de los operativos antidrogas.

Según el ministro del Interior, Enrique Riera, todo empieza a cerrar ahora, pues, desde la época en que se levantó el control en los puertos (una de las primeras medidas impuestas por Abdo) y se retiró el servicio de canes entrenados, la estructura ya estaba permeada, aliada y coordinada para no cumplir lo que manda la ley.

La famosa estrategia del “tero tero” (gritar fuera del nido, para desviar la atención), que también invocó el fiscal general del Estado con respecto a la investigación de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, se dio en la era Abdo. El Gobierno y la prensa oficialista (Grupo Zuccolillo-Vierci y satélites) nos distrajeron con Horacio Cartes durante 5 años. Primero con la historia del caso Darío Messer y el montaje de la causa contra el expresidente, luego con las Comisiones Bicamerales de Investigación del Congreso (Messer-Denuncia de Giuzzio), luego con el tema del avión Iraní, y por último con la influencia del embajador de EE. UU., las designaciones y sanciones. Mientras toda la clase política, mediática y la opinión pública se distraían con estas historias, la gavilla de Abdo asaltaba el Estado y los narcotraficantes se apoderaron de los envíos de cocaína en los puertos privados. “Tenían el arco libre”, revela el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

Para Riera, todo esto es gravísimo, pues implica que el Estado estaba más preocupado en perseguir a sus adversarios políticos que en cumplir sus propias funciones. “Esta es la punta del ovillo, hay que empezar a estirar el carretel para ver dónde está la punta”, afirmó el ministro, quien cree que, en cualquiera de los casos, hay responsabilidad por acción o por omisión. “Esto tenía vínculos hacia abajo, con funcionarios menores y hacia arriba, con protección política”, enfatizó, en alusión al entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez.

A esto se suma la investigación que podría abrirse contra el funcionario afín a Giuzzio por su colaboración con la mafia. Según Rachid, a simple vista, solamente mirando ese extracto de chats, salta un concurso de hechos punibles, entre ellos, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y violación de la confidencialidad del secreto profesional.

El otro elemento clave a no perder de vista es que la única institución que el gobierno anterior no pudo controlar y manejar a su antojo para sus ataques políticos y generar ventajas al narcotráfico fue la Fiscalía General del Estado, con Sandra Quiñonez. Intentaron 4 juicios políticos y algunos actores políticos como la exsenadora Desirée Masi, trataban de “fiscalucho” a Pecci y que sus tuits eran elaborados en Tabesa. Este ataque contra Pecci se daba porque públicamente el fiscal asesinado exteriorizó su apoyo a la labor de la fiscal general. Entonces, ¿quiénes mataron a Pecci? Claramente los narcos que tenían protección en el gobierno de Abdo. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.