El fallido gobierno de Mario Abdo Benítez –que descuidó la salud, la educación, la seguridad, el empleo y ni hablar de la economía– pareciera no tener límites para el desastre al punto de empeñar a la politiquería los puestos laborales del sector más sensible de la población laboral, que es el de la salud.
El presidente de la República no solo se aplazó en sus funciones, sino que también, a través de sus leales, se convirtió en verdugo del funcionariado público, al que descaradamente dijo no haber humillado en su gestión. Los 200 funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) que fueron despedidos en medio de denuncias de amedrentamiento, coacción y chantaje para alinearse al movimiento que postula a Hugo Velázquez es una muestra infeliz de un gobierno fallido, que además persigue a los trabajadores. Ya nada de lo que hace el Presidente tiene valor, su serie de mentiras le explotan en la cara que su palabra tampoco vale.
Hace meses, precisamente en la inauguración de mejoras de una de las sedes del IPS, gritaba a los cuatro vientos que no defraudaría a los profesionales de blanco y administrativos que arriesgaron sus vidas en los momentos más desesperantes de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19. Mario Abdo decía estar muy agradecido con el personal sanitario, al que bautizó como héroe en la dura batalla contra la pandemia.
“El compromiso y el reconocimiento con el sector de blanco, que hizo que este año (2021) el presupuesto de Salud creciera a 13 mil o 16 mil nuevos vínculos, en el presupuesto ya presentado al Congreso. Ningún contrato de quienes fueron contratados para asistir a la crisis de la pandemia va a ser descontratado. Todo el personal de blanco queda y ese es un reconocimiento a la gente”, aseguraba el mandatario en su discurso de hace seis meses atrás. Su promesa no resistió un año ante el vacío que viene sufriendo en la campaña proselitista con miras al 2023 y acudió a la ley del garrote, dejando sin empleo a quienes aseguró honrar por la sacrificada labor.
Este pase de facturas alcanza también a muchos funcionarios de otras instituciones que no se alinean al movimiento oficialista. Hay despidos, descontrataciones y “recontrataciones” en medio de dictatoriales bajadas de línea, según trascienden con denuncias plenamente asumidas por servidores públicos identificados.
En este desastre de Mario Abdo, subordinada de manera denigrante la gran ausente es la Secretaría de la Función Pública que, al menos para guardar las formas, no salió siquiera a manifestar alguna investigación o intervención. Lejos de dignificar el servicio público, de pararse junto con los afectados, la ministra de esta institución merodea en actos proselitistas, pregonando todo lo contrario de lo que establecen las normas del empleo estatal.
Hasta ahora un solo comunicado no fue difundido por la Secretaría de la Función Pública en el marco de los despidos masivos en el IPS, que afectan a reparticiones de varios puntos del país. Este último año pinta básicamente para el proselitismo, le metieron un tijeretazo al período de gobierno y el gabinete, así como presidentes de binacionales y empresas estales se olvidan de sus responsabilidades, dedicándose con fuerza a la campaña electoral.
Tampoco hemos visto manifestaciones desde otros organismos de control, del trabajo ni de anticorrupción. Pareciera ser que los derechos civiles y laborales no tienen importancia. Lo más grave es que en este contexto de proselitismo, de desborde, se arriesgan bienes del Estado como la información y la infraestructura en el caso de costosas máquinas de estudios que estaban a cargo de los desvinculados.
Miles de asegurados de las diferentes sedes del IPS quedan perjudicados en sus derechos por parte de la administración de Vicente Bataglia. Varios directores de nosocomios consultados por nuestra redacción estimaban citas ambulatorias de entre 4.000 y 5.000 por día, por lo que es inhumano el trámite político que le están dando a la salud.
Hospitales del interior con pobladores incapacitados para viajar a la capital en busca de servicios están siendo despojados de atención médica con los profesionales de blanco, especialistas, cirujanos y personal de guardia dimitidos. No tiene razón de ser, no existen justificaciones que valgan para semejante persecución en medio de un aumento de las enfermedades respiratorias, en el que vuelve a ganar terreno el virus del covid-19.
Habría que hacerse la pregunta de si tanto el Presidente como sus leales están buscando una segunda vuelta de miles de muertes, como los 19.000 fallecimientos que enlutaron a familias paraguayas a causa de las precarias instituciones sanitarias y por la corrupción que sacudió a su gobierno en la compra de insumos médicos para la emergencia.
Si la Secretaría de la Función Pública no se ocupa de los servidores del Estado, algún estamento lo debe hacer. La Cámara de Diputados tuvo la primera iniciativa de pedir informes al presidente del IPS, pero mientras la cacería se acelera en la institución.
Se torna urgente la presión mediática y ciudadana, de los gremios de trabajadores, ante el desentendimiento del Gobierno como de los que tienen el poder político de parar este deshonroso acoso en el IPS.